Inspectores de Trabajo denuncian que no cobran guardias entre semana, “pero a las empresas que no las pagan las sancionamos”

Con el sugerente título de “Una mirada crítica a la realidad laboral española”, más de 170 inspectores de Trabajo de toda España acudieron al V Congreso del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, celebrado durante dos días en las instalaciones de la Diputación de Córdoba. La principal conclusión para estos profesionales —en pie de guerra con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz por unas reivindicaciones que no se cumplieron y que condujeron a la primera huelga general del colectivo— es que “faltan medios y una gestión adecuada de nuestros puestos de trabajo”, tal y como apuntó Ana Ercoreca, presidenta del sindicato y anfitriona de las jornadas.

“Una mirada crítica de esa realidad laboral subraya que nos faltan medios, tenemos más obligaciones que antes y no es fácil seguir el marco jurídico, que cambia continuamente», señaló esta defensora de lo público. «Sin embargo, nuestra presencia es clave para resolver muchos asuntos”, añadió Ercoreca.

Desde su punto de vista, “se habla de modificaciones legislativas que se harán cuando se concrete la reducción de jornada, pero no viene acompañada de un refuerzo de la inspección de trabajo. Ya hay algunos convenios que se sitúan en 38.5h/39h, pero si se reducen más, debería hacerse desde el diálogo social más que por una norma concreta”.

Ercoreca, inspectora de trabajo desde hace años, forma parte de la plataforma sindical creada para reclamar al Ministerio de Trabajo los medios y recursos que este colectivo necesita para ejercer adecuadamente su profesión. Reconoce que en estos dos días de jornadas ha habido algún contacto y espera que la situación se resuelva lo antes posible porque, tal y como ha expuesto Economist & Jurist en varias ocasiones, la problemática del colectivo es de precariedad laboral.

“Necesitamos una nueva  relación de puestos de trabajo (RPT) que ayude a organizar nuestro trabajo. No es de recibo que nuestro colectivo no cobre las guardias que hacemos entre semana y no perciba ninguna compensación. Si esta situación sucediera en las empresas privadas, estaríamos sancionando. Si un profesional, médico, bombero o similar, estuviera disponible y no se le pagase la guardia, sancionaríamos a la empresa. Nosotros estamos de guardia siete días a la semana, las 24 horas del día”.

Ana Ercoreca (con chaqueta verde) es ya la nueva presidenta de Fedeca. A su lado, Salvador Fuentes, presidente de la Diputación Provincial de Córdoba; Víctor Santos, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía; y Rocío Blanco, consejera de empleo, empresa y trabajo autónomo de la Junta de Andalucía. (Imagen: Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social)

Esta joven directiva, defensora de lo público, es desde hace unos días la nueva presidenta de Fedeca, entidad que engloba a los funcionarios superiores de este país, así como secretaria general de la IALI, organización internacional del trabajo, cuyo comité ejecutivo también estuvo presente en Córdoba. Hay que destacar que siempre ha estado al frente de cualquier reivindicación, más preocupada por el interés global del colectivo que a nivel individual.

Esta inspectora de trabajo nos resume lo más importante de este congreso, que tuvo un acto inaugural en el que participaron Salvador Fuentes, presidente de la Diputación Provincial de Córdoba; Víctor Santos, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía; y Rocío Blanco, consejera de empleo, empresa y trabajo autónomo de la Junta de Andalucía, junto a la propia Ercoreca. “Todos hablaron del papel del colectivo y defendieron una Seguridad Social única, sin transferencias a otras comunidades autónomas”, recordó.

Intensos debates

Así, explicó que la primera ponencia del Congreso, llevada a cabo por Carmen Sáez, catedrática de derecho del trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba, abordó el origen en España de la regulación legal de la jornada de trabajo y cómo ha ido evolucionando el papel del cuerpo de inspección en cuanto a sus obligaciones.

Uno de los puntos clave de este Congreso fue el debate suscitado sobre los despidos por discriminación por enfermedad o conciliación, que están generando litigiosidad en los tribunales. Moderado por Carmen Aumente, jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, participaron Adrián Todolí, profesor titular de derecho del trabajo en la Universidad de Valencia; María Luisa Segoviano, magistrada del Tribunal Constitucional y expresidenta de la Sala IV del Supremo; y Javier Sola, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Palma.

En este debate “se abordaron algunos análisis de sentencias sobre cuándo estos despidos son nulos y qué casuística puede encontrarse. La calificación del despido cuando hay una enfermedad de por medio no es tan fácil, así lo indicaron estos expertos. El Gobierno de España ha aprobado una reforma crucial en el ámbito laboral que elimina el despido automático de los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad permanente. Habrá que ver cómo la entienden las empresas”.

Mesa de gran nivel para hablar del despido por enfermedad. En la foto: Javier Sola, socio director de Cuatrecasas; Carmen Aumente, jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba; María Luisa Segoviano, magistrada del Tribunal Constitucional; y Adrián Todolí, profesor titular de derecho del trabajo en la Universidad de Valencia. (Imagen: Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social)

En la mesa internacional, con representantes de asociaciones de inspectores de otros países y moderada por Félix Peinado, director de la oficina de la OIT en España, participaron Ho Siong Hin, presidente de la Asociación Internacional de la Inspección de Trabajo (IALI); Sergio Voltolini, presidente de la Conferencia Iberoamericana de Inspectores de Trabajo (CIIT); Giancarlo Sponchia, presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Trabajo de Italia (ANIV); y Hans-Horst Konkolewsky, inspector de trabajo en excedencia de Dinamarca y presidente de la Fundación Internacional ORP.

En este panel se habló de “cómo la inspección de trabajo en algunos países ya está utilizando herramientas informáticas. El presidente de la IALI elogió el trabajo de la inspección de trabajo en países como Alemania, Francia o Inglaterra en el tema de Uber y de sus conductores, reconocidos ya como trabajadores por cuenta ajena. El delegado italiano explicó cómo trabaja este colectivo de inspectores en la cesión ilegal de trabajadores, entre otras cuestiones”.

Otro de los debates fue sobre la protección de la salud mental de los trabajadores ante los riesgos psicosociales. Moderado por Ana María Trillo, secretaria del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y jefa de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral en la ITSS de Albacete, participaron Cristóbal Molina, catedrático de derecho del trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Jaén y director del Laboratorio de Riesgo Psicosocial Laboral de Andalucía; Mireya Rifá, expresidenta de Enshpo; y Jesús Rodríguez, jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada.

En este debate se resumió que “se habló de la calificación como accidente de trabajo, el recargo de prestaciones o la falta de medidas, lo que por el momento no genera sanciones para este tipo de situaciones. Por su parte, Mireya destacó que no es sencillo realizar la evaluación de riesgos psicosociales entre las pequeñas y medianas empresas, lo que dificulta su gestión y evaluación pese a la importancia de dichos riesgos. El papel de las empresas pequeñas es diferente al de las grandes”.

La inspección de trabajo en otras jurisdicciones: un debate moderado por Félix Peinado, director de la OIT en España (cuarto por la izquierda). (Imagen: Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social)

Debate sobre indemnización adicional del despido

En otro de los paneles, moderado por Luisa Montesinos, inspectora de Trabajo y Seguridad Social en excedencia, los expertos debatieron sobre la indemnización adicional al despido tras el fallo de la Carta Social Europea. En este debate, las posturas fueron diversas: algunos expertos consideraban necesaria una indemnización fija y reglada que garantizara seguridad jurídica, mientras que otros se inclinaban por una indemnización en función de las circunstancias específicas de cada trabajador.

Entre los intervinientes se encontraban Luis Pérez Capitán, inspector de Trabajo y Seguridad Social y secretario de recursos y estudios de UGT Confederal; Ignasi Beltrán de Heredia, catedrático acreditado (Aneca) de derecho del trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); y María Begoña Rodríguez, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ en Ceuta y Melilla. Todos abordaron la cuestión y coincidieron en que será necesario que el Tribunal Supremo intervenga, según comentó Ercoreca.

En otro debate, moderado por Juan Grangel Vicente, inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia y of counsel de Baker McKenzie, se discutieron los problemas relacionados con la jornada laboral y la desconexión digital.

En esta ocasión, Yolanda Cano, letrada del Gabinete del Tribunal Supremo de 2010 a 2021 y catedrática acreditada de derecho del trabajo y Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos, explicó el Proyecto de Ley que se está preparando sobre este tema. Por su parte, Ana Gómez, presidenta de Asnala; Miriam Ortiz, directora de recursos humanos de la Fundación Jiménez Díaz; y Álvaro Rodríguez de la Calle, inspector de trabajo y Seguridad Social en excedencia y socio laboral de Ecija, reclamaron una legislación sensata, que proporcione seguridad jurídica y que esté basada en el diálogo social.

Clausura: el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, confía que en esta ocasión las necesidades de la inspección se cubran ante lo que se avecina. (Imagen: Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social)

En la última mesa redonda se abordaron cuestiones clave del mercado de trabajo desde la perspectiva de los graduados sociales y su relación con las pymes. «Hay tal cantidad de normas que las empresas están perdidas. Necesitan el apoyo de un profesional externo, como un abogado laboralista, consultor o graduado social», comentaron Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, y Carmen María Castro, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba.

También participaron en la mesa Soledad Serrano, secretaria general del Consejo Económico y Social; Ignacio Conde, catedrático de fundamentos del análisis económico en la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos; junto a Manuel Pimentel, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1999 y 2000 y counsel en Baker McKenzie. Pimentel, en su intervención, habló sobre la sociedad del futuro y la necesidad de mano de obra que se requerirá.

El evento, que reunió a inspectores de trabajo, graduados sociales, abogados, jueces, catedráticos y miembros de la administración, culminó con la clausura a cargo del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, quien se comprometió a atender las demandas de la inspección de trabajo. Además, anunció que en 2026 la ciudad oscense de Jaca será la sede del próximo congreso de esta organización sindical de inspectores. «Ahora lo importante es que la reducción de jornada se apruebe en la mesa de diálogo social por consenso». Ese fue el sentir de muchos ponentes.