Joan Martínez, presidente del CICAC: “La abogacía institucional debe ser oída en la configuración de los tribunales de instancia”

Fue en el último Pleno del Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) cuando el actual decano del Col.legi d’Advocats de Granollers Vallès Oriental (Icavor), Joan Martínez, fue nombrado presidente de esta entidad colegial, que agrupa a los catorce colegios de abogados de Cataluña, en sustitución de la hasta ahora presidenta de la institución, la decana de Tortosa (Tarragona), Marta Martínez, que deja el cargo tras expirar su año de mandato.

Los otros cargos de la junta directiva también se modifican, de tal manera que el decano del Col.legi de Manresa (Barcelona), David Casellas, asumirá las funciones de vicepresidente; el decano de Girona, Albert Sierra, la de tesorero; y la decana de Lleida, Antònia Martí, la secretaría.

Joan Martínez, de 59 años, se licenció en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en 1994. También es especialista en Derecho Penal, ejerce por cuenta propia desde su despacho de Granollers (Barcelona) y es abogado del Turno de Oficio.

Cumple ahora su segundo mandato como decano de Granollers y es consciente del momento clave que vive la abogacía en nuestro país. “Junto con la reivindicación a la pasarela de pago y a unas pensiones dignas, también es importante las mejoras en el Turno de Oficio. Es el momento de dignificar nuestra profesión, que defiende los derechos de los ciudadanos”, comenta a este diario.

En su opinión, “hay que hablar de una abogacía única y unida —esa es la fuerza de nuestra entidad— a través de instituciones como el CICAC y el Colegio General de la Abogacía Española (CGAE). La verdad es que el cambio generado por la llegada de Salvador González, como nuevo presidente de esta entidad, era necesario. Creo que su trabajo y el de su equipo está ahí, y está luchando porque la voz de la abogacía se oiga en todas las instituciones y que nuestro colectivo pueda participar en las reformas clave de nuestro país. La Ley Orgánica de Derecho a la Defensa ha sido un paso muy importante, pero se nos tiene que oír en todos los foros”.

Para este abogado penalista, “otra normativa clave es la Ley de Eficiencia Organizativa en el Servicio Público de Justicia. Se va a cambiar de forma radical el modelo de Justicia que hay en nuestro país, con la entrada de los tribunales de instancia, pero por el momento la abogacía institucional no ha podido opinar sobre dicha reforma. Nosotros estamos en los juzgados y creemos que podemos aportar mucho en esta reforma que se avecina para mejorar la litigiosidad de nuestra Justicia”.

Al mismo tiempo, añade que “nos preocupa cómo va a quedar este modelo nuevo de Justicia, en el que creemos clave mantener el concepto de Justicia de proximidad con los jueces de paz, que hacen un papel importante en Cataluña. Hará falta una notable inversión para ponerse en marcha. Por el momento, no se nos está consultando sobre estos cambios, tampoco a fiscalía y judicatura. Está más en la órbita de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Nos gustaría participar de forma más activa en la implantación de este nuevo modelo de Justicia”.

Negociación CICAC y Generalitat: En el lado derecho, junto a Joan Martínez, están David Casellas, decano de Manresa; Marta Martínez, de Tortosa; y Jesús Sánchez, decano de Barcelona. En el otro lado, el Conseller de Justicia, Ramón Espalader y la directora general de Justicia, Maite Casado. (Imagen: CICAC)

Como penalista, este jurista se une al debate abierto por el Gobierno sobre la actualización de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim): “Ha llegado el momento de actualizarse. En países de nuestro entorno, la instrucción la lleva el fiscal; y en el caso de Francia, han impulsado la figura de los jueces de garantías, otro paso interesante. Son modelos que ya funcionan y que tendríamos que ver cómo adaptarlos en nuestro país”.

Uno de los problemas de la jurisdicción penal son sus instrucciones tan largas que en algunas situaciones no se prorrogan conforme a la ley, con lo cual el asunto deviene en la nulidad de actuaciones. En este sentido, explica que “es fundamental trabajar mejor en un sistema garantista que evite este tipo de incidentes que perjudica la resolución del procedimiento. La jurisdicción penal debe ser más garantista para proteger mejor los derechos de los ciudadanos”.

Acuerdo Turno de Oficio

Sobre el año que acaba ahora, Martínez cree que las buenas relaciones que hay con la Generalitat han propiciado una mejora en los baremos del Turno de Oficio que permitirá incrementar en un 13,2% las aportaciones totales del Gobierno a las retribuciones de los abogados y abogadas inscritos en el sistema de justicia gratuita.

Esto supone aumentar —de cara al próximo año— en 8 millones de euros la partida destinada a estos pagos, que pasa de 60 a 68 millones de euros, que se destinarán exclusivamente a mejorar las condiciones de los abogados. Por tanto, la partida total para el TOAD, que incluye todos los gastos del servicio, asciende igualmente de 64 a 72 millones.

También se incorporará una compensación económica de 50 euros para aquellos que lleven a cabo guardias en los partidos judiciales de penal-detenidos, violencia machista, extranjería y menores infractores. El acuerdo contempla, también, medidas como la creación de nuevos módulos, entre ellos uno específico para la asistencia a menores atendidos en Barnahus y otro destinado a víctimas de violencia machista internas en centros penitenciarios.

Además, se prevé incrementar el número de profesionales de guardia en los partidos judiciales con déficit de efectivos, ampliar las compensaciones por actuaciones de mediación, incluso en casos de acuerdos parciales, y establecer nuevos criterios más objetivos para determinados módulos. Finalmente, se busca lograr un mayor reequilibrio territorial en la prestación del servicio.

Para Joan Martínez, este “es el acuerdo para el Turno de Oficio más importante de los últimos 15 años y un paso esencial que rompe el bloqueo que arrastrábamos desde hace demasiados años, pero también somos muy conscientes de que todavía no se resuelven todas las necesidades que tenemos”.

Joan Martínez con Marga Cerro y Fernando Santoclides, durante las jornadas de septiembre del CGAE sobre violencia de género. (Imagen: Abogacía Española)

Desde su punto de vista, “lo ideal sería tener una subida automática todos los años de las retribuciones del Turno de Oficio. Se trata de dignificar una actividad que la abogacía realiza en toda España las 24 horas de los 365 días del año. Nosotros tenemos informes que revelan que debe aún mejorarse las actuaciones de nuestros abogados. Los catorce colegios del CICAC consideran que se necesitan mejoras”.

A su juicio, «compartimos los puntos de vista del CGAE que habla de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La actual es de 1996 y debe modificarse. Nuestros colegios participan en las Comisiones del Turno de Oficio y Normativa del propio CGAE, donde damos nuestros puntos de vista».

Honorarios y pensiones justas

A nuestro interlocutor también le preocupa la cuestión de los honorarios y la fijación de costas, un asunto que ha generado problemas en la abogacía y que con el amparo de la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa permite a los colegios fijar esos criterios orientativos. Por lo que contamos hace unos días, será el CGAE —con una comisión que dirige Javier Caballero, exdecano de Pamplona— quien se va a encargar de ello. “Urge contar con estos criterios, porque tanto el abogado como los ciudadanos deben saber lo que les va a costar su pleito en el caso de que lo pierdan”, expresa Martínez.

En cuanto al tema de las mutualidades y la búsqueda de pensiones dignas para los abogados mutualistas, “compartimos el punto de vista del presidente del CGAE sobre este asunto. Le ha dado un empujón importante a este asunto que preocupa a tantos compañeros abogados. Nos preocupa mucho el tema, somos partidarios de la pasarela al RETA como opción que se da al mutualista y que no se puede negar a nadie, pero tenemos que ver realmente cómo se hace ese tránsito. Si se va a dar un paso hacia la Seguridad Social debe hacerse en las mejores condiciones”.

En este contexto, una de las alternativas que se plantea es el que el abogado mutualista pudiera pasar el capital que tiene en la mutua a la Seguridad Social: “Esa es una de las opciones que está encima de la mesa. Este año 2025 debe ser el año para resolver este asunto. Nosotros, como Cicac, tendremos reuniones con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para tratar estos temas y ver qué es lo más favorable. Sabemos que las propuestas del Ministerio, por el momento, no son las mejores, pero están abiertos a negociar y eso es importante. Nosotros vamos con argumentos e informes para que se nos escuche”.

Llegados a este punto, Martínez aclara que la presidencia del CICAC es a titulo representativo. “No hay presidencialismos. Realmente somos los catorce colegios los que tomamos las decisiones, por eso son mandatos de un año. Se trata de que este organismo sea muy participativo a lo largo del mandato de cada presidente. La subida que hemos logrado del Turno de Oficio ya arrancó de años atrás con el apoyo de otros presidentes y decanos que han sido consejeros del CICAC. La fuerza de esta entidad es que somos catorce colegios y hay una unidad de actuación”, concluye.