Joaquim Bosch, magistrado: “La corrupción detrae 40.000 millones de euros anuales de nuestro Estado de Bienestar”

Juez de instrucción y de primera instancia en Moncada (Valencia) en los últimos años y uno de los magistrados con más carisma de nuestro país, Joaquim Bosch, que fue portavoz nacional de Jueces y Juezas para la Democracia entre 2012 y 2016, subraya en su última obra La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España, un análisis detallado de la corrupción en nuestro país, ahora en primer plano por la trama de las mascarillas que implica a altos cargos del PSOE.

En un estudio detallado de este fenómeno, casi crónico en nuestra sociedad, este magistrado hace un análisis de su origen en el franquismo y cómo a lo largo de los años se ha transformado desde la falta de controles en el sector público y la actividad de los partidos políticos.

“Nuestra corrupción está muy vinculada al ámbito político, tenemos los niveles más altos de Europa, se acercan de forma preocupante en Centroamérica. Una comparación interesante es la de España con Italia. En este país, especialmente en el sur de Italia hay más corrupción que en nuestro país, por la acción de los grupos organizados, mafias y más policías y funcionarios. En ese libro lo explico que todo viene del franquismo y como se tuvo que articular la transición en muy poco tiempo”, explica.

Al final aclara que “se ha generado un sistema de partidos con mucho poder, con pocos controles internos y que con las sentencias en la mano que hemos analizado se han financiado gracias a la corrupción de los principales partidos políticos de nuestro país. Cuarenta años después todo sigue igual, tienen muy pocos controles externos sobre sus ingresos y gastos. Esa financiación externa ha mantenido estructuras de corrupción en su seno”.

Al mismo tiempo nos aclara que “en España los indultos por corrupción multiplican por once al resto de delitos. No es una casualidad. Hay un trato claro de favor del poder político hacia los suyos. Al mismo tiempo hay muy poca autocritica entre los partidos políticos sobre estos temas. Cuando hay un caso de este tipo se arremete contra el contrario y se protege a los suyos. Así es difícil que trabajen de forma conjunta para resolverlo”.

Junto a ello, este magistrado denuncia que “estas formaciones políticas han colonizado los mayores espacios de contratación pública y organismos de control como son los casos ahora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y otra una serie de organismos que deberían ser de equilibrio institucional, pero al ser controlados por los partidos no pueden ejercer esa función”.

Pese a ello, Bosch está convencido de que “la mayor parte de nuestros políticos son gente honrada y trabajadora. El problema son esas manzanas podridas que hay en nuestra sociedad que se lucran a costa de todos. Urge un pacto de Estado para frenar esta lacra aunque la situación de polarización del país no invite a que se vaya a lograr nada bueno por el momento”.

La última noticia que comentamos es la petición de Sumar, partido de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo e Inclusión Social, de crear un organismo relacionado con la prevención de la corrupción. “No sería necesario si se aprobase la Autoridad Independiente que viene en la Ley de protección al informante 2/2023 que ha traspuesto de forma tardía la directiva Whistleblowing de 1999, de forma irregular. Urge tener esa Autoridad como elemento clave para proteger a los denunciantes, ahora en un limbo legal”.

Joaquim Bosch, un magistrado que ha estudiado a fondo el fenómeno de la corrupción: “Hay que trabajar desde la prevención para frenarla. (Imagen: Cesión propia)

Corrupción política sobre todo

Su reflexión tras haber escrito este libro, un informe amplio de los últimos años en nuestro país, documentado con sentencias claves, es que “la corrupción está instalada en nuestras instituciones. Hay condenados, encausados o en prisión provisional en la mayor parte de territorios autonómicos, presidentes, consejeros, alcaldes y concejales. Lo peor es que parece que nos hemos acostumbrado a estas situaciones. Muchos de estos casos no se detectan pero es un fenómeno preocupante, ahora de actualidad por el llamado caso Koldo, del que cada día tenemos una noticia nueva”.

En su libro, Bosch habla del coste económico de la corrupción: “todos los estudios sitúan el daño económico en unos 40.000 millones de euros y esto va en la línea de las estimaciones que ha hecho la CNMC sobre la desviación que hay en los precios a los que se tenían que sacar las licitaciones públicas y a los precios de la competencia en este país. A nivel internacional, se comprueba que los países con menores niveles de corrupción tienen un mejor nivel de vida, como son los casos de Dinamarca, Suiza, Alemania o Nueva Zelanda”.

A juicio de este jurista, “estos países han acabado con las bolsas de pobreza porque han sabido gestionar mejor los recursos públicos. Han llevado su potencial económico al máximo nivel. En nuestro caso no podemos tener un nivel de calidad de vida que estos países. En España siempre vamos tarde en casos de corrupción, tardamos mucho en llevar al Código Penal delitos vinculados con la financiación de los partidos políticos. Están fallando bastante los mecanismos de prevención porque no están bien desarrollados”.

Para Bosch, hay que trabajar en “la prevención y la transparencia, generando estructuras éticas que ayudarían a mejorar los procedimientos de contratación pública y una mejor vigilancia de los espacios de poder político son las claves de la lucha contra la corrupción frente a la respuesta judicial que llega tarde por falta de medios. En algunas ocasiones los asuntos duran años y las instrucciones se archivan. No parece lógico que se tenga una sentencia firme nueve años después de ese hecho”.

Al final recuerda que “los delitos que llegan a los juzgados son solo la punta del iceberg. Son difíciles de detectar porque no dejan rastro en muchas de las ocasiones. Arreglarlo por la vía penal es una ingenuidad porque nos llegan muy pocos asuntos. Lo más importante es evitar que se puedan producir esos delitos porque este tipo de actuaciones causan un daño grave a la sociedad y es difícil su reparación”.

A su juicio, “otra medida importante preventiva sería que funcionaran los controles internos en las administraciones públicas. En España hay decenas de miles de asesores, cargos de confianza elegidos por el alcalde, presidente de la diputación de CC. AA. que son puestos de confianza, pero son personas sin preparación adecuada que, en un momento dado, pueden meter la mano en la caja con total impunidad. Esta figura no tiene equivalente en otros países democráticos de nuestro entorno, por cierto”.

Fiscal General del Estado y Agencias Antifraude de Valencia, Cataluña, Andalucía y Baleares a la espera de que se cree la Autoridad Independiente de Protección al Informante (Imagen: Fiscalía General del Estado)

Comisiones de investigación de cara a la galería

En su opinión, “lo hemos visto con el caso Koldo ahora, como una persona de confianza, en este caso de un partido como es el PSOE, ha generado un caso de corrupción. Y así ha sido en otras tramas corruptas. Son elementos problemáticos y acabar con estos cargos de confianza sería un elemento necesario y clave para la lucha contra la corrupción en nuestro país”.

En este tipo de situaciones reconoce que a veces las comisiones de investigación que se crean a nivel parlamentario no ayudan demasiado a las investigaciones judiciales y pueden generar interferencias: “A menudo se tratan de iniciativas de cara a la galería para tratar algún tipo de beneficio particular y no siempre son productivas. Lo importante es que no se solapen con la actuación judicial. Hay que separar la responsabilidad penal de la responsabilidad política, eso lo tengo claro”.

Sobre esta cuestión destaca que “en el ámbito penal son los órganos competentes judiciales los que deben actuar, pero es cierto que en el ámbito de la responsabilidad política las comisiones de investigación parlamentarias sí que pueden ser un instrumento adecuado, siempre y cuando se enfoquen de forma correcta”.

En cuanto a la trama de las mascarillas, que hoy es portada un día sí y otro también de los medios de comunicación, “fue una etapa complicada donde no hubo controles ante la situación de emergencia, lo que hizo que algunos se beneficiaran para lucrarse. Es algo que no me sorprende en absoluto. Durante la pandemia se produjeron muchas prácticas irregulares, los procedimientos de adjudicación en licitaciones públicas se relajaron mucho. Los controles se eliminaron y la corrupción está aflorando”.

Bosch, que ha incluido en este último libro suyo muchas sentencias probatorias de casos de corrupción, “cuando hay una práctica irregular está comprobado que hay un sobrecoste para que se repartan el beneficio entre la empresa y el cargo público corrupto. Si el precio de mercado es la regla general, es difícil que haya sobrecoste. Siempre que haya adjudicaciones públicas que superen en tres o cuatro puntos el precio de mercado hay que activar controles internos”.

Hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo públicamente que iba a ser implacable ante la corrupción, pero “en el ámbito de la prevención debería mejorarse la legislación de contratos públicos para que esas adjudicaciones fueran lo más objetivas posibles. Es muy importante incorporar mecanismos de transparencia porque sabemos que la corrupción se perpetra en la oscuridad. Hay que saber cómo funcionan las administraciones y las tesorerías de los partidos políticos”.

Trasparencia Internacional señala que las presiones del Gobierno y los partidos políticos contra los jueces debilitan la lucha contra la corrupción en España. (Imagen: Transparencia Internacional)

Urge una nueva Lecrim

Al mismo tiempo, “cree que es crucial mejorar las infraestructuras éticas y los controles internos y externos. Y en el ámbito de la persecución de estos delitos es muy importante que los juzgados de instrucción dispongamos de muchos más medios de los que tenemos. Las tramas corruptas tienen más medios para eludir la acción de la justicia que nosotros”.

En este contexto, “sería muy positivo que se aprobase un nuevo Código Procesal Penal y es curioso porque todas las fuerzas políticas están de acuerdo en ello, pero pasan los años y seguimos con una Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) del siglo XIX y con ella se pretende combatir la corrupción política y la delincuencia económica del Siglo XXI, no tiene sentido. Necesitamos más dotación presupuestaria y una mejor organización del proceso penal farragoso que dificulta las investigaciones y procesalmente invita a recurrir todo con lo cual las causas se dilatan”.

Para Bosch, la irrupción de los nuevos delitos derivados de la tecnología “esto ha hecho cambiar el trabajo de los jueces instructores. Antes no había delitos informáticos apenas y actualmente gran parte de mi tiempo como juez de instructor dedico parte de mi tiempo a estos asuntos tecnológicos. Ahora hay una nueva delincuencia basada en los fraudes online vinculados a portales de Internet o a falsas entidades bancarias. Aquí lo que haría falta más formación y más medios para la policía judicial porque son delitos difíciles de investigar”.

También debería separarse la responsabilidad penal de la política que se hace poco en España. Hay conductas que no pueden ser delictivas, pero son inmorales deben comportar la dimisión del cargo público, como es el caso de Ábalos, exministro de Transportes. En otros países hay políticos que dimitieron por plagiar una tesis doctoral o por infracciones de tráfico. Hay que darse cuenta que la ejemplaridad es importante para un cargo público”.

En la historia de la delincuencia económica, la llegada del compliance tras las reformas del 2010 y 2015 del Código Penal ha sido un elemento clave para que las empresas, sobre todo a nivel privado establezcan sus políticas de prevención y mapas de riesgos “es una figura positiva que ha provocado cambios importantes en materia de prevención. Instrumentos derivados del compliance deberían aplicarse en las propias administraciones públicas”.

Esta política de compliance ha ayudado a una mejor gestión de los fondos europeos: “La Unión Europa nos pidió que tuviéramos planes antifraudes y en este escenario las empresas adjudicatarias de esos fondos se vieron obligadas a diseñar planes antifraude, que no han sido ni más ni menos que políticas claras de compliance para empresas del sector público. Igual con la Ley de protección de denunciantes de corrupción, si Europa no nos hubiera obligado no tendríamos esa Ley en nuestro país”, concluye.