Hay Derecho valora la renovación del CGPJ, pero alerta de sus «insuficiencias» al no cambiarse el sistema de elección

La Fundación Hay Derecho considera que el acuerdo anunciado este martes para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de los dos principales partidos políticos, PSOE y Partido Popular, es positivo por el hecho de que se desbloquea una situación que era crítica, aunque cree que el pacto es insuficiente.

«Ahora la clave es cambiar el sistema de renovación del CGPJ, para el cual hay un plazo de seis meses. El reparto de vocales entre PSOE y PP, diez cada uno, es un reparto de cromos porque aún no se ha modificado el sistema actual de elección de los mismos. Ese hecho es con el sistema de siempre. Muchos de los elegidos finalmente eran candidatos al propio CGPJ en 2018. Todo sigue igual», aclara Elisa de la Nuez, secretaria general de la entidad.

En cuanto a la elección de presidente, «solo hay un rumor de un nombre que suena con insistencia, pero por lo que sabemos, no está en el acuerdo final entre PSOE y PP. Formalmente parece que se ha respetado que el presidente o presidenta del CGPJ sea elegido por el pleno de los vocales elegidos. Tampoco en las declaraciones que han hecho González Pons y Bolaños se han referido a ello en dichos términos», comenta.

Desde su punto de vista, «por lo que estamos viendo, seguiremos escuchando cómo en el Pleno del CGPJ hay dos bloques, uno conservador y otro progresista. Es el precio que hay que pagar a dicho reparto de cromos entre las dos grandes fuerzas políticas de nuestro país. Ahora lo principal es saber si son capaces de cambiar el sistema de elección. Mientras no se modifique, tendremos las reglas de siempre que cuestionan la independencia judicial».

Pese a ello, De la Nuez señala que «no estamos hablando de vocales de un alto perfil político por lo que hemos visto de sus perfiles. Sí llama la atención que no haya ningún vocal que represente a la abogacía como actividad profesional. La idea básica es que se ha dado un paso adelante. Ahora tendremos que estar atentos a si se cumple el compromiso del propio CGPJ por cambiar su sistema de elección de vocales y se ajusta a los estándares europeos».

A su juicio, «haber llegado a este acuerdo de renovación del CGPJ con la tutela de la Comisión Europea es importante. Es un compromiso que asumen las fuerzas políticas entre ellas bajo el paraguas de la Unión Europea, con lo cual esperemos que lo lleven a término. Que exista este tercero de confianza como aval es un elemento a tener en cuenta».

Sobre el comentario efectuado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que señala que nadie va a controlar el poder judicial, «hay que darse cuenta de que al final se lo han repartido entre las dos grandes fuerzas políticas; al mismo tiempo, al mantenerse las mayorías de 3/5 en las Cámaras supone un consenso político importante que tendrán que abordar. Veremos si hay capacidad para ponerse de acuerdo».

Romper una situación critica

La situación de bloqueo del CGPJ, que se alargaba ya más de cinco años, era insostenible: dejaba más de un 30% de plazas vacantes en el Tribunal Supremo. Este órgano, de hecho, acumulaba más de 46.000 asuntos pendientes en enero de 2024. Este bloqueo ha tenido, por tanto, una incidencia directa en la ciudadanía, que ha sido la gran perjudicada.

«Por fin hay un acuerdo —aunque con insuficiencias— para desbloquear el CGPJ tras más de cinco años de vergüenza institucional», destaca la directora general de Hay Derecho, Safira Cantos. «No se ha producido en estos años ningún debate para elegir a los miembros del CGPJ en sede parlamentaria, siendo el nombramiento de su competencia. Lo más preocupante es que hayan mantenido un reparto de los vocales ligado a cuotas de partidos y sus organizaciones afines», señala Cantos.

Entre los aspectos positivos del acuerdo hay que mencionar la regulación de las puertas giratorias entre política y Justicia, ya que tiene que transcurrir un período de enfriamiento de dos años para que un juez pueda volver de la política a la judicatura. «Este es un tema que en Hay Derecho hemos hablado mucho», destaca Elisa.

Safira Cantos y Elisa de la Nuez, en la foto, en el centro de la imagen, tercera y quinta por la izquierda, creen que este acuerdo es mejorable. (Imagen: Hay Derecho)

Al mismo tiempo, otro tema importante es que se refuerza el régimen de incompatibilidades para poder ser designado vocal del CGPJ por el turno de juristas de reconocida competencia o para ser nombrado fiscal general del Estado, estableciendo para ambos casos un período de enfriamiento de cinco años tras haber ejercido un cargo político.

Además, se eleva el requisito de experiencia de 15 a 20 años para ser elegido magistrado del Tribunal Supremo. «Son pasos en la buena dirección», destaca Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Es positivo, además, el compromiso de no tramitar enmiendas sin acuerdo entre los dos grandes partidos, pero tiene el riesgo de ser poco ambicioso en las reformas.

No obstante, el acuerdo deja algunos interrogantes abiertos. El pacto habla de «reforzar la independencia de jueces y magistrados», aunque no especifica cómo. También menciona que se reforzará la «independencia del Ministerio Fiscal», sin explicar de qué forma.

En cuanto a la reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ, se encomienda asimismo al órgano elaborar una nueva propuesta de elección de vocales de procedencia judicial para lo que se le concede un plazo de seis meses. Dicha propuesta debe contar con un respaldo de tres quintas partes de los nuevos vocales del CGPJ, para su posterior tramitación por parte del Gobierno o las Cortes Generales.

«Partiendo de que el sistema hasta ahora existente del reparto de cromos ha fracasado estrepitosamente, la pregunta que cabe hacerse es si este acuerdo va a permitir transitar hacia un nuevo modelo, como pedía la Comisión Europea», valora la secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez.

La tramitación urgente evita los debates parlamentarios

No obstante, probablemente por razones de urgencia, la fórmula escogida, que vincula la renovación del órgano a una Proposición de Ley por procedimiento de urgencia, reduce los debates parlamentarios y hace que se prescinda de informes previos que serían preceptivos de tramitarse como anteproyecto de ley.

El PSOE y el Partido Popular han acordado reformar por esta vía tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el objetivo de reforzar las garantías de independencia de jueces y magistrados y de la Fiscalía General del Estado.

Por último, se prevé la creación de una Comisión de Calificación, formada por cinco vocales, para informar sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno, con el objetivo de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas.

«Sería muy conveniente un desarrollo más ambicioso de la objetivización de los nombramientos, en la línea de lo propuesto por el todavía presidente del CGPJ», reclama Elisa de la Nuez. La Fundación Hay Derecho propone que los actuales nombramientos discrecionales se realicen «de acuerdo a criterios objetivos de mérito y capacidad previamente definidos, con transparencia y libre concurrencia», concluye Safira Cantos.

El actual sistema de nombramientos discrecionales de la cúpula judicial es un problema que debe abordarse sin demora. Deben motivarse de forma objetiva los ascensos a responsabilidades como magistrados del Tribunal Supremo y presidencias de tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional o audiencias provinciales.