Solo accederán a las bonificaciones a la Seguridad Social investigadores que procedan del desempleo

Las alarmas han saltado en el mundo empresarial ante las modificaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo en el Real Decreto Ley 1/2023 sobre bonificaciones a la Seguridad Social para personal investigador en materia de I+D+i, que entrará en vigor este próximo 1 de septiembre.

Los cambios reducirán drásticamente las ayudas al personal investigador y entidades como CEOE; la patronal tecnológica AMETIC; AFIDI, patronal de las consultoras de financiación en I+D o COTEC se han vuelto a movilizar.

Desde estos colectivos se insiste al Gobierno que estos incentivos no defienden una política de innovación clara poque no debe confundirse con una política de contratación más de las que existen.

Los cambios harán más competitivas a las empresas o centros de investigación que mantengan las bonificaciones anteriores frente a aquellas que con fecha 1 de septiembre las soliciten, porque estás tendrán un marco temporal de tres años y obliga a contratar a esos profesionales desde el paro.

Denuncian estos incentivos que no se ha consensuado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque la propia Ley de Ciencia e Innovación establece una serie de requisitos en cuanto a la contratación de personal investigador que ahora se quiere modificar radicalmente, sin que existiera una comunicación más fluida del Ministerio Trabajo con los agentes de innovación españoles.

Los expertos consultados por Economist & Jurist recuerdan que este Real Decreto Ley se iba a tramitar como proyecto de ley “para que se pudieran presentar una serie de enmiendas en el redactado que lo hubieran mejorado de forma notable para el fomento de la contratación y el fomento de la innovación en nuestro país respecto a las bonificaciones de este personal investigador.

Este Real Decreto Ley se iba a tramitar como proyecto de ley, pero el adelanto electoral ha paralizado el trámite. (Foto: Archivo)

Sin embargo, el adelanto electoral hizo que se disolviesen las Cortes y que esta norma no se tramitará como estaba previsto, con lo cual el redactado que se ha quedado es muy restrictivo con la última interpretación de la Tesorería de la Seguridad Social a la norma aprobada por el Ministerio de Trabajo.

Con un Gobierno en funciones no será sencillo poner en marcha esta iniciativa y resolver este problema. Se confía que el Gobierno entrante en sus primeros cien días de actividad resuelva esta cuestión, porque los expertos coinciden en que la bonificación es una palanca de crecimiento para el país.

Se restringe la bonificación en I+D+i

Víctor Cruz es presidente de la Asociación de Consultoras Españolas especializadas en la Financiación de la I+D+i, (AFIDI) y director de Asuntos Públicos de la consultora FI Group y recoge el sentir de un sector que está expectante ante la entrada en vigor del RD-ley 1/2023 de 19 de enero sobre bonificaciones fiscales de personal de I+D. “Hasta el momento se sustentaban en políticas de innovación para que estos profesionales se dedicasen a estas actividades de I+D+I”, señala.

Sin embargo “se decidió por unos compromisos por Bruselas que había que hacer una reforma laboral y es donde aparece este RD de enero, donde lo que se hace es unificar todo el tratamiento de bonificaciones que hay a nivel laboral y entre ellas las bonificaciones de personal investigador. El planteamiento era muy restrictivo en los primeros borradores. Se hablaba de tasa por investigador sólo para empresas de hasta 25 personas, lo que dejaba al incentivo sin efecto”.

Víctor Cruz, presidente de AFIDI y director de Asuntos Públicos de la consultora FI Group. (Foto: FI Group)

En su tramitación pudieron incorporarse cambios. “En ese debate con el Ministerio de Ciencia y otros interlocutores como COTEC se hizo labor de avisar del problema que podría suponer para los 80.000 investigadores de nuestro país, que según los informes que publica el Ministerio de Ciencia e Innovación se están beneficiando de esta bonificación. Es una herramienta útil para establecer hubs de innovación en España. Por ejemplo, el hub de Vodafone en Málaga propone acciones de innovación con la contratación de personal en exclusiva en materia de I+D+I”.

Sin embargo, se modificó el primer borrador “de tal forma que el incentivo seguía con el porcentaje que se establecía anualmente, es decir con una tasa del 40% de las contingencias comunes ya no para empresas de 25 profesionales sino para compañías de cualquier tamaño. Fue un avance importante, pero la línea roja que puso el Ministerio fue que se limitaba la bonificación a tres años y para aquellos investigadores que derivasen en contrato indefinido”.

Este experto en innovación afirma que todavía quedan matices que quieren pulir con el Ministerio de Trabajo. “El problema ha venido hace dos o tres días, cuando en el boletín RED de la Tesorería de la Seguridad Social aparece una comunicación sobre la interpretación de este Real Decreto Ley, lo que ha hecho que se disparen las alarmas en el mundo empresarial. La interpretación que hace la Tesorería es más restrictiva que el propio real decreto”.

Desde AFIDI “no se entiende que se quiera introducir como obligatoriedad que se contrate a este personal con un contrato de fomento de empleo. Esto no aparecía en el real decreto. Al mismo tiempo se pide que estos profesionales están inscritos en el SEPE como demandantes de empleo. Sólo se quieren bonificar aquellas contrataciones según la Tesorería de la Seguridad Social que vengan del desempleo, esto va en contra de la propia Ley de Ciencia e Innovación que apuesta por la libre circulación de investigadores entre centros investigadores”.

Según Cruz, “el análisis que hacemos es muy negativo. Aunque logramos reformular el redactado inicial del borrador para defender los intereses de ese personal investigador y que no fuera más restrictivo, la posición de la Tesorería de la Seguridad Social con este boletin RED deja el incentivo en la mínima expresión. Según estimaciones, solo el 10% de los investigadores de nuestro país provienen del paro para ser luego contratados. Realmente, suelen moverse de un centro de investigación a otro”.

A 20 días de que entre en vigor este real decreto, “la propia norma recoge cierta transitoriedad para que todos aquellos investigadores que estén siendo bonificados con anterioridad a 1 de septiembre del 2023 puedan aplicar esas bonificaciones según el redactado anterior de la norma. Esto es positivo, pero todo aquel investigador nuevo o con contrato que se firme a partir de ahora tendrá que regirse por estas condiciones”.

Desde esta perspectiva “el problema para los cerca de 80.000 investigadores de nuestro país es que si esto no se soluciona, de aquí a un par de años nos podemos encontrar que proyectos como el hub de Málaga no se podrán poner en marcha porque solo se permitirá contratar investigadores que provengan del paro. Eso puede generar fuga de talento, así como de centros de investigación”.

Problemas serios para la innovación

David Puentes es responsable del Departamento de Financiación de la Innovación de Elzaburu, una actividad de nueva creación que pretende ayudar a los clientes de la firma a optimizar y maximizar los ahorros de sus proyectos de I+D+i y la financiación en la gestión de sus activos intangibles. Entiende que “el cambio que entrara en vigor el próximo 1 de septiembre es de gran calado. Habrá que ver cómo afecta a las empresas que se benefician de ello”.

David Puentes, responsable del Departamento de Financiación de la Innovación de Elzaburu. (Foto: Elzaburu)

Este experto, que conoce a fondo el mundo del I+D+i, explica que “las bonificaciones por personal investigador son un incentivo no tributario que está ligado al mantenimiento del empleo con personal en exclusiva en materia de actividades de esta práctica. Esto supone un pago menor a la Tesorería de la Seguridad Social del 40% de la cuota de contingencias comunes, un ahorro para el empleador por esas contrataciones y mayor flujo de caja para estas empresas”.

Al mismo tiempo, explica que “la normativa actual se aplicaba para aquellos trabajadores que se dedicasen en exclusiva a actividades de I+D+i, exclusiva se refiere a que el 85% de su tiempo lo dedicaba a ello pudiendo dedicar el resto del tiempo a tareas de divulgación y formación”.

A su juicio, “hablar de I+D+I no es sólo de tareas de bata blanca o laboratorio, sino que pueden ser también ingenieros adscritos a proyectos, desarrolladores de aplicaciones o software, expertos en farmacia y biotecnología, al igual que perfiles técnicos que trabajan en consultoras tecnológicas que se están aplicando este incentivo”.

Ese ahorro que se hace por cada profesional investigador “supone entre el 9% y el 10% del salario bruto anual del trabajador que se ahorra esta empresa. Este ahorro en 2023 está topado a 5.093 euros por trabajador al año. En el caso de que se tuvieran 25 profesionales con la base máxima de cotización el ahorro sería sobre los 127.000 euros al año”:

Sin embargo, las modificaciones que se plantean ahora y que entrarán en vigor el 1 de septiembre suponen que “se limita la aplicación temporal a tres años como máximo. Aún no se sabe cómo se va a controlar esta iniciativa. Además, las bonificaciones sólo se podrán aplicar por contratos indefinidos, lo que limita mucho la actividad. En un mundo como el que vivimos es una pérdida de competitividad importante de nuestro país respecto a nuestro entorno”.

Otro punto importante relacionado con la disposición transitoria de este real decreto, a juicio de Puentes, es que “será de aplicación a los trabajadores y personal investigador que se bonifique a partir del 1 de septiembre, con lo cual por el momento no afecta al personal investigador actual y sus contratos vigentes”.

Desde su punto de vista, “el nuevo marco que se avecina respecto a la situación actual va a tener unas limitaciones claras. Este incentivo no va a ayudar al crecimiento y mantenimiento de la actividad del personal relacionado con I+D+i si se mantiene tal y como conocemos el redactado final de la norma. Va en la dirección contraria y supone un freno a la innovación. En otros países la agilidad para lograr estos incentivos y bonificaciones fiscales son más sencillas”.

No entienden lo que queremos hacer

Desde el mayor foco que promueve la investigación y la innovación en nuestro país como es la Fundación COTEC para la innovación, su director general, Jorge Barrero, muestra su preocupación por este cambio normativo hecho por Trabajo. “El problema es que se trata esta bonificación como si fuera una política de acceso al empleo de una minoría vulnerable para incentivar la contratación de este tipo de profesionales”.

Barrero advierte que “esta es una política que lo que quiere es introducir personal investigador en los centros y empresas españolas para generar un cambio de modelo. Si se mira esta bonificación de la Seguridad Social como una política de empleo similar a incorporar discapacitados en la empresa, estaremos atrapados en esta cuestión”.

Y revela que ahora “como requisito para aplicarte la bonificación estos trabajadores tienen que estar en el paro. La lógica que se aplica no es adecuada. Tenemos el problema de desempleo en personas poco formadas que no es este caso”.

Barrero recuerda que “realmente, esta es una política para retener talento, para buscar ese cambio en el modelo productivo, no para sacar del paro a un doctor. Y ese es el drama, que no entienden lo que queremos hacer. A esta incomprensión contribuye que esta política no se paga con fondos del Ministerio de Ciencia y que quizás debería haber un trabajo más coordinado entre Trabajo y el propio Ministerio de Ciencia”.

Jorge Barrero, director general de la Fundacion COTEC para la Innovación (Foto: undacion COTEC)

Desde su punto de vista “el incentivo funciona, no cuesta mucho dinero, es muy acotado, está diseñado bien y no hay fraudes. No es un incentivo que pueda descontrolarse. El problema es que se reduce a una política de empleo simple; pero este no es un incentivo como el resto; no pretende incorporar al mercado de trabajo personas con dificultades de trabajar”.

El director general de COTEC recuerda que “realmente esto es una política de I+D por encima de cualquier consideración porque el dinero sale de la Seguridad Social, pero por lo que veo estamos atrapados en una situación injusta, son cantidades pequeñas que afectan a más de 80.000 investigadores en España”.

Barrero reconoce que el momento es bueno, hay dinero y se están batiendo récords presupuestarios. “Los datos que da la Seguridad Social es que crece la presencia de estos profesionales de corte investigador. El crecimiento del empleo en el epígrafe I+D supera bastante a la media del país, pero no deben recortar por ahí. No tenemos millones de doctores trabajando y necesitamos esta bonificación fiscal”.

En su opinión “lo que conocemos del Real Decreto es que sigue siendo muy restrictivo. Tenemos que seguir insistiendo en que el cambio normativo no es necesario. De todas formas, este cambio que pretende Trabajo no será sencillo de aplicar con un Gobierno en funciones”.

Al mismo tiempo, reconoce que estas bonificaciones “se distribuyen bien, no son como las ayudas fiscales que requieren trabajo de consultoría. Es más automático, empresas de cien trabajadores de corte startup, con diez doctores, y dos administrativos les resulta sencillo aplicar estas deducciones. Entran en vena, se distribuyen masivamente por su sencillez y está acotada porque el incentivo funciona. Estamos siendo víctimas de personas que no entienden lo que es una política de I+D”.

Desde su punto de vista, “en tiempos de gobiernos inestables con mayorías cortas, quien gana poder son los altos funcionarios de la Administración de Justicia. Tienen su propia concepción de las cosas y hay gente en ese Ministerio que se ha enfilado con este tema y parece convencido de meter la tijera a esas bonificaciones en materia de empleo e I+D. Habrá que ver como se resuelve este tema”.