Indignación en la abogacía por las filtraciones del novio de Ayuso, que anuncia querella contra Montero por revelación de secretos

Es la noticia de este viernes 15 que incluso solapa a las reacciones por la aprobación de la proposición de amnistía en el Congreso de este jueves. Las filtraciones de datos personales fiscales de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por parte de la vicepresidenta María Jesús Montero y de la Fiscalía Provincial, con posterioridad en un comunicado, han mostrado la indignación de la abogacía y de otros operadores jurídicos sobre esta cuestión.

La indignación es notable, como se puede ver en redes sociales, y se ha valorado de forma notable el comunicado en la tarde noche de este jueves del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) señalando la gravedad del asunto y que este tema se va a tratar este lunes en Junta de Gobierno.

Según ha podido saber Economist & Jurist la mañana de este viernes, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, se reunirá con el Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro Ortiz, debido a la gravedad del asunto.

Tal y como adelantaba Carlos Herrera en su programa de mañana en la COPE, la pareja de la presidenta madrileña, a quien Hacienda acusa de haber defraudado más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021, está preparando tres querellas contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la Fiscalía y la inspectora de la Agencia Tributaria por revelación de secretos.

Según la citada información, González Amador basará su querella en que —tanto Montero, como la Fiscalía y la inspectora de Hacienda— han incurrido presuntamente en un delito de revelación de secretos al detallar las comunicaciones que ha habido entre la pareja de Ayuso y la Agencia Tributaria.

Tras conocerse esta información, el Gobierno de Pedro Sánchez se lanzó en tromba contra Isabel Díaz Ayuso, entre ellos, la vicepresidenta y ministra de Hacienda que adelantaba, antes de que lo publicaran los medios de comunicación, información respecto a la investigación contra la pareja de la presidenta de los populares.

Miquel Roca, que no ha querido pronunciarse por las filtraciones del novio de Ayuso, ha presentado esta mañana a Joan Carlos Estévez, presidente de los procuradores. (Imagen: E&J)

Con posterioridad se daba a conocer una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid, en ella se informa sobre el ofrecimiento del letrado de González Amador junto con la respuesta de la Fiscalía apuntando la posibilidad de un acuerdo.

En el caso de que prosperase dicha querella que prepara el abogado González Amador, el Código Penal prevé penas de cárcel de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses para los delitos de revelación de secretos. Concretamente, el artículo 417 del Código Penal establece que:

«La autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.

Si se tratara de secretos de un particular, las penas serían las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

De extremada gravedad

Para algunos de los juristas con los que Economist & Jurist ha hablado, el asunto es de extrema gravedad y creen que hay que aclarar realmente si el Gobierno está utilizando las instituciones en su beneficio propio. De tal forma que alguno de ellos ha comparado este asunto con el de Garzón y las escuchas telefónicas a los abogados por el caso Gürtel de hace algunos años.

Según adelantaba Carlos Herrera en su programa matutino de este viernes, González, asesorado por la firma Garrido Asesores Fiscales, despacho de referencia en materia tributaria, estaría ultimando presentar distintas querellas contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y previsiblemente otra contra la AEAT y la propia Fiscalía Provincial.

En el evento organizado por Nueva Economía, en el que Juan Carlos Estévez, presentado por Miquel Roca, socio fundador de Roca Junyent Abogados y padre de la Constitución, este ha sido uno de los temas de conversación entre juristas. Curiosamente, Miquel Roca, que en muchas de sus conferencias del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) aborda el tema del secreto profesional en la abogacía, ha preferido, pese a que este periodista se lo ha pedido con insistencia, no opinar sobre esta cuestión.

Personalidades como los magistrados Manuel Marchena y Antonio del Moral, los exministros Campo, Delgado y Catalá, y el decano del ICAM Eugenio Ribón, han escuchado a Estévez y su reflexión sobre los problemas de la justicia. (Imagen: Consejo General de Procuradores)

Mientras que asistentes a este Foro como Manuel Olmedo, secretario de estado de Justicia; Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional; José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional; y los exministros Juan Carlos Campo, Dolores Delgado y Rafael Catalá; los magistrados Manuel Marchena y Antonio del Moral de la Sala de lo Penal, preferían no abordar el tema; los abogados asistentes mostraban su preocupación.

Son los casos de Jorge Pinto, abogado y consejero de Economist & Jurist; Luis María Cazorla, catedrático, académico, letrado de las Cortes Generales y abogado del Estado; Juan Gonzalo Ospina; y el propio exministro Rafael Catalá, ahora presidente del Centro Español de Mediación, quienes han expresado su malestar por esta acción y esperan que se llegue a una investigación del asunto hasta sus últimas consecuencias.

Respecto a la querella que se va a presentar, alguno de los magistrados presentes en este evento comentaban a Economist & Jurist que la problemática de la revelación de secretos está ahí y regulada en el Código Penal, pero que por el momento no ha generado ninguna situación.

Reproche del ICAM

La difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid, contando detalles de esas negociaciones, ha merecido un severo reproche por parte del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que considera «de extrema gravedad» la difusión de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados.

Estévez es defensor de la independencia judicial y cree que es necesario que este tipo de filtraciones se aclaren. (Imagen: CGP)

Desde el ICAM se explica que este caso en concreto podría ser un caso claro de petición de amparo colegial, si el abogado de González lo pidiera. Esta es una figura que viene regulada en el artículo 58 del Estatuto General de la Abogacía, no es más que la materialización del derecho de todo colegiado recogido en el artículo 86.b) que le otorga la facultad de recabar del Colegio el amparo de su dignidad, independencia y lícita libertad de actuación profesional.

En caso de estimar que la conducta o incidencia ofrece indicios de vulneración de las prerrogativas y derechos profesionales, por Defensa de la Abogacía se elaborará un informe relacionando los hechos y emitiendo un juicio crítico.

El informe realizado por el departamento de Defensa de la Abogacía, junto a toda la documentación relacionada, formará parte de un expediente del cual se dará traslado a la Secretaría General, que a su vez emitirá facultativamente informe y, en todo caso, propuesta de resolución para su posterior traslado a la Junta de Gobierno.

De entender que el expediente estuviera incompleto, la Secretaría General podrá devolver el mismo a Defensa de la Abogacía, con indicación de los aspectos formales deficitarios. Verificadas las subsanaciones o complementos oportunos, en caso de insuficiencia probatoria o cualquier otra consideración que impida alcanzar una cabal y recta comprensión de los hechos, la Secretaría General valorará la apertura de un trámite contradictorio.

A tal efecto, podrá dar traslado al órgano judicial, Ministerio Fiscal u órgano administrativo donde hubiere surgido la incidencia para que, en su caso, aleguen lo que a su derecho convenga. El oficio de remisión y eventual contestación quedarán unidos al expediente.

El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, tanto en caso de concesión como de denegación o no pronunciamiento, se comunicará a la Defensa de la Abogacía, independientemente de la vía de entrada de la pretensión.

De todas formas, habrá que esperar a la reunión del lunes de la Junta de Gobierno del ICAM para ver qué medidas impulsa la entidad colegial sobre este tema que preocupa e indigna a la abogacía en estos momentos.

Las acciones penales de la Fiscalía contra Alberto González Amador se encuentran a la espera de que el juzgado de instrucción 19 de Madrid admita o no a trámite la denuncia y llame o no a declarar al empresario junto con los otros cuatro querellados.

La Fiscalía también pide que se ofrezca la personación a la Abogacía del Estado en representación de Hacienda, como es habitual en estos casos, y que comparezcan las inspectoras que investigaron las declaraciones fiscales de sus empresas.