Foro Judicial Independiente organiza Jornada sobre las reformas procesales: reforma estructural de la Justicia, Estatuto de la Carrera Judicial o reforma del régimen disciplinario fueron algunos de los puntos que se trataron.

El pasado 29 de abril tuvo lugar en el Hotel Meliá Castilla de Madrid la Jornada organizada por la Asociación Judicial, Foro Judicial Independiente, sobre las reformas orgánicas y procesales acometidas por la LO 1/12009, de 3 de noviembre, de reforma de la LOPJ, y por la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal. Afectación estatutaria en la Carrera Judicial.
Los asistentes a la Jornada, Jueces y Magistrados en su mayoría, en un ambiente distendido, expusieron  algunos de los puntos que verdaderamente preocupan a los miembros de la Carrera Judicial y que distan mucho de lo que se transmite en los medios de comunicación. Problemas reales con que se topan todos los Magistrados en el ejercicio de su función, reclamaciones legítimas que no tienen más aspiración que la de mejorar el estado de nuestra Administración de Justicia y procurar una Justicia de calidad para el justiciable. Como telón de fondo, las últimas reformas procesales que han venido acompañadas de cierta polémica entre los profesionales de la Judicatura.
La jornada, presentada por la Magistrada Milagros Aparicio, fue inaugurada por el Catedrático de Derecho Procesal Andrés de la Oliva que en su exposición fue tremendamente crítico con la reforma acometida por la Ley 13/2009, de 3  de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. En ese contexto, comenzó su intervención calificándola como de “mega ley imposible de comentar” y definió de pirueta grotesca la separación entre lo procesal y lo jurisdiccional acometida por la citada ley.  A su juicio, hacer a los Secretarios Judiciales “Jueces de lo procesal” es inadmisible y recordando al insigne Jurista Carnelutti, dijo que no se puede separar la sentencia del método, del proceder, para otorgarle ciertas competencias al Secretario.
Hizo hincapié, asimismo, en el gran deterioro que sufre hoy día nuestra Justicia, a falta de una voluntad política real para mejorarla. Y afirmó que con la Ley 13/2009, la Administración de Justicia en gran parte va a depender, no de Jueces independientes, sino de funcionarios públicos jerarquizados, al tiempo que vaticinó más caos, si cabe, en los Juzgados al consagrarse la diversidad de centros de dirección (Ministerio de Justicia, CGPJ y CCAA).
Por último, DE LA OLIVA aseguró que la Ley 13/2009 incurre en un disparate constitucional al asignar a los Secretarios Judiciales competencias que, a su juicio, tendrían que seguir siéndolo del los Jueces, como la admisión de las demandas a trámite, el embargo de bienes o el proceso de ejecución.
La segunda ponencia de la mañana, estuvo a cargo de Agustin Azparren, Magistrado de la AP de Oviedo y ex vocal del CGPJ. Con el titulo Reformulación de la responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados, tras las reformas en curso; una nueva interpretación del Art.165 LOPJ y necesaria revisión del catálogo  disciplinario, AZPARREN alertó sobre una contradicción peligrosa. A saber, no se ha modificado el artículo 165 de la LOPJ, a pesar de haberse producido una reformulación profunda de competencias entre Juez y Secretario. En consecuencia, si los Jueces a partir de la entrada en vigor de la Ley, (el 4 de mayo), no tienen ya ciertas competencias, no deberían tener tampoco responsabilidades, por ejemplo, por los retrasos injustificados en la tramitación de procedimientos. Sin embargo, al no haberse revisado incomprensiblemente, el régimen disciplinario, seguirá existiendo la posibilidad de que alguien exija a los Magistrados una responsabilidad que en puridad no existe.
Recordó la Jurisprudencia del TS sobre responsabilidad de Jueces por retrasos en la tramitación de asuntos y los criterios que hay que considerar para valorarla, tales como: situación general del Juzgado, retraso material existente y dedicación del Juez. En este último punto, advirtió, a pesar del rechazo que el sistema de módulos tiene entre la mayoría de Jueces, que puede ser un sistema de garantía  frente a la exigencia de responsabilidades, de manera que si el Juez cumple con los módulos establecidos por el CGPJ, lo normal es que no sea sancionado por retrasos.
La sesión de la mañana finalizó con una interesante exposición a cargo del Catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Nieto Garcia; con el titulo El Poder Judicial y los jueces: análisis de situación tras las últimas reformas efectuadas en la LOPJ, también se mostró escéptico con la reforma operada por la Ley 13/2009, calificándola como de simple parcheado.
En un tiempo en que todo el mundo habla de crisis económica, en el que unas cosas se recortan y otras no, puso de manifiesto una supina incoherencia, pues, a su entender, la crisis económica que estamos viviendo debería favorecer más inversiones en Justicia para llevar a cabo la reforma estructural que ésta necesita, y sin embargo, aunque todo el mundo está de acuerdo en que tiene que ser así, nunca se hace. Y ello, porque la tardanza en la resolución de asuntos que entran en los Juzgados, tiene consecuencias económicas tremendas: se desestimula la inversión, sobre todo la extranjera; se desestimula la iniciativa empresarial, aumenta la morosidad y la corrupción, se congelan depósitos….
Más concretamente, en cuanto a la reforma, partiendo de la distinción entre lo que llamó reforma asequible (la que siempre termina por hacerse y que consiste en simples parcheados y corrección de aspectos puntuales) y la reforma global, profunda que se necesita, y que hay que hacer en momentos históricos determinados, siendo el actual uno de ellos,  dijo que es el momento de acometer una gran reforma por y para la Justicia; las huelgas de Jueces vividas recientemente marcan un hito histórico y está en manos de ellos, el que esto se haga finalmente. Puntualizó que la reforma ha de respetar una serie de presupuestos indispensables, tales como: independencia política y corporativa, eficacia (que no es lo mismo que puntualidad; ésta última es importante, sí, pero, sobre todo, hay que buscar la calidad) y, status personal que posibilite lo anterior.
NIETO terminó su exposición con una idea casi demoledora por lo contundente y gráfico de la situación que vive el mundo judicial: “con su tradicional inmovilismo, los Jueces no llegarán a ninguna parte; seguramente, con sus quejas y manifestaciones, tampoco pero al menos, dormirán mejor……”

La sesión de la tarde consistió en una interesantísima mesa redonda moderada por la Magistrado Emma Cobo, que con el titulo reflexiones sobre la independencia y responsabilidad del poder judicial, contó con las intervenciones de Conrado Gallardo, Magistrado de la AP de Sevilla, Benito Raboso, Magistrado de Juzgado de lo Social  de Madrid, Emilia Teresa Díaz, Magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, Eugenio Javier López Candela, Magistrado de la Sala de lo Contencioso de la AN y Ana Mª Ruzf Rey, Juez en prácticas de la 60 promoción de la Escuela Judicial.
GALLARDO comenzó su charla, con una queja absolutamente clamorosa; dijo que los Jueces ya no luchan por evitar un desapoderamiento en el ejercicio de sus funciones sencillamente porque este ya se ha producido; habló de una eficacia de la división de poderes muy limitada, del peligro de concentrar determinado tipo de asuntos en un solo órgano judicial, en clara referencia a la Audiencia Nacional y que no puede haber imparcialidad judicial sin independencia; definió la independencia como la falta de injerencias y la necesidad de una promoción no supeditada al sentido de los fallos, pero, además, la identificó  con la presencia de poder suficiente para que el Juez haga su cometido, carga razonable de trabajo, remuneración adecuada y dotación de medios personales adecuados. Se preguntó, en este sentido, ¿cómo puede sostenerse que la falta de control sobre los medios personales que postula la Ley 13/2009, no afecta a la independencia judicial?
Por su parte, Benito Raboso,  centró su intervención en los argumentos que, desde su punto de vista como especialista en derecho laboral, avalan la constitucionalidad de la huelga de Jueces. Si hasta el año 2009, hablar de huelga de Jueces era algo impensable, las cosas han cambiado y mucho porque ahora los Jueces son el sujeto activo del escenario judicial y las dos huelgas pasadas han abierto una nueva era, rompiendo con la tradicional apatía de sus señorías. “Sentenció” que la dignificación de la función judicial es inaplazable y es el momento de no abandonar para luchar por una Justicia mejor. La carencia de medios, dijo, es el mayor atentado contra la Justicia.
Emilia Díaz habló de hechos diferenciales negativos para los miembros de la Carrera Judicial. Y al exponer una serie de cuestiones relacionadas con temas de retribución y orgánicos, reclamó, entre otros, una Estatuto para Jueces y Magistrados al tiempo que denunció cosas tan clamorosamente injustas como que las dietas y gastos de desplazamiento que perciben los Jueces sean las mismas que las de los funcionarios del Grupo B; que los Jueces cobren por guardias lo mismo que el resto de funcionarios, con la particularidad de que los funcionarios pueden turnarse entre ellos; que los trienios se abonen a todos los Jueces por igual al margen de la antigüedad; que tengan que sufragarse ellos mismos su propia toga; que no tienen plan de prevención de riesgos laborales; o que urge la elaboración de un catálogo de enfermedades profesionales.

Javier López Candela, ya casi al final de la jornada, volvió sobre el régimen disciplinario de los Jueces y manifestó que se ha perdido con las últimas reformas acometidas, una posibilidad de oro para modificarlo. Que hay que desterrar el sistema de responsabilidad objetiva y que el artículo 165 de la LOPJ, a pesar de algunas interpretaciones, no establece una responsabilidad del Juez por todo lo que pueda acontecer en su Juzgado. Lo decisivo para establecer dicha responsabilidad es el dominio del hecho, si el Juez no lo tiene, no se le debe culpabilizar.
Finalmente, alertó sobre la tendencia expansiva de las diligencias informativas y el uso de las mismas como medio de presión a los Jueces por parte del CGPJ, con el consiguiente desasosiego que producen.

Ana Mª Ruzf, Juez recién salida de la Escuela Judicial y pendiente de escoger su primer destino, puso de manifiesto el choque que se les produce a los Jueces en prácticas entre lo idealizado y lo realmente encontrado en el periodo de prácticas y criticó el hecho de que a escasos días de tener que escoger destino, el CGPJ no les hubiera  informado de las plazas vacantes.
La jornada fue clausurada por la Magistrada, actual vocal del CGPJ, Margarita Robles, quien agradeció a las Asociaciones Judiciales el papel que desempeñan para después asegurar que tanto Jueces como CGPJ se encuentran “en el mismo barco”; que es verdad que el Poder Judicial atraviesa un momento muy complicado y que se ha focalizado en dos Jueces concretos la imagen de la Justicia, lo cual no es bueno. Que hay que reivindicar el trabajo de los más de 4000 Jueces que forman la Carrera y que la existencia de la Audiencia Nacional no tiene sentido.
Manifestó, asimismo, que el CGPJ no sabe explicar a la opinión pública el trabajo de los Jueces y que es difícil funcionar con 21 personas, en alusión a los vocales del Consejo, con sensibilidades diferentes. Quizás por eso, sea un órgano muy desacreditado dentro de la propia Carrera Judicial.
Por último, dijo sentirse muy preocupada por la dispersión de competencias entre el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las CCAA en lo que a la  Justicia se refiere.

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