Guilarte mete presión a la reunión de Reynders con PSOE y PP: dimitirá en caso de que dicha mediación no prospere

El comisario de Justicia, Didier Reynders, supervisará el encuentro en la capital belga entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons.

Una cita de la que se espera mucho en estos momentos, tras conocer las declaraciones de las diferentes asociaciones judiciales, que ven urgente la renovación ante la situación insostenible del CGPJ.

Al mismo tiempo, el presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, manifestó ayer, en el acto por el Día de la Mediación organizado por el órgano de gobierno de los jueces, que si las negociaciones no prosperaban, dimitiría para volver a su puesto en la Universidad de Valladolid.

La reunión viene precedida por el rechazo en el Congreso de la proposición de ley de la amnistía, donde las enmiendas de Junts no se tuvieron en consideración, con lo cual la proposición de ley se devuelve a la Comisión de Justicia para una nueva negociación.

Habrá que ver si el PSOE cede de nuevo y se incluyen otras enmiendas donde se amnistíen todos los delitos del terrorismo, como quiere el propio partido independentista.

Introducir esas enmiendas podrían generar la intervención de la UE, porque juristas consultados por este medio ya afirmaron hace unos días que las mismas podrían vulnerar los tratados de la UE.

El Partido Popular, representado por Esteban González Pons, se sentará con el socialista Félix Bolaños para tratar la renovación del Gobierno de los jueces, que lleva cinco años con el mandato caducado, pero también incorporará la amnistía a una mesa donde se sienta la Comisión Europea.

Ese es un punto clave para el PP, que expondrá su oposición a la norma ante Reynders y también denunciará que su interlocutor, Bolaños, no ha salido a defender a los jueces durante la sesión plenaria de este martes en la Cámara Baja ante los ataques de Junts, confirman fuentes de la Dirección Nacional del PP.

Pleno del Congreso donde se tumbaba ayer la proposición de ley de amnistía. (Imagen: Congreso de los Diputados)

Cinco años de bloqueo

La Comisión aceptó asumir el papel de mediador después de que así se le pidiera tras el pacto al que llegaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado el 22 de diciembre.

Sin embargo, no se espera que consigan llegar a un acuerdo ya que el miso día que pactaron la supervisión del la CE, ambas partes dejaron claras sus posiciones, que mantienen inalteradas.

Según ha podido saber Economist & Jurist, para llegar a un acuerdo, el PP reclama que se haga de forma «simultánea» la renovación y la reforma de la ley de elección del CGPJ, mientras que el Gobierno acepta hablar ambas cosas, pero dejando claro que primero tiene que efectuarse la elección de los nuevos vocales y más adelante abordar esa modificación legislativa para la que recuerda que el PP debería conseguir los apoyos suficientes.

Cumplir con la Constitución antes de cambiar el sistema de elección. Eso es lo que ha vuelto a recordar este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros ha insistido en que el primer y fundamental paso es renovar el órgano de gobierno de los jueces para estudiar después cambios en el sistema de elección.

«El PP querría imponer un nuevo sistema de elección, pero para ello tendría que tener los votos en el Congreso; no los tiene», ha recordado antes de asegurar que esa es la posición que ha mantenido también el comisario Reynders.

Fuentes del Gobierno insisten en que lo que debe hacer el PP es dejarse de excusas y cumplir con el mandato constitucional, pero aseguran que Bolaños acudirá a la reunión con plena disposición al acuerdo y sin condiciones previas.

Por su parte, como ha puesto de manifiesto el propio Feijóo, su partido irá a la cita con la intención de trabajar para renovar y reformar a la vez a ley del Consejo General del Poder Judicial para que, a su juicio, la independencia de los jueces quede garantizada.

Bolaños y González Pons expondrán sus argumentos en presencia de Reynders, quien esta semana ha recalcado que para avanzar debe haber un paso «a nivel interno en España» porque son las formaciones políticas las que deben buscar la mayoría suficiente que permita renovar el CGPJ y llevar a cabo la reforma.

«Lo que va a cambiar ahora es que hemos propuesto un diálogo estructurado que voy a llevar a cabo en nombre de la Comisión Europea y es la ocasión de ver si ese diálogo con las autoridades y las formaciones políticas en España permite llevar a una mejora de la situación», explicó.

Vicente Guilarte anunció ayer que dimitiría si la negociación de Reynders con PP y PSOE no da sus frutos. (Imagen: Poder Judicial)

Debate en el ICAM

Ayer, poco antes de celebrarse la votación de la proposición de ley de amnistía, intervenía en el Colegio de la Abogacía de Madrid el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, en una conferencia sobre el papel que desempeñarán las instituciones europeas tras la aprobación de la futura norma, así como de su jurisprudencia existente.

Una jurisprudencia de la que el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo extrajo tres claves fundamentales. En primer lugar, “se avanza de forma decisiva hacia la protección europea del Estado de derecho al afirmar que, conforme al derecho de la Unión debe garantizarse la independencia de los tribunales frente a los poderes legislativo y ejecutivo”.

Asimismo, “se establece que esta garantía implica que los jueces estén protegidos frente a las intervenciones o presiones directas, pero también frente a formas de influencia indirecta que pudieran orientar las decisiones de los magistrados, un dique que por desgracia en España ya se ha roto”.

Finalmente, “se consolida la cuestión prejudicial como herramienta admisible para los jueces nacionales cuya independencia se encuentre amenazada por los poderes ejecutivo o legislativo”.

Para Vázquez, estas son las bases a tener en cuenta de cara al camino que podrá recorrer la Ley de amnistía en Europa: en primer lugar, “porque los jueces y tribunales que tendrán que aplicarla disponen de una vía clara para buscar amparo ante el TJUE en caso de que identifiquen que la norma socava el estado de derecho y su independencia”. Y en segundo, “porque priva a los jueces y tribunales de ejercer lo más básico de su independencia, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

Y aunque el europarlamentario español prevé una avalancha de cuestiones prejudiciales y confía en la respuesta europea –“ya hemos estado aquí y ya sabemos cómo pararlo”-, también ha advertido de los efectos, en ocasiones irreversibles, que determinadas iniciativas legislativas infligen en el marco de derechos y libertades de una sociedad democrática.

Los daños de la ley de amnistía

“La ley de amnistía es uno de esos daños de gran magnitud, que se suma a otros como la reforma a la carta del Código Penal. Es, por tanto, la responsabilidad de todos, en especial de los operadores jurídicos, también de los profesionales de la abogacía, ser conscientes de este riesgo, implicándose y comprometiéndose para evitar que se materialice. Todos podemos sumar para parar esto, y abril es la fecha límite”, ha concluido.

Adrián Vázquez, en su intervención en el Foro Justicia ICAM analizando el marco legal que existe en Europa en relación con la ley de amnistía. (Imagen: ICAM)

Por parte de la abogacía madrileña, el decano Eugenio Ribón recordó en su intervención los pasos dados por el Colegio desde que la publicación del pacto de investidura en el que se contemplaba la elaboración de una Ley de amnistía, que iniciaron con una declaración institucional de Junta de Gobierno criticando de forma taxativa el uso del término lawfare y la creación de comisiones parlamentarias para fiscalizar la actuación jurisdiccional, recabando la adhesión generalizada del sector legal.

Además, con este debate son tres las sesiones de alto nivel organizadas por la Corporación madrileña para analizar el encaje jurídico de la Ley de amnistía desde la perspectiva del derecho constitucional, administrativo o europeo.

La no aprobación ayer de la proposición de Ley de anmistía, lo que ha hecho, según indican fuentes colegiales, es suspender la reunión que iba a tener lugar por parte de la Junta de Gobierno, en la que previsiblemente se iba a aprobar una declaración institucional. Por el momento, queda en suspenso porque los acontecimientos han sido otros.

Respecto al papel de las instituciones europeas, Ribón ha destacado la experiencia de la UE a la hora de afrontar actuaciones que pueden llegar a ser un peligro para el Estado de Derecho de los estados miembros y, por tanto, de la Unión en su conjunto, afectando al ordenamiento jurídico de la UE.

Así, ha ensalzado los esfuerzos realizados por la Comisión para adoptar medidas preventivas y proactivas que refuercen el Estado de derecho en Europa, y que se han traducido, entre otras acciones, en un informe anual en cuya elaboración participa el Colegio madrileño desde el año pasado.

Además, el decano se ha referido a la amplia jurisprudencia acumulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sentencias como la de 24 de junio de 2019, que declaró que la reducción arbitraria de la edad de jubilación de los jueces es contraria al Derecho de la UE al violar los principios de inamovilidad del juez y de independencia judicial.

O en el histórico fallo del 16 febrero de 2022, en el que se aprobó el mecanismo de condicionalidad que supedita el acceso a la financiación de la Unión al respeto, por parte de los Estados miembros, de los principios del Estado de Derecho.