Francisco Fonseca, ex alto cargo de la UE, aboga por un sistema de sanciones para los Estados que no cumplan con los estándares europeos

El ex director de la representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca considera que, más allá del análisis con propuestas y recomendaciones sobre la situación del Estado de Derecho en los diferentes Estados miembros de la UE, se deberían adoptar medidas contundentes contra quienes incumplen de manera sistemática.

Fonseca, que ha hecho referencia al discurso de Von Der Layen sobre el Estado de la UE,  sostiene que “los requisitos que se exigen para entrar en la Unión Europea”, que tratan ahora de cumplir países como Ucrania, deben ser auditados de forma permanente. “Respetar el Estado de Derecho debe ser una exigencia para entrar, pero también para permanecer”, ha dicho en una intervención, en el Colegio de la Abogacía de Madrid, en la que ha mencionado de forma reiterada a Polonia y Hungría, que han sido señaladas en varias ocasiones por la UE, por la falta de independencia del poder judicial o por aprobar normas discriminatorias para determinados colectivos.

Un poder judicial independiente, una normativa eficaz contra y para la prevención de la corrupción, una separación real de poderes, libertad de prensa o seguridad jurídica, son algunos de los principios esenciales de la UE y no se puede ser laxo en la exigencia de su cumplimiento, ha afirmado. En este sentido, Fonseca considera que una tarea principal del Gobierno en el marco de la presidencia del Consejo de la UE debe poner de acuerdo al Parlamento Europeo y al Consejo para hacer efectivo un mecanismo de sanciones para quien no cumpla.

Aunque no ha querido entrar en detalles, ha aventurado que si España “sigue haciéndose la sueca para renovar el CGPJ- cuyos miembros llevan cinco años con el mandato caducado- el próximo año podríamos tener una sorpresa” por parte de la UE. Entre las prioridades para nuestro país, Fonseca apunta que se debe renovar el CGPJ con las reglas actuales y luego cambiar la metodología de elección y que se debe reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal para que el nombramiento fiscal general del Estado no coincida con mandatos políticos. Igualmente, recordaba otras apreciaciones del informe sobre el Estado de Derecho de la UE sobre España: deberían ser reformadas la LECRIM, la Ley de secretos oficiales y fortalecidas las normas en materia de incompatibilidades.

En materia migratoria se vulneran, de forma frecuente, los Derechos Humanos cuando las personas intentan acceder a la UE o una vez han pasado sus fronteras. En este sentido, Fonseca ha sostenido que “Los Estados están aplicando una política migratoria cobardica y poniendo un parche detrás de otro” y que “sin una auténtica política migratoria europea no se puede gestionar una situación compleja. Para ello, dice, se necesita una política de asilo armonizada y el cumplimiento de cuotas de reparto de personas vulnerables. “No hay gestión de flujos migratorios si no tenemos un plan África para gestionar el desarrollo en común”, ha afirmado.

Foro Justicia ICAM. (Imagen: E&J)

La abogacía alerta de la degradación de las democracias en un entorno de creciente polarización

La constante vulneración de derechos fundamentales en gran parte del mundo, los golpes de Estado en el continente africano, la guerra provocada por Rusia en Ucrania, la difusión de noticias falsas o la creciente polarización de la sociedad son solo algunos de los indicadores de la progresiva involución de la calidad democrática y de la degradación del Estado de Derecho. En este sentido, el panorama a nivel internacional no es halagüeño. Esto es lo que, además de Fonseca, ha defendido la presidenta de la Unión Internacional de Abogacía, Urquiola de Palacio, en el Foro Justicia que ha organizado el Colegio de la Abogacía de Madrid con motivo del Día de la Democracia.

Urquiola de Palacio ha mencionado el efecto de las campañas de desinformación impulsadas, entre otros, por personas relevantes como el expresidente estadounidense, Donald Trump. Igualmente, se ha mostrado preocupada por los golpes de Estado en  África, o por la ausencia sistémica libertad en América Latina.

El Estado de Derecho sufre y el sistema judicial suele ser una de las principales víctimas. Como muestra, la situación en Israel o en Túnez, donde el abogado que defendió a 50 de los 70 jueces que fueron apartados por rechazar normas que no se ajustaban a los parámetros de su constitución ha acabado procesado judicialmente. Este tipo de situaciones, ha lamentado, general una lógica desconfianza de la sociedad en el sistema.

Según el ranking que elabora anualmente la revista británica The Economist, solo 24 países de los 177 analizados pueden ser catalogados como democracias plenas, mientras que no pocos países dan pasos hacia regímenes autoritarios, ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón, que ha sostenido que la abogacía debe tener una labor de centinela de los valores que inspiran el Estado de Derecho. “Cuando el Estado de Derecho sufre, los abogados deben intentar que la erosión sea lo menor posible”, ha dicho.