Hacienda está dirigiendo masivamente órdenes de embargo a todos los afectados que invirtieron en el Grupo Herrero Brigantina

Hacienda está dirigiendo masivamente órdenes de embargo a todos los afectados que invirtieron en el Grupo Herrero Brigantina, indicándoles cómo actuar en el caso de que tengan pagos pendientes de efectuar, para que los entreguen directamente a la Agencia Estatal Tributaria. Unos 1.000 inversores reclaman a Herrero Brigantina más de 25 millones de euros por la presunta estafa piramidal. Una macrocausa que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El fundador del Grupo Herrero Brigantina, Juan González Herrero, está en paradero desconocido, y el abogado José Luis Ortiz Miranda, socio-director de Bufete Ortiz, de Cádiz, quien lleva a más de 409 afectados, pidió a Pedraz el pasado 28 de noviembre que emitiera una orden de búsqueda y captura a través de la Interpol, las fuerzas del orden de todo el mundo, para localizar y detener provisionalmente al querellado, para conseguir su detención y extradición a nuestro país. En su escrito, Ortiz señala la dirección de Medellín (Colombia) «donde González está viviendo actualmente».

José Luis Ortiz Miranda, socio director de Bufete Ortiz de Cádiz, está especializado en Derecho Bancario, Sanitario y negligencias médicas y cuenta con más de 35 años de trayectoria profesional.

«Somos conocedores de que este señor lleva una vida de alto standing y muy ostentosa en Colombia», circulando también en un vehículo marca Chevrolet Blazer, «con normalidad y sin ningún tipo de reparo a pesar de todas las fechorías que ha cometido, y a las miles de personas que ha engañado», transmitió al magistrado. Además, le informó de que han tenido «conocimiento fehaciente, a través de confidentes, de que el dinero lo sacó de España, transfiriéndolo a una sociedad patrimonial inmobiliaria en Colombia, Grimaldi Real Estates SAS., donde ha colocado como administrador único a un hombre que no sabe ni leer ni escribir y es insolvente, que sería un testaferro», relata Ortiz a Economist & Jurist.

Según explica, «a través de esta sociedad, González ha comprado una finca que perteneció a Pablo Escobar y se la decomisó el Gobierno colombiano, la finca San Jerónimo, un inmenso cafetal de miles de hectáreas, con helipuerto, en la provincia de Rionegro Antioquía (Colombia), por lo que tiene varias residencias en Colombia».

Cinco delitos

Ortiz presentó el pasado mes de octubre un querella centinela, en representación de un consignatario de buques de Cádiz, en la que imputa a Herrero Brigantina Servicios Crediticios, SAU, North Atlantic Insure Broker CO SA, y a Broker Asegurador de Ultramar SLU cinco delitos: organización criminal, estafa, intrusismo, apropiación indebida y falsedad documental. Y que fue admitida por Pedraz. Según informa el socio-director de Bufete Ortiz, «están adhiriéndose a ella todos los afectados a lo largo y ancho de la geografía nacional, que se cuentan por miles».

Entre los perjudicados, con residencia por toda la geografía nacional, hay pymes, autónomos y familias, que “han perdido su dinero con sus soluciones de inversión, planes de pensiones, seguros, hipotecas y préstamos”

«Se está estrechando el cerco entorno a este golfo para obtener su pronta detención y que de esta forma responda por sus crímenes económicos», manifiesta Ortiz, quien hace un llamamiento a todo aquel que se considere afectado, a que no se conforme y reclame.

«Inicialmente, Juan González trabajaba en Nationale-Nederlanden, donde era un simple empleado de esta correduría de seguros. Salió de allí y se llevó a Herrero Brigantina todos los clientes buenos, vaciándole la clientela. No contento con eso, captó a los principales ejecutivos de la empresa, y posteriormente a exdirectivos de banca -que había muchos en paro por las fusiones de los bancos-, y de esta forma Herrero Brigantina creció como la espuma”, relata este jurista.

Como al principio devolvían los rendimientos, los inversores reinvertían

Con ese núcleo duro, que comenzó a trabajar en Ponferrada (León) -detalla Ortiz-, «empezaron con política muy agresiva a calcar la estructura de los productos financieros de Unit Linked, un seguro con unos rendimientos muy atractivos, de hasta el 25% de intereses”. Así, el Grupo Herrero Brigantina se dedicaba a vender productos de inversión y de seguros con unas rentabilidades absolutamente increíbles, de hasta el 25%, triplicando las mejores del mercado.

«Utilizó un elenco de sociedades, falsificando los logos, haciendo creer que las operaciones de financiación en productos de las sociedades de Herrero Brigantina estaban avaladas por Axa, Generali y Mapfre, cuando no era así. Estas sociedades no tenían depositadas las fianzas en la Dirección General de Seguros ni estaban legalizadas para operar en el mercado asegurador», destaca.

Esta macrocausa penal, que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, son las diligencias previas 102/2023. (Imagen: E&J)

«Creó una red de comerciales muy buena, los cuales tenían acceso a clientes adinerados, y con el cebo de unos intereses muy atractivos de hasta el 10% mensual, que en el fondo eran ilusorios, porque daba hasta el 40 y el 50% de interés de la inversión, cuando la banca tradicional da el 1 o 2%, mucha gente picó, porque quien se lo vendía era una persona de confianza», detalla este letrado, al tiempo que hace hincapié en que los comerciales no tenían culpa, que «les daban jugosas comisiones» y conseguían clientes.

El dinero, «en paraísos fiscales»

Al principio devolvían a los inversores los rendimientos, por lo que reinvertían, «pero desde hace un año no devuelve nada, ni los rendimientos ni el principal». «De esta forma, Juan González hizo una enorme bolsa de dinero, que presuntamente ha ido sacando de España gradualmente a sociedades creadas exprofeso en paraísos fiscales», afirma Ortiz, y apunta que González “vivía como un príncipe, con un cochazo en la puerta y una mansión en Jerez de la Frontera valorada en 3 millones de euros”. Hasta la fecha sólo se le han conseguido embargar 300.000 euros de las cuentas.

Según los afectados, a principios 2022 empezó a fallar en la devolución de la rentabilidad y a mediados de ese año ya hizo dejación generalizada de la devolución de lo principal invertido. Entre los perjudicados, con residencia por toda la geografía nacional, hay pymes, autónomos y familias, que “han perdido su dinero con sus soluciones de inversión, planes de pensiones, seguros, hipotecas y préstamos”, indica. El dinero retenido alcanza en algunos casos los 300.000 euros por consumidor.

Actualmente, se siguen siete investigaciones simultáneas por siete grupos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El caso ha cogido tal volumen que se ha creado una Plataforma de Afectados.