Guilarte pide al Gobierno que insista en la “cabal línea emprendida”

El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha pedido al Gobierno que insista en la “cabal línea emprendida”, en referencia a la oposición a que jueces acudan a declarar en comisiones de investigación como solicita Junts.

Si esta postura se hubiese dado semanas atrás, “a buen seguro, nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido”, ha afirmado en referencia al concepto de lawfare expresado en el pacto que suscribieron PSOE y la formación independentista de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Guilarte ha realizado estas manifestaciones durante el acto de entrega de los XVI premios del Foro Justicia y Discapacidad. “Por favor, no nos defrauden, insistan en la cabal línea emprendida que agradeceremos pues en la conciencia de su expresada inutilidad no se comprendería el llamamiento (de jueces a esas comisiones) obediente entonces a fines que no se me alcanzan. Intuyo que ello abortaría ad eternum cualquier posibilidad de acuerdo en el ámbito que nos ocupa”

En su intervención, el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha vuelto a insistir en que hay que rebajar la tensión que rodea al Poder Judicial y, en referencia a las intervenciones de algunos portavoces parlamentarios, ha advertido que “no somos indecentes” y ha añadido: “Me gustaría no volver a escucharlo pues estas palabras evidenciaban un desprecio infinito hacia la propia dignidad de las personas, designando a quienes no han hecho sino cumplir con las exigencias del orden constitucional establecido”.

“Cuando desde la Tribuna que el Estado les proporciona para defender sus propuestas nos desprecian, cuando nos insultan, cuando nos agravian, cuando nos ofenden, lo están haciendo a una gran mayoría de personas que han depositado su confianza en el sistema judicial. Y todo ello perturba la defensa de los intereses encomendados, lógicamente también la ayuda a las personas con discapacidad en todas sus vertientes”, ha añadido. “Creo que rogar que cese esta escalada verbal no es una injerencia en sus funciones sino una defensa de las nuestras”, ha concluido.

En este marco, Guilarte ha reclamado hoy la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término “disminuidos” y ha señalado que esa modificación es “imprescindible para tomar conciencia del nuevo modelo social de integración de la discapacidad en todas sus vertientes. (…) No es excusa el que con ello puede abrirse el campo a la discusión de otros preceptos constitucionales”, añadiendo que este “es un tema de entidad y autonomía suficiente como para no mezclarlo con otros. Pasa igual con la renovación del CGPJ”.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces se ha dirigido a los operadores jurídicos, a las instituciones miembros del Foro y a los premiados -la magistrada jubilada Aurora Elósegui, el diario 20minutos, la empresa Inditex y LALIGA GENUINE- para decirles que el esfuerzo que realizan por la plena integración en la sociedad y, específicamente, por el acceso a la justicia de todas las personas con discapacidad es encomiable: “Persistid en la eliminación de barreras para la participación plena de todas estas personas en la sociedad”.

Hacer real y efectivo el ejercicio de los derechos individuales

En su turno de palabra, el presidente del Foro Justicia y Discapacidad, el vocal del CGPJ Juan Manuel Fernández, ha recordado que este año se cumple el vigésimo aniversario de esta institución, por lo que ha expresado su reconocimiento a todos los que en diciembre de 2003 “fuisteis conscientes de la necesidad de otorgar una protección institucional a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”. Se dio así cumplimiento, ha añadido, al mandato constitucional que impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean “reales y efectivas” para todos, así como el de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

Fernández ha destacado el papel crucial que desempeñan jueces y magistrados en la tarea de hacer efectivos los derechos que reconoce el ordenamiento jurídico, pues dicho reconocimiento en la norma “carece de sentido si el Estado no configura un mecanismo (…) que posibilite su cumplimiento eficaz en caso de violación o desconocimiento”. Esta labor de los integrantes de la Carrera Judicial se hace aún más relevante cuando se trata de los derechos de las personas con discapacidad, más vulnerables debido a los mayores obstáculos que se encuentran para el ejercicio de sus derechos.