José Antonio Nieto, consejero de Justicia andaluz: «Al Ministerio de Justicia le ha faltado liderazgo para gestionar la reforma de los tribunales de instancia»

En vísperas de la Conferencia Sectorial, que tendrá lugar los días 3 y 4 de abril en Barcelona, entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas (CC. AA.) con competencias transferidas en Justicia, José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, es consciente del momento clave que vive la justicia española con este cambio de modelo, a través de la Ley 1/2025 de eficiencia en la justicia, que impulsa los tribunales de instancia e incorpora los métodos alternativos de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad antes de interponer justicia.

Las últimas huelgas de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y funcionarios de Justicia durante los primeros meses de 2023 han dejado muy maltrechos a los juzgados españoles. Una CC. AA. como Andalucía, la de mayor tamaño del país, aumentó un 16% los casos en las jurisdicciones Civil y Social en 2024. El número de asuntos ingresados, por el contrario, disminuyó en los órdenes jurisdiccionales Penal un 3,3% y en lo Contencioso un 19,6%.

Los órganos judiciales de Andalucía recibieron durante 2024 un 4,6% más de nuevos asuntos que el año anterior, al haberse registrado un total de 1.434.551. La capacidad de resolución de los tribunales también creció, y el total de asuntos resueltos (1.340.223) experimentó un incremento interanual del 5%. Pese a ello, los asuntos que quedaron en trámite a 31 de diciembre (862.511) aumentaron un 13,8%.

El mapa judicial andaluz está formado por 744 órganos unipersonales, 40 secciones de audiencias provinciales y 700 juzgados de paz. Andalucía cuenta con 85 partidos judiciales, que se convertirían en 85 tribunales de instancia, absorbiendo los órganos unipersonales. Las secciones de las audiencias se mantienen, y los juzgados de paz se convierten en oficinas municipales de información cuando se despliegue todo el nuevo modelo.

Preguntado por este medio de comunicación, José Antonio Nieto considera que «esta reforma es una mezcla de ilusión. La música de esta reforma me gusta, la letra no tanto, y algunos artículos de la ley, muy poco. Nos estamos jugando mucho con esta reforma, y estamos perplejos ante cómo está abordando este cambio de modelo el Ministerio de Justicia. Está actuando como una CCAA cuando debería estar liderando esta iniciativa, como referente que debería sostener e impulsar estos cambios. Esa ley no se ha consensuado con las CCAA. Mañana entran en vigor los MASC y la sensación de caos en los juzgados es evidente».

El consejero Nieto entre Sofía Puente, secretaria general técnica; y Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia. (Imagen: Consejería de Justicia)

El consejero Nieto es consciente de que, respecto al Turno de Oficio, tendrán que alcanzar un acuerdo para cubrir esa asistencia que deben prestar los abogados de acuerdo con lo que establece la Ley. «Nosotros tendremos que asumir ese coste adicional. El Ministerio no está siendo el líder del cambio que se espera en nuestro país. Además, hay un coste económico importante en toda esta reforma que, por el momento, pese a que algunas CC. AA. hemos pedido cofinanciación, no se ha conseguido», critica.

Sobre la sectorial de mañana y pasado en Barcelona, ya ha saltado la polémica. Pese a que varias CC. AA. querían introducir varios puntos de debate, como la financiación o un análisis sobre los MASC, el Ministerio de Félix Bolaños ha fijado un único punto del día sobre la implementación de estos tribunales de instancia, que se desplegarán a lo largo de 2025 en tres fases. «No se han atendido nuestras peticiones relacionadas con modificar las aportaciones del Gobierno a las CC. AA. en los decretos de transferencia».

CC. AA. piden cofinanciación

Nieto recuerda que el acuerdo de gestión de la competencia de Justicia se firmó en 1997 con unas cantidades determinadas. En ese momento, el Ministerio dejó de hacerse cargo de la competencia y se comprometió a garantizar su financiación. Además, existía una cláusula que establecía que, si no había cambios, las condiciones se mantendrían, pero, en caso de modificaciones, sería necesario revisarlas. Sin embargo, los costes se han elevado, y el Ministerio no quiere asumir su responsabilidad. «Solo la transformación de los juzgados en la primera fase nos supone más de seis millones de euros de coste», señala.

El consejero andaluz también recuerda que la ley se publicó el 2 de enero, cuando los presupuestos autonómicos ya estaban aprobados desde diciembre. «Eso hace que nuestro margen de maniobra sea limitado. Frente a ello, no hemos tenido una respuesta clara por parte de Justicia. Hasta ahora, la reforma no se ha debatido en ningún órgano de cooperación existente. Esta transformación de la justicia se ha aprobado por iniciativa de algunos partidos independentistas, sin que se haya querido que fuera el resultado de un pacto entre los grandes partidos políticos. Sin medios, algunas CC. AA. van a verse obligadas a limitar el alcance de la reforma de los tribunales de instancia ante la falta de liderazgo del Ministerio», advierte.

Desde su punto de vista, la norma presenta ciertas incongruencias, como la puesta en marcha de las oficinas municipales de justicia sin eliminar los juzgados de paz, a pesar del acuerdo alcanzado por el Gobierno con Junts per Catalunya. «Eso no se entiende. Sabemos que el secretario de Estado, Manuel Olmedo, ya ha dicho en otro foro que el Ministerio puso dinero para la ley. Lo que realmente hizo fue repartir una serie de fondos europeos: una parte fue al Gobierno y otra a las CC. AA. tras la pandemia. En aquel momento, la ley aún no estaba aprobada», subraya.

Félix Bolaños, ministro de Justicia, y José Antonio Nieto, consejero andaluz en una reunión de trabajo en Madrid. (Imagen: Consejería de Justicia)

En su opinión, la Ley 1/2025 implica unos gastos muy elevados, y el Ministerio debe asumir su corresponsabilidad. «Estamos generando un agravio entre las CC. AA. que no tienen la competencia transferida y aquellas que tendremos que asumir estos gastos por nuestra cuenta. Es un desajuste grave entre territorios», opina.

Plazos de despliegue unilaterales

Sobre los plazos fijados para el despliegue de los tribunales de instancia, Nieto señala que «han sido establecidos de forma unilateral, sin pactarlos con las CC. AA. En nuestro caso, vamos a trabajar al máximo para que los juzgados andaluces que deban convertirse en tribunales de instancia el próximo 30 de junio lo estén. El esfuerzo que se está realizando en Andalucía por parte de todos los operadores jurídicos y de la propia Consejería de Justicia es enorme, con un importante desembolso económico, debido al momento en que se aprobó la ley y a la falta de una planificación sensata de la reforma».

A juicio del consejero andaluz, «la transformación que se plantea es relevante. Los 85 partidos judiciales se convertirán en otros tantos tribunales de instancia. Sin embargo, debido a la falta de diálogo, no podremos optimizar ni garantizar una modernización de la justicia en todos los territorios. En los partidos judiciales con un solo juez, seguirá habiendo un solo juez, aunque se le llame tribunal de instancia. En estos casos, no habrá ninguna mejora con respecto a la situación anterior. En la primera fase, 70 partidos judiciales entrarán en vigor el 30 de junio, mientras que otros cinco, con más de seis jueces, pasarán a la siguiente fase».

En cuanto a la entrada en vigor de los MASC mañana, José Antonio Nieto advierte que «ante la falta de liderazgo por parte del Ministerio, existe un problema de inseguridad jurídica con múltiples criterios orientativos. Todos coincidimos en la necesidad de descongestionar los juzgados, pero la medida no se ha articulado de manera adecuada, coherente ni coordinada. La reforma entra en vigor mañana, y los abogados están desconcertados, lo que ha provocado la interposición de cientos de demandas para adelantarse a la ley. Hay demasiadas dudas interpretativas».

Nieto considera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe establecer lo antes posible unos criterios interpretativos uniformes sobre los MASC. «Nosotros lo entendemos así, pero desde el CGPJ nos indican que debe existir un respeto entre instituciones. Nos dicen que lo lógico sería que hubiera una propuesta desde la administración, que debería ser consensuada entre el Ministerio y las CC. AA. para que el CGPJ pudiera pronunciarse. Sin embargo, hasta ahora no hemos logrado alcanzar ese consenso con el propio Ministerio de Justicia», conluye.