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Feijóo propone renovar el CGPJ de forma simultánea a la modificación del modelo de elección

Feijóo propone incorporar al Código Penal un delito de deslealtad constitucional y volver a incrementar las penas por malversación de caudales públicos

Feijóo durante el debate de investidura (Imagen: Congreso de los Diputados)

Pablo Montes

Periodista




Tiempo de lectura: 4 min

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Feijóo propone renovar el CGPJ de forma simultánea a la modificación del modelo de elección

Feijóo propone incorporar al Código Penal un delito de deslealtad constitucional y volver a incrementar las penas por malversación de caudales públicos

Feijóo durante el debate de investidura (Imagen: Congreso de los Diputados)



El candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Nuñez Feijóo, ha propuesto aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial «a la vez que se registre en la Cámara una ley de reforma del modelo de elección, en la que los jueces elijan a los jueces y los juristas de reconocido prestigio se elijan en las Cortes Generales».

«Defiendo que no haya ningún político en sus listas del Consejo», ha dicho Feijóo durante su discurso de investidura, en el que ha pedido que «se garantice que la Justicia esté al servicio de los españoles y no de los políticos». En este sentido, ha asegurado que su modelo defiende la separación de poderes, la independencia de la Justicia. 



La Comisión Europea ha instado a España, en reiteradas ocasiones, a que renueve con urgencia el órgano de gobierno de los jueces, aunque ha llamado a hacerlo primero con las normas actuales y, posteriormente, a cambiar la norma para volver a un sistema en el que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por los jueces de una forma que habría que determinar.

«No respaldo haber cambiado la ley para limitar competencias» para que los miembros del CGPJ no puedan realizar nombramientos. No acepto que se nombren a ministros y altos cargos como miembros del Tribunal Constitucional, (…) no cabe negociar la presidencia del Tribunal Supremo entre partidos, le corresponde al Consejo», ha afirmado, en el marco del primero de los seis pactos propuestos, antes de reclamar el «cierre total de las puertas giratorias entre la política y el poder judicial». La Fiscalía no puede ser el coto particular de nadie, insistía el candidato, que propone adoptar los cambios necesarios para blindar la imparcialidad e independencia del Fiscal General del Estado. «Una persona no puede ser ministro por la mañana y fiscal por la tarde».

En el discurso, el líder del PP ha dicho que “no comparte que se le llame fachas con toga a los magistrados por aplicar una ley mal hecha” y menos aún que lo haga el Gobierno de la nación. Se ha referido así a las críticas recibidas por los jueces por la aplicación de la Ley conocida como la del Solo si es sí.



Nuñez Feijóo ha rechazado de plano la Ley de Amnistía que estaría siendo negociada con los partidos independentistas con el objetivo de posibilitar la investidura de Pedro Sánchez tras el presumible fracaso tras las votaciones que sigan a esta sesión. De esa norma, que el Gobierno ha evitado mencionar directamente en las últimas semanas, ha manifestado que «no va a defenderla porque tiene principios, límites y palabra (…) Prometí hacer guardar la Constitución, que es el fundamento de nuestro progreso. Ese texto no puede ser burlado con decisiones que eliminen la igualdad. Ni jurídica ni éticamente es aceptable (la amnistía). Fuera de la Constitución no hay democracia” ha dicho.  La ha calificado de “aberración jurídica y moral que quiebra el principio de igualdad». Según Feijóo, «privar de todo efecto a las resoluciones judiciales, quiebra el principio de la separación de poderes”.

«La ley y su cumplimiento, la acción de los tribunales, la exigencia de responsabilidad es la garantía de la existencia de una sociedad libre y democrática, en la que los españoles se encuentren en una situación de igualdad plena«, les ha espetado tanto a los independentistas como a los diputados de los partidos progresistas.

En este contexto, en materia de Justicia, también ha defendido propone incorporar al Código Penal un delito de deslealtad constitucional y volver a incrementar las penas por malversación de caudales públicos.

También se ha comprometido a prohibir por ley los homenajes a personas que hayan sido terroristas, a alcanzar un pacto para reformar el artículo 49 de la Constitución, que «es una deuda con la sociedad». Igualmente, ha pedido cambiar la ley para acelerar las desocupaciones, aunque no ha especificado si habla de aquellas que suponen ocupación de vivienda – delito de allanamiento de morada- de las ocupaciones de otros bienes inmuebles- usurpación.

Por lo demás, el candidato, ha desgranado algunas de las propuestas de los pactos que ya presentó el pasado 30 de agosto. Feijóo ha abogado por un pacto por el Estado de Bienestar, “que garantice la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, la estabilidad y calidad del sistema educativo, la igualdad entre mujeres y hombres y la viabilidad de las pensiones para los mayores, incluyendo en todo caso su revalorización anual”; un pacto por el saneamiento económico, “que garantice la solvencia de los más vulnerables y de la clase media, y busque un camino más próspero para los jóvenes que hoy encuentran más dificultades que las que tuvieron sus padres” o un pacto por las familias, “para que tengan mayor capacidad para lo prioritario y hacer posible la conciliación” que incluye buscar “nuevas fórmulas de compatibilización la vida laboral y familiar y racionalizar los horarios y condiciones de trabajo”.

Además, también se impulsaría un pacto nacional del agua, para alcanzar “una propuesta que garantice el acceso a este recurso básico, en el momento actual y ante el previsible agravamiento derivado del cambio climático”. Antes de volver a aludir al PSOE y afearle la «incomunicación» que han mantenido los dos principales partidos, ha mencionado también la necesidad de abordar un pacto territorial, “destinado a convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial y a fortalecer la España de las Autonomías, mediante un diálogo multilateral que permita adoptar decisiones comunes sobre asuntos comunes. De forma prioritaria, se aprobaría un nuevo modelo de financiación autonómica y local que garantice la igualdad de servicios a todos los ciudadanos”.

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