Global IA, la herramienta de inteligencia artificial de ‘E&J’, protagonista del X Congreso Nacional de Recuperación Judicial de CMS

En plena eclosión de la IA Generativa, Economist & Jurist gracias a la intervención de su director de soluciones LegalTech, José Maria del Río, presentó Global IA, su herramienta de inteligencia artificial que permite al abogado en general, y al profesional experto en recuperación judicial de deudas en particular, un soporte muy válido para realizar su trabajo con eficiencia y ahorro de costes.

En su intervención práctica, Del Río fue enseñando las funcionalidades de la herramienta concebida como una base de datos integral que ofrece no sólo jurisprudencia, legislación, formularios (procesales y extraprocesales) y doctrina administrativa, sino una serie de contenidos muy diferentes como es la herramienta ‘Casos Reales’, base de datos jurídica con casos con toda su documentación original.

Al mismo tiempo, el ponente señaló que se puede consular ‘Big Data Jurist’, que te proporciona práctica jurídica de cualquier especialidad, a lo que hay que sumar la visión experta de un jurista experto en cada materia; ‘Economist & Jurist Gestión’, software de gestión del despacho; y una ‘Biblioteca Digital’ con un extenso repertorio de libros y revistas, de la que destacamos un publicación clásica como Economist & Jurist.

La herramienta también destaca por sus diferentes calculadoras, hasta nueve, por ejemplo, para pensión de alimentos e indemnizaciones de tráfico. Además, tiene previsto incorporar ‘Analytics Jurist Data’, un innovador y revolucionario software para la analítica jurisprudencial y predicción de procedimientos. Puedes contratar todo el producto o también cada una de las herramientas por separado.

Al final se trata de implantar inteligencia artificial adaptada a la práctica jurídica: “Dentro de Global IA hemos incorporado dos servicios basados en IA. Por un lado, una herramienta capaz de interactuar de manera casi lúdica con tus archivos, extraer información de documentos en cuestión de segundos y detectar diferencias casi imperceptibles, simplificando tus búsquedas y potenciando tus estrategias legales”.

 “Y, por otro, ‘Justicio’, el servicio de consulta que democratiza por primera vez el acceso a la Ley gracias al apoyo de una potente comunidad y la LegalTech Little John como su patrono principal”, ha destacado Del Río.

La herramienta permite la actualización automática con la última normativa; BOE; jurisprudencia; resoluciones; artículos; y libros jurídicos. “Nuestra base de datos se actualiza automáticamente, asegurando que tengas acceso a la información más relevante y actualizada en todo momento”, comentó.

Al mismo tiempo recordó las búsquedas avanzadas que se pueden hacer: “Se puede filtrar por jurisdicción; materia; órgano; sala; sección; o fecha para obtener resultados precisos de manera instantánea, con una interfaz amigable que te guiará en cada consulta”.

Global IA cuenta con un gestor donde el usuario puede guardar sus documentos e historial, organizando los documentos de interés. “Al mismo tiempo el usuario puede enriquecer conocimiento con los repositorios de videos, así como al acceso de a recursos visuales y prácticos que complementarán la formación del profesional, proporcionándote una perspectiva más completa y aplicada del derecho”.

Otro elemento clave es la interfaz intuitiva’: “Nuestra interfaz de usuario intuitiva garantiza que incluso los usuarios menos avezados en lo digital puedan aprovechar al máximo las funciones avanzadas de nuestra plataforma”, recordó Jose María del Río, que luego contestó a las preguntas de los asistentes.

José María del Río explicando en el auditórium los rasgos que definen a la herramienta ‘Global IA’. (Imagen: E&J)

Un Congreso de primer nivel

Como no podía ser menos este Congreso Nacional de Recuperación Judicial de CMS en el que FIDE ha llevado la parte académica, ha respondido a las expectativas deseadas por asistentes y patrocinadores.

En esta nueva edición, se abordaron temas clave, como las novedades legislativas entorno a la Ley de Eficiencia Procesal y el Texto Refundido de la Ley Concursal. También se exploró el impacto de la Ley de la Vivienda en la Ley Hipotecaria.

En esa primera mesa redonda sobre novedades legislativas, moderada por Cristina Jiménez, presidenta de FIDE, intervinieron Javier Martínez de Cabiedes, director de asesoría jurídica de contencioso y de negocio de retail de CaixaBank; Natalia Hermosos de Mena, LAJ del Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid; y Raúl Moreno de la Osa, responsable de la asesoría jurídica del Santander.

Para Juan José García, socio director del despacho Adarve, firma que habitualmente participa en este evento desde sus inicios, “una de nuestras áreas clave es la recuperación judicial para bancos, entidades financieras y otras instituciones. Ahora mismo nos preocupa a los expertos del sector la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia Procesal; las modificaciones legislativas que tienen todo el sentido del mundo pero que no cuentan con los medios adecuados en los juzgados para llevarlos a efecto”, comentó.

Juan Jose Garcia, advierte que ahora las recuperaciones de deudas son mas complejas por la situación de los juzgados. (Imagen: CMS)

En su opinión “el momento es complicado para la recuperación de la deuda porque ahora es más desesperante, ya que no acompañan los tiempos de los juzgados. Es incomprensible que tengas que esperar tres o cuatro meses para que una demanda se reparta en el juzgado correspondiente y que efectivamente un monitorio puede tardar nueve meses o muchos más. Los tiempos de los juzgados son variados pero demasiado extensos. Sin recursos adecuados la intención de Justicia de digitalizar los juzgados no será posible”, señaló García.

La organización de esta X Edición del Congreso CMS de Recuperación Judicial ha decidido que sea la Sala Pericles donde tuvo lugar diferentes debates sobre LegalTech y la innovación en el ámbito legal; la Tasa Judicial Catalana; además de los desafíos y tendencias para los procuradores; y la IA jurídica como nueva herramienta para la profesión de jurista.

Preocupa la Ley de Vivienda

Por un lado, la Sala Cicerón acogió mesas de debates y ponencias a lo largo de toda la jornada, desde las 09.00 horas hasta las 17:15 horas. De la mano de los líderes de la Industria, la Sala creó espacios de discusión sobre las novedades legislativas; las tendencias en recuperación judicial; el futuro de la Justicia digital; así como el impacto de la Ley de Vivienda y el potencial de la IA Generativa.

En el debate sobre la Ley de Vivienda, uno de los más esperados, participaron Álvaro Perea, letrado de la Administracion de Justicia; Antonio José Moya, abogado de Uría Menéndez; Jorge Barreiro, jefe de contencioso y control judicial de Ibercaja; María Emmna Cogo, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid; Pau Perez de Acha, director de Vivienda Social y Asequible del Sareb; y el debate fue moderado por Saül Canongia, head of legal de M&P Ledesma Abogados

Los ponentes señalaron que dicha Ley de Vivienda, de la que Economist & Jurist hizo un análisis hace poco, es bastante mejorable. Perea en declaraciones a este medio destaca que “lo más importante es esperar al despliegue de medios que haga Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas para implementar las reformas que dice que va a poner en marcha y que están anunciadas en normas como este Real Decreto-ley 6/2023 que produce cambios a nivel procesal y en todas las jurisdicciones”.

Desde su punto de vista “es necesario que se haga un despliegue digital auténtico que sea interoperable, y una vez que se consiga ese despliegue digital real hay que formar a todos los profesionales de la oficina judicial para que empleen estas herramientas”.

“Ahora mismo, judicializado, en los juzgados hay dinero por valor de 5.000 millones de euros a raíz de la pandemia y de las huelgas del pasado año de LAJs y funcionarios. Hay que digitalizar la cuenta de consignación para que funcione de forma inteligente y ofrecer más instrumentos de cooperación a los juzgados con procura, que son los que se ocupan de estas cuestiones”.

En la Mesa sobre la Ley de Vivienda participó el letrado de la Administracion de Justicia, Álvaro Perea (segundo por la izda..), quien abordó las mejoras que deben incluirse. (Imagen: CMS)

Juzgados colapsados

Además, los expertos hablaron sobre la deuda Pyme en el contexto de la Ley Concursal y analizaron las principales resoluciones judiciales y cuestiones de actualidad en cuanto a reestructuraciones.

A este respecto, fue muy comentada la intervención del magistrado Álvaro Lobato en la Mesa sobre exoneración del pasivo, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona y autor de la ya mediática sentencia del ‘caso Celsa’. En su turno de palabra habló de que esta exoneración del pasivo estaba siendo un coladero, lo cual a su juicio es preocupante.

Para Jesús Sánchez, decano del Colegio de Abogados de Barcelona y abogado experto en derecho financiero e hipotecario, “el Real Decreto-ley 6/2023 es una buena ley y el proyecto de ley organizativa va a suponer un cambio de paradigma en la Administración de Justicia, así como que los procesos judiciales sean más eficientes”.

El decano señaló que “desde el CGAE nuestra relación con el Ministerio de Justicia es estrecha y confiamos que este cambio de modelo de Justicia se haga durante el próximo año. El desarrollo tecnológico que se avecina supondrá llevar esos procedimientos más agiles y de manera más eficiente”.

En su opinión estos avances tecnológicos deben “ser interoperables tanto en territorio del Ministerio como en las comunidades autónomas con competencias transferidas. Hablar de recuperaciones es hacerlo de morosidad, de incumplimiento contractual. Un acreedor lo que quiere es que el contrato se cumpla. Al mismo tiempo hay que buscar soluciones para aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Desde el 2015 la Ley de la Segunda Oportunidad ayuda a renegociar deudas. En España cada vez más deudores se acogen a ese procedimiento permitiendo la exoneración de sus deudas”.

En el debate sobre la Tasa Judicial Catalana han coincidido Ángel Quemada y Jesús Sánchez. (Imagen: CSM)

Necesidad de seguridad jurídica

Ángel Quemada, procurador de los tribunales y exdecano del Colegio de Procuradores de Barcelona y expresidente del Consejo de Colegios de Cataluña, acudió a este Congreso como miembro de la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Crédito (ANGECO).

Quemada ha intervenido junto a Sánchez y Carlos Ruiz, que han debatido sobre la implementación de las Tasa Judicial Catalana y su implementación. “Lo ideal sería reducirla o suprimirla porque puede impedir el acceso a la Justicia, especialmente en procedimientos de baja cuantía que puede cercenar el derecho de acceso a la Justicia”, señaló este procurador.

Desde su punto de vista “otro de los grandes problemas es que la recuperación de deudas es más complicada que nunca. Los juristas creemos que hay un antes y un después del Covid19. Ha de cambiar la cultura para que se implemente la digitalización que plantea el Ministerio de Justicia. El R-ley 6/2023 quiere impulsar esa digitalización y detrás de él está la voluntad clara de acceso a Fondos Europeos. Algunos ya han llegado. Se trata en estos momentos de implementar bien la tecnología para que nuestra justicia sea más eficiente”.

Uno de los temas claves lo cuenta Erika Torregrosa, presidenta del Observatorio de las personas del ICAB de Barcelona y presidenta de la sección de Derechos Humanos del ICAM de Madrid. En su opinión “es fundamental que toda la normativa que se apruebe y se ponga en marcha genere seguridad jurídica, tanto para el acreedor como para la persona o personas en situación de vulnerabilidad derivadas de la implementación de la Ley de Vivienda y de la Ley de la Segunda Oportunidad”.

Desde su punto de vista “ahora se está en trámites de enmiendas y los Colegios de Madrid y Barcelona han presentado enmiendas de mejora de dicho Real Decreto-ley 6/2023, lo que ha generado un debate fluido entre estas entidades colegiales con los grupos parlamentarios y el propio Ministerio de Justicia. Se trata de mejorar la eficacia de los procedimientos como la agilización de la Justicia, necesaria para que se comporte como el servicio público que es”.