Fernando Zunzunegui, abogado: «El nuevo impuesto a la banca va en contra de la lógica de la competencia y es contrario a la realidad actual»
El gravamen propuesto por el PSOE podría provocar que los bancos necesitaran un rescate, según este experto
(Imagen: Banco Santander)
Fernando Zunzunegui, abogado: «El nuevo impuesto a la banca va en contra de la lógica de la competencia y es contrario a la realidad actual»
El gravamen propuesto por el PSOE podría provocar que los bancos necesitaran un rescate, según este experto
(Imagen: Banco Santander)
En las próximas semanas, el Congreso tramitará un nuevo impuesto a la banca impulsado por el PSOE, que, salvo sorpresa de última hora, entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Esta medida busca prorrogar y modificar la prestación patrimonial no tributaria que ya afectaba a algunas entidades bancarias, integrando ahora a todas las corporaciones o establecimientos financieros con actividad en España, independientemente de su sede social.
Se trata de un cambio ampliamente criticado por los bancos, quienes ya han denunciado que, si finalmente se aprueba este impuesto, los tipos de interés van a caer. Así lo ha hecho saber el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, quien hace unos días advirtió que este gravamen es «anticompetitivo» y que genera «desventaja» a las grandes entidades bancarias españolas, quienes compiten con multinacionales extranjeras y/o más pequeñas.
En línea con esta visión, Fernando Zunzunegui, abogado y profesor de derecho financiero en la Universidad Carlos III de Madrid, ha señalado en declaraciones a Economist & Jurist que dicho impuesto es «una medida anticompetitiva que afecta la competitividad en el mercado español, rompe la unidad de mercado nacional y representa un castigo a la banca, tanto en términos de solvencia como de capacidad para competir con la banca europea e internacional».
Un impuesto, para muchos, «anticompetitivo» y «discriminatorio»
En este sentido, Zunzunegui ha expresado que esta medida podría consolidar a otras entidades financieras en Europa que no están sujetas a este impuesto, lo que les permitiría «crecer y tener una solvencia que no posee la banca española». Además, ha advertido sobre la discriminación hacia los bancos españoles en el ámbito internacional, alertando que la penalización fiscal también afectaría a la banca extranjera que opera en España, lo que podría desincentivar su establecimiento en el país y, en última instancia, «reducir la competencia».
Según consta en el Proyecto de Ley al que ha tenido acceso este medio, este nuevo gravamen ‘sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras’ establece un nuevo tipo variable de entre el 1% y el 6% en función de la base liquidable de cada entidad, lo que antes únicamente suponía una cuota fija del 4,8%. En otras palabras, este cambio implica que los bancos con mayor capacidad adquisitiva pagarán más, mientras que las entidades financieras más pequeñas se verán favorecidas; cuestión que para Zunzunegui «es algo marginal, pues la banca española está muy concentrada en grandes entidades, como el BBVA, Santander o CaixaBank».
Concretamente, la enmienda del PSOE especifica que el nuevo impuesto a la banca no afectará de la misma manera a todas las entidades financieras nacionales. El tipo más bajo, del 1%, se aplicará a las entidades cuya base liquidable no supere los 750 millones de euros, comenzando con una cuota íntegra de cero euros. Este porcentaje aumentará progresivamente hasta llegar al 6%, dependiendo de los resultados financieros al cierre del ejercicio anterior.
Por ejemplo, las entidades con una base liquidable de hasta 750 millones de euros tendrán un tipo del 3,5%, mientras que aquellas con una base de hasta 1.500 millones de euros estarán sujetas a un 4,8%, el mismo tipo que se aplicaba previamente de forma uniforme. Las entidades más grandes, con una base liquidable de hasta 3.000 millones de euros, serán gravadas al tipo máximo del 6%, con una cuota íntegra significativamente mayor.
A corto plazo, los consumidores podrán pagar más en intereses y comisiones
Tal y como ha explicado Zunzunegui sobre este impuesto pendiente de aprobación, «este impuesto castiga fiscalmente a los bancos más exitosos y competitivos, lo que va en contra de la lógica de la competencia y es contrario a la realidad actual, donde la concentración bancaria permite inversiones masivas en tecnología y competencia global. Penalizar a las grandes entidades dificulta su capacidad para competir a nivel internacional, especialmente con bancos y plataformas de Estados Unidos y China. Esto pone trabas a su desarrollo en un contexto donde Europa ya enfrenta dificultades para mantenerse competitiva globalmente».
En este sentido, este abogado ha mostrado una visible preocupación al declarar que «si los bancos ven comprometida su solvencia, podríamos enfrentarnos a un escenario donde la banca española pierda competitividad y eventualmente necesite un rescate, costeado por los contribuyentes». Algo que considera que podría ser una realidad, ya que «el sistema financiero es muy sensible y las medidas de intervención fiscal afectan directamente a su estabilidad».
A pesar de las críticas, el PSOE ha afirmado que el objetivo de este nuevo impuesto es eliminar la discriminación entre las distintas entidades financieras, estableciendo un tipo variable que beneficiará especialmente a las pequeñas empresas. Este gravamen, que se implementará de forma progresiva, tendrá una vigencia de tres años. Esto significa que, si se aprueba, los bancos deberán abonar este impuesto por sus resultados en los ejercicios 2024, 2025 y 2026, lo que se traduce en pagos durante los años 2025, 2026 y 2027.
Además, el nuevo gravamen tendrá un periodo impositivo de 12 meses que coincidirá con el ejercicio fiscal del contribuyente. Sin embargo, el texto contempla cuatro situaciones en las que podría concluir el periodo impositivo del gravamen. Esas situaciones incluyen la extinción de la entidad; si la entidad deja de estar establecida en España —a pesar de que hasta ahora todas han confirmado su intención de seguir operando en el país, han señalado posibles impactos negativos a futuro, similar a lo que han expresado las empresas energéticas—; en caso de transformaciones en la forma jurídica de la entidad o modificaciones en su estatuto que determinen la pérdida de su condición de contribuyente; y, finalmente, si las sucursales cesan su actividad en territorio español o si hay una transmisión de la sucursal a un tercero.
La asociación de consumidores financieros, Asufin, valora positivamente el impuesto a la banca
En contraposición a la opinión de Zunzunegui, la asociación de consumidores financieros Asufin, perteneciente al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), ha celebrado la decisión del Gobierno de mantener el impuesto a la banca, expresando a través de una nota de prensa su sorpresa e indignación ante las amenazas de las entidades bancarias de recurrir este gravamen, especialmente en un contexto donde los beneficios del sector han aumentado significativamente gracias a la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
En concreto, Asufin ha considerado que una parte de estos beneficios extraordinarios debería ser devuelta a la sociedad a través de este impuesto, especialmente teniendo en cuenta el reciente aumento de los tipos de interés. Además, la organización ha señalado que es razonable que aquellos que se han beneficiado de manera notable de la situación actual contribuyan a la sociedad mediante un gravamen que refleje su éxito.
La asociación también ha advertido sobre las dificultades para asegurar que la subida del impuesto se traduzca en un beneficio real para los consumidores, detectando un incremento en las comisiones a pesar del aumento de tipos, lo que ha generado dudas sobre si las subidas en comisiones y tipos de interés son el resultado de las condiciones del mercado o de la repercusión del nuevo gravamen.
En este sentido, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha manifestado su descontento ante las acciones legales anunciadas por la patronal bancaria, afirmando que “mientras la banca hace públicos los extraordinarios resultados del último trimestre, indigna que la patronal de la banca anuncie acciones legales frente al impuesto a la banca. Las entidades no han trasladado correctamente la política monetaria del Banco Central Europeo. Solo han subido las hipotecas y las comisiones, mientras los depósitos siguen sin remunerarse, a diferencia de otros países europeos”.
Cabe señalar, por último, que el impuesto se devengará al día siguiente de la finalización del periodo impositivo. Por lo tanto, si entra en vigor el 1 de enero de 2025, los grandes bancos no tendrán que ingresar la cantidad correspondiente hasta el 1 de enero de 2026. No obstante, la enmienda mantiene el pago fraccionado, como sucede actualmente con el impuesto temporal que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, los bancos no pagarán la mitad del impuesto, sino que deberán abonar el 40% en el primer plazo, que se prevé para los primeros 20 días naturales de febrero. El segundo pago se realizará en septiembre, como es habitual, momento en el que los bancos deberán autoliquidar el impuesto e ingresar la deuda tributaria.