DANA: los atacantes del coche de Pedro Sánchez podrían enfrentarse a penas que oscilan entre 1 y 6 años de cárcel

De fondo se escuchaban insultos, gritos y lloros. Dentro, el coche se tambaleaba a causa de los múltiples golpes, patadas y pedradas de la muchedumbre, encolerizada y enfadada por la nefasta coordinación de las distintas Administraciones frente a la DANA. Así vivió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus últimos minutos en Paiporta, una de las localidades más afectadas. Fuera, decenas de ciudadanos vivían indignados cómo el máximo representante del Ejecutivo —quien durante varios días se había mantenido prácticamente al margen— hacía una brevísima aparición en la localidad el quinto día desde la catástrofe.

«¡Hijo de puta!», «¡sinvergüenza!», «¡asesino!, «¡dimite!», se puede escuchar en decenas de vídeos que, desde este domingo, vienen compartiéndose en las redes sociales. Son mensajes dirigidos al presidente del Gobierno, que el pasado 3 de noviembre acudió junto a su comitiva a la Comunidad Valenciana. La visita oficial también contó con la presencia de los reyes y del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quienes permanecieron en el lugar después de que el presidente fuera evacuado, bajo protocolo de seguridad, para protegerse de las agresiones —en su mayoría verbales— de un grupo de ciudadanos.

Y fue en esta misma retirada hacia el Puesto de Mando Avanzado cuando varios coches oficiales de la comitiva de Pedro Sánchez fueron apaleados, goleados y pateados. Unas agresiones que han concluido con la imagen de dos todoterrenos destrozados debido a la falta de blindaje, uno de los cuáles terminó con una la luna rota y una de las ventanillas traseras reventadas como consecuencia de una pedrada. Un escenario que, pese a todo, ha concluido sin que se reportaran heridos, tal y como se ha informado desde la delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana y desde la Moncloa.

En medio de esta polémica, el sindicato de Vox ha anunciado a través de su cuenta de X (antes Twitter) que ofrecerá sus servicios jurídicos gratuitos a todos aquellos ciudadanos que puedan ser detenidos o multados como consecuencia de los incidentes ocurridos durante la visita del presidente del Gobierno a la Comunidad Valenciana. En contraposición contrasta la denuncia pública de Pedro Honrubia, exdiputado de Podemos, quien a través de esta red social ha criticado que «agredir al presidente del Gobierno está penado con entre uno y seis años de cárcel […]. Pero si la agresión ha venido de nazis o de gente de Vox organizada, como parece que ha sido, ya hablamos de otra cosa, mucho más seria y para nada un hecho a no tener en cuenta. Con el fascismo y su violencia, tolerancia cero».

Entendemos perfectamente la indignación de los españoles ante un presidente que les ha humillado.

Si hay detenidos o multados nuestros servicios jurídicos están a su disposición de forma gratuita. pic.twitter.com/aNlWTz6svH

— Solidaridad 🇪🇸 (@solidaridad_esp) November 3, 2024

Podrían enfrentarse a penas de prisión que van desde uno hasta seis años

Frente a estos comentarios surge una duda: ¿qué tipo de cargos podrían enfrentar los individuos, aún sin identificar, que lanzaron objetos y agredieron el coche de Pedro Sánchez? El artículo 550.3 del Código Penal sobre los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia dice textualmente que «si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses».

No obstante, dada la complejidad de la pregunta planteada, Economist & Jurist ha acudido a la abogada penalista Noelia Bauzá Serra para ofrecer a los lectores una respuesta más cercana. En este sentido, Bauzá nos ha aclarado que «podríamos estar hablando de tres delitos diferentes: uno de daños materiales, otro de lesiones y otro de atentado a la autoridad».

El primer delito a considerar es el de daños, el cual tipifica cualquier conducta que cause perjuicio a un bien ajeno. Bauzá subraya que «este es el delito más evidente, que está en el artículo 263.1 del Código Penal«. En caso de que los daños no superen los 400 euros, se clasificarían como un delito leve, lo que implicaría «penas que no son de prisión, sino únicamente penas de multa, y el delito leve sólo conlleva multas de hasta tres meses». No obstante, dado el nivel de daños observados en las lunas del vehículo, la abogada sugiere que «estaríamos hablando de un delito básico», lo que podría acarrear multas más severas, por encima de los tres meses.

El segundo delito mencionado por Bauzá se relaciona con posibles daños personales a las personas que estaban dentro de los vehículos. Aunque hasta el momento no se han presentado denuncias de lesiones, ella advierte que «podría darse el caso de que al romperse las lunas se causara un corte en las personas que estaban en el interior». En esta eventualidad, se aplicaría un delito de lesiones, conforme a lo que establecen el artículo 147 y siguientes del Código Penal, cuyas penas varían dependiendo de la gravedad de las lesiones.

Por último, la abogada aborda el delito de atentado a la autoridad, que se encuentra regulado en el artículo 550 del Código Penal. Este artículo «criminaliza la conducta consistente en agredir o atacar la integridad de una autoridad en sentido abstracto». En el caso específico de un miembro del ejecutivo, como el presidente del Gobierno, «se agrava la conducta, con penas de prisión más severas». Esto implica que, si los agresores son identificados y se determina que sus acciones constituyen un atentado a la autoridad, podrían enfrentarse a penas de prisión que van desde uno hasta seis años, además de una posible multa que oscila entre seis y doce meses.

En cuanto a los insultos que pudieron haber sido proferidos durante la protesta, Bauzá aclara que «los insultos son considerados injurias leves, y la tipología leve no es penal». Además, no observa fundamentos suficientes para acusar de un delito de odio en este contexto.

Un juzgado de Valencia anuncia que investigará los hechos

Según ha anunciado recientemente Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrent investigará los hechos ocurridos durante la visita oficial a Paiporta de los reyes, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En concreto, se investigarán tres delitos: atentado, desórdenes públicos y daños.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que existe una “mínima organización” entre los participantes de los altercados, aunque se ha abstenido de confirmar la relación de estos individuos con grupos extremistas, a la espera de los resultados de la investigación. Además, Marlaska ha destacado que la Guardia Civil ha estado trabajando desde el primer momento para identificar a los responsables, reiterando la gravedad de los actos de violencia.

La evacuación de Pedro Sánchez, ordenada por su equipo de seguridad, se llevó a cabo debido a un “riesgo real y evidente” tras el incidente en el que se produjo el golpe. En este contexto, el titular del Interior ha subrayado la dificultad de la operación, pero enfatizó que la profesionalidad de los servicios de seguridad permitió evitar consecuencias más graves en una situación ya de por sí tensa.

La apertura de este procedimiento judicial añade un nuevo capítulo a la crisis de comunicación y gestión que enfrenta el Gobierno, en un momento en que la ciudadanía muestra un creciente descontento con la respuesta oficial ante la catástrofe natural. La investigación podría implicar no solo a los manifestantes, sino también un examen más amplio de las políticas gubernamentales en situaciones de emergencia y la forma en que se gestionan las relaciones con la población afectada.