Implicaciones jurídicas del «golpe de Estado» en Brasil

Dos años después del ataque perpetrado por los seguidores del expresidente de Estados Unidos Donald Trump al Capitolio del país, Brasil ha vivido esta madrugada la misma pesadilla. Ultraderechistas partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieron en Brasilia las sedes del Congreso Nacional, de la Corte Suprema y del Palacio de Planalto, sede del Gobierno brasileño, una semana después de la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva.

La intentona golpista no ha sido del todo una sorpresa. Bolsonaro, que perdió las elecciones presidenciales contra Lula por un estrecho margen, nunca ha reconocido su derrota. Incluso impugnó el resultado de las elecciones al considerar, sin pruebas, que había habido fraude en el voto telemático. La impugnación no fue tenida en cuenta por los tribunales brasileños y Lula fue investido presidente el pasado 1 de enero. Unos días antes, Bolsonaro se fue a Florida para no participar en la ceremonia de toma de posesión de su oponente.

Desde que perdió las elecciones en octubre, Bolsonaro ha extendido la idea de que los comicios estaban manipulados y que Lula Da Silva no era un presidente legítimo. El mensaje prendió en sus seguidores, algunos de los cuales decidieron acampar frente al cuartel general del ejército y de otras instalaciones militares para intentar forzar a las fuerzas armadas a que actuara para evitar que Lula llegara al poder. Precisamente estos campamentos han sido el caldo de cultivo del que surgió la turba que atacó los tres poderes del Estado.

«Descubriremos quiénes son estos vándalos y serán castigados con toda la fuerza de la ley«, dijo Lula desde la ciudad de Araraquara, en el estado de Sao Paulo, a donde había viajado para analizar los daños provocados por las fuertes lluvias en la región. Agregó que los radicales han sido “estimulados” por Bolsonaro. “Vamos a descubrir a los financiadores” de esas protestas violentas y de cuño golpista, que “destruyeron todo lo que encontraron a su paso”, indicó Lula, quien denunció fallos de seguridad por parte del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia.

A tenor de los pasos que se han dado hasta ahora, parece claro que las autoridades brasileñas están dispuestas a actuar con la máxima contundencia.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. (Foto: RTVE)

Lula da Silva, ha firmado un decreto de intervención federal en materia de seguridad pública en el Distrito Federal de Brasilia. Esta medida está prevista por la Constitución de 1988 para situaciones en las que exista, por ejemplo, «grave afectación de orden público». Según el decreto presentado por Lula, la intervención federal se limitará al área de seguridad pública, y estará vigente hasta el 31 de enero.

La intervención consiste en que el Gobierno Federal asuma competencias que pertenecen a los estados. Una de ellas es la seguridad pública. El decreto también ha designado al actual secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo García Cappelli, como interviniente de la seguridad pública durante este período.

De acuerdo con el artículo 34 de la Constitución, las hipótesis sujetas a la intervención federal son la necesidad de «poner fin a un grave menoscabo del orden público«, «repeler una invasión extranjera o la invasión de una unidad de la federación por otra», o incluso «garantizar el libre ejercicio de cualquiera de los Poderes en las unidades de la federación».

La intervención federal también puede ser promulgada, en virtud de la Constitución, para «mantener la integridad nacional», para «prever la ejecución de una ley, orden o decisión judicial federal» o «para garantizar la observancia» de ciertos principios constitucionales, entre los que se encuentran el » sistema representativo y régimen democrático«.

Paralelamente, el Tribunal Supremo Federal ha ordenado la suspensión durante 90 días del mandato del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, próximo a Bolsonaro. La medida se produce ante las sospechas, parece que bastante fundadas, de que Rocha habría facilitado la acción de los golpistas.

Asimismo, la corte suprema ha ordenado el desmantelamiento de los campamentos montados por los seguidores de Bolsonaro a la puerta de varios cuarteles. De momento han sido detenidas al menos 1.200 personas. Según el ministro de Justicia, Flávio Dino, los detenidos pueden enfrentarse a penas de entre 12 y 20 años de prisión por delitos como el del golpe de Estado y atentado contra bienes públicos entre otros.

El presidente Lula y los presidentes del Congreso el Tribunal Supremo han firmado un documento conjunto en el que aseguran que trabajan para que “se tomen medidas institucionales, en los términos de las leyes brasileñas” respecto a los “actos terroristas de este domingo”. El Congreso, por su parte, va a poner en marcha una comisión de investigación para aclarar los hechos.

Jair Bolsonaro. (Foto: CNN)

El elemento más importante de esta investigación va a ser quién está detrás de los acontecimientos del domingo y quién, por ejemplo, pagó los cientos de autobuses que llevaron a los partidarios de Bolsonaro a la capital. Pero la gran duda a resolver va a ser cuál ha sido el papel del ex presidente en el intento de golpe de Estado. Al igual que hizo Trump cuando se produjo el asalto al Capitolio hace dos años, Bolsonaro ha tardado varias horas en manifestarse tras este ataque a la democracia brasileña, el cual no ha condenado.

Bolsonaro publicó en su cuenta de Twitter que la protesta pacífica es parte de la democracia, pero el vandalismo y la invasión de edificios públicos son “excepciones a la regla”. Ha asegurado que durante su mandato «siempre» ha cumplido con la Constitución, «respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad». «Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del Ejecutivo de Brasil«, ha escrito el exmandatario en una serie de mensajes publicados en su perfil de la red social.

Lo cierto es que el hecho de que no haya reconocido su derrota, y que haya realizado declaraciones poniendo en duda la legitimidad de Lula como presidente de Brasil, han actuado de gasolina para alentar a sus seguidores. Habrá que ver si eso es suficiente para que sea procesado y, sobre todo, si además de realizar declaraciones incendiarias ha tenido una participación más activa en los disturbios del domingo.

Paralelismos con Estados Unidos

Es inevitable establecer similitudes entre lo ocurrido ayer en Brasil y el ataque al Capitolio perpetrado por seguidores de Trump hace dos años. Según ha declarado Rafael Ioris, experto en política brasileña de la Universidad de Denver a la web The Coinversation, “el trumpismo y el bolsonarismo comparten una narrativa de elecciones robadas, con simpatizantes de la derecha que apoyan temas como el derecho a portar armas y las estructuras familiares tradicionales”. Sin embargo, señala que entre ambos ataques “una diferencia importante es el papel de los militares. Aunque ex militares estuvieron presentes en el ataque del 6 de enero en Washington DC, importantes figuras militares estadounidenses lo condenaron. El objetivo de Estados Unidos tampoco era ver una intervención militar, a diferencia del ataque del 8 de enero de 2023 en Brasilia”.

Este experto se pregunta si también habrá paralelismos en lo que suceda después del ataque. “En Estados Unidos, las autoridades han hecho un buen trabajo al castigar a muchas personas involucradas. No estoy seguro de que veamos lo mismo en Brasil, ya que es posible que deban enfrentarse a grupos poderosos dentro de las fuerzas militares y policiales de todo el país. Entonces, los actores democráticos dentro y fuera del país serán esenciales para apoyar la tarea de defensa de la democracia en Brasil”, señala.