Garzón impulsa expedientes sancionadores contra festivales y líneas aéreas que vulneran los derechos de los consumidores

Después de que el Ministerio de Consumo asumiera las competencias sancionadoras hace algo más de un año, el negociado del ministro en funciones Alberto Garzón ha metido la directa para poner en marcha distintos expedientes sancionadores. Por el momento, festivales musicales y líneas aéreas son algunos de sus objetivos que están el punto de mira en el último mes.

En este caso, según ha podido saber Economist & Jurist parte de estos expedientes provienen de CCAA como Baleares, donde hasta hace poco su Director General de Consumo Felix Alonso Cantorné se había mostrado muy activo en la lucha contra el fraude contra estos sectores al igual que en el sector bancario, en especial en el IRPH y otras clausulas abusivas.

Desde Baleares, primero Xisco Dalmau y luego Cantorné han desarrollado desde la citada Dirección General de Consumo un trabajo notable en materia de actividad inspectora y sancionadora. Dicha Direccion con el nuevo Gobierno del PP se diluye en una Dirección General de Farmacia y Consumo con menos capacidad de actuación.

Felix Alonso Cantorne. DG Consumo Baleares. (Foto: E&J)

Cantorné explica a Economist & Jurist que ahora  esta Dirección general se ha inhibido   en favor del Ministerio de Consumo para que esta entidad, desde la nueva Subdirección General de Inspección abra  los expedientes sancionadores a algunas líneas aéreas low cost  y si llega el caso, imponer sanciones más elevadas.

Esas mismas fuentes no descartan que, en el futuro, Consumo también irrumpa en el complejo mundo de las comercializadoras eléctricas y en las propias entidades bancarias, donde en muchas ocasiones los consumidores acaban en los tribunales por distintas cuestiones en las próximas semanas.

Defender al consumidor de las macrocausas

Sin embargo, no fue hasta enero de este año cuando Garzón presentó la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador y hasta el pasado mes de mayo cuando activó la maquinaria legal y operativa para desarrollar el mecanismo sancionador.

Ahora, además, Consumo podrá, “por primera vez en la historia de nuestro país, tener un instrumento que refuerza, mejora y amplía esta capacidad sancionadora y que evitará que se produzcan en España caso como el de Volkswagen”, indicó el ministro.

La creación de la nueva subdirección general se suma a otras medidas puestas en marcha por el ministerio de Consumo para “modernizar” la normativa española y garantizar que las relaciones de consumo se desarrollan “en términos de justicia social, igualdad y sostenibilidad”.

En apenas dos semanas , el Ministerio anunciaba  la apertura de expediente sancionador a varias empresas. Primero, a una compañía de eventos y festivales. En concreto, a DQG Norte AIE, organizadora del Reggaeton Beach Festival, que se celebra en más de una decena de ciudades españolas.

Al mismo tiempo, tal y como explicaba esta publicación hace unos días también había enviado diferentes comunicados a los principales influencers del país por estar haciendo, según sus técnicos, publicidad encubierta.

En el primer caso, Consumo abría expediente sancionador porque la empresa incluye como cláusula obligatoria la prohibición expresa de entrada al recinto del festival con comida o bebida del exterior, pudiendo los asistentes ser registrados y, en su caso, denegarles la entrada por ese motivo.

Además, investiga el sistema de pago a través de las pulseras cashless, que evitan el pago en metálico y limita la devolución por debajo de los dos euros, supuestos que podrían constituir infracciones al ser consideradas cláusulas abusivas.

Y después, a varias aerolíneas de bajo coste entre las que se encuentran Ryanair, Vueling, Easyjet y Volotea, entre otras por obligar a pagar un sobrecoste en el billete al llevar equipaje de mano.

Consumo considera que estas prácticas permiten a las compañías ofrecer su publicidad a precios muy competitivos y posicionarse mejor en los motores de búsqueda en internet, pero el precio que finalmente paga el consumidor acaba siendo más elevado.

Transporte aéreo en el punto de mira

Ayer supimos que también se abre expedientes a otras aerolíneas por no tener una línea gratuita de atención al cliente como estipula la ley. Una medida que incumplen muchas empresas y que podría generar sanciones importantes. Desde el propio Ministerio explican que el transporte aéreo, al tener la consideración de servicio básico de interés general, obliga a que las empresas prestadoras tengan que disponer de un teléfono de atención al consumidor gratuito. Esta norma entró en vigor tras la modificación realizada esta legislatura de la Ley General de para la Defensa de Consumidores y Usuarios, con el objetivo de dar protección a las personas consumidoras vulnerables.

Ahora, las compañías tienen dos opciones: admitir el incumplimiento y abonar la sanción impuesta o abrir un proceso de alegaciones. Si los interesados no presentan alegaciones o éstas resultan insuficientes para rebatir la infracción, el Ministerio impondrá la sanción prevista en el expediente

En el caso de las infracciones por el cobro del equipaje según establece el marco regulatorio actual, las sanciones previstas para estas infracciones pueden llegar a considerarse como infracciones graves o muy graves, y sancionarse con multas de entre 10.001 y 100.000 euros, en el caso de las graves, y entre 100.001 y 1.000.000 euros, en el caso de las muy graves. En el caso de que el beneficio ilícito obtenido por las prácticas infractoras superara dichas cantidades, las sanciones podrían alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido, para las infracciones leves, y entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, para las graves.

Resarcir al consumidor

Para Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, órgano consultivo del Ministerio de Consumo que agrupa a las principales asociaciones del sector, “la apertura de expedientes sancionadores a aerolíneas de bajo coste no llega tarde. No sólo no llega tarde sino que son decisiones pioneras, que abren paso por un terreno abandonado, por el Estado pero también por las Comunidades Autónomas. Son prometedoras y me gustaría que esto fuera sólo el principio”.

Carlos Ballugera, presidente del CCU. (Foto: E&J)

A su juicio, “salvo otras actuaciones parecidas y muy recientes del Ministerio de Consumo, no veíamos nada igual desde 1984. La pregunta entonces es ¿hasta ahora no había habido abusos, prácticas abusivas, desplazamiento de costes desde el empresario a la persona consumidora de manera poco transparente? La pregunta se responde sola”.

Ballugera cree que estas actividades sancionadoras del Ministerio de Consumo ahora y de las CCAA habitualmente tienen que ver con lo difícil que tienen los consumidores de defender sus derechos. “La  proliferación de abusos contra las personas consumidoras demuestra que el mercado por sí solo no sirve para garantizar el acceso a los bienes y servicios necesarios para el alto nivel de bienestar que promete el mercado interior. Lo sabemos”. Desde este punto de vista considera que “ la actuación de las autoridades de consumo con inspecciones y sanciones disuasorias es esencial”.

Para el presidente del CCU “es mucho lo que se puede hacer y lo que queda por hacer. Animamos al Ministerio a seguir por ese camino no sólo en ese sector sino también para garantizar una actuación honorable de las empresas en el sector de las telecomunicaciones, de los seguros, bancos, viajes combinados, etc.”

A su juicio, “creo también que dentro de estos expedientes debe intentarse el resarcimiento de las personas consumidoras tal como previene la ley de personas consumidoras. Ese punto es también muy importante. Puede dar lugar a algún fracaso, basta pensar en lo difícil que es asegurar la devolución de pequeñas cantidades a miles de clientes por los obstáculos a la identificación de los afectados, por las resistencias administrativas…

Ballugera destaca que “en ese camino no sólo importa el éxito inmediato sino hacer el intento. Si no se consigue al primer envite, el ministerio tiene otros medios para el establecimiento de procedimientos adecuados para conseguir el objetivo, quitar los obstáculos y siempre puede y debe, sobre la base de una experiencia contrastada, proponer cambios legales”.

Hay que proteger a los consumidores

Por su parte, Fernando Moner presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios  AVACU y directivo de CECU , cree que se esperaba más del Ministerio de Consumo “nos hubiera gustado que esto se hubiera  hecho hace ocho años a nivel de apertura de expedientes e investigaciones, sobre todo porque si las empresas se sienten vigiladas cometarán menos tropelías con los consumidores”.

Desde su punto de vista, “si las empresas advierten que hay entidades que supervisan su actividad, esa vigilancia que tiene que ejercer la administración, hará que los que no cumplan se lo piensen dos veces mucho mas si se sienten vigilados”.

Al mismo tiempo recuerda que “por eso tenemos Ministerio de Consumo, para que ejerza este tipo de competencias, si no nos hubiéramos quedado en la subdirección general. El ministerio debe promover una actividad real de defensa de los consumidores”.

Fernando Moner, presidente de AVACU y directivo de CECU. (Foto: E&J)

Moner recuerda que estas actividades investigadas con expedientes sancionadores muy avanzados “tienen que ver con sectores que generan ciertas situaciones que nos preocupan, en el caso de los festivales, hablamos de un publico juvenil, que por ser juvenil no tiene menos derechos ni que soportar cierto tipo de circunstancias”.

En su opinión “esas limitaciones de no poder entrar comida y bebida en los festivales y utilizar ciertos medios de pago se tiene que investigar porque son situaciones irregulares. Se prohíbe la comida y bebida pero se vende a un precio más elevado en el interior de estos festivales. Esto genera otro tipo de beneficios a las empresas, aparte de la venta de empresas”.

Este experto en consumo recuerda los temas de seguridad de este tipo de festivales donde a veces se venden mas entradas de las permitidas, lo que compromete la seguridad del recinto. Todo eso se tiene que investigar porque queremos que sigan los festivales pero sin abusar de sus consumidores y asistentes a los mismos”.

En el caso de las aerolíneas y viajes del  avión recuerda que desde CECU, “ya venimos comentando, el tema de los gastos adicionales por viajar con nuestros hijos, o el de llevar un equipaje mínimo que debes levar y que te lo quieren hacer pagar como ha pasado con estas investigaciones. Al final se encarece ese billete bastante.  Son circunstancias que hemos denunciado las asociaciones de consumidores en varias ocasiones”

Para Moner, es importante ver la deriva del Ministerio de Consumo a nivel sancionador “al final es una buena noticia que ahora se metan en estos temas. Es importante que las empresas se sientan vigiladas por una administración que protege mejor los derechos de los consumidores que sigue siendo el eslabón más débil en esa relación”.

Procedimientos largos

Por su parte, Miguel Angel Ruiz, de la Asociacion Española de Consumidores (ASESCON), lamenta la tardanza de Consumo en usar sus competencias sancionadoras “son situaciones claras donde es posible que los comportamientos sean irregulares. En el caso telefónico, la legislación lo dice que tiene que haber un teléfono gratuito de cara al consumidor”.

Sin embargo este experto recuerda que “en este tipo de situaciones hay que analizar las alegaciones que presenten las empresas que están siendo expedientadas y si realmente confluye en sanción o no.  Habrá por tanto que estar pendiente a la finalización de estos expedientes que aún tardarán en los próximos meses.

Ruiz, coincide en sus tesis con las de Ballugera, presidente del CCU “no se produce el resarcimiento de los consumidores, en este ultimo caso es evidente que algunos consumidores han tenido que llamar a un teléfono de pago para ejercer sus reclamaciones no van a ver devuelto su dinero. Lamentamos que la legislación de consumo contemple esa devolución inmediata cuando hay un fraude masivo a los consumidores”.

Desde esta perspectiva, el presidente de ASESCON recuerda que “en este tipo de situaciones hay un enriquecimiento injusto por parta de estas empresas, en el caso que se confirme los resultados de dicho expediente sancionador y en algunos casos es posible que sea rentable incumplir la ley porque se puede ganar dinero con esos teléfonos de pago que lo que realmente vaya a ser la sanción”

Miguel Ángel Ruiz (Foto: ASESCON)

Esta asociación es partidario de que las fuerzas políticas consensuen  un Gobierno rápido pese a las dificultades existentes. “Podría también trabajar en importantes medidas necesarias para afrontar los problemas que tienen los consumidores y usuarios. Se trata de medidas para paliar la subida de los precios de la vivienda (hipotecas y alquileres), de la cesta de la compra, de los suministros básicos, de los carburantes, etc».

En este sentido, desde ASESCON se considera que un Gobierno en funciones durante varios meses y la posible repetición de elecciones sería el escenario menos positivo para afrontar estos asuntos que preocupan enormemente a los ciudadanos.

Por todo ello, se solicita altura de miras para todos los Grupos Políticos de cara a pensar en la ciudadanía y no en los intereses partidistas o políticos a la hora de conformar el futuro Gobierno de España.