José Luis Ábalos, citado a declarar voluntariamente y como investigado por el Tribunal Supremo
José Luis Ábalos. (Imagen: RTVE)
José Luis Ábalos, citado a declarar voluntariamente y como investigado por el Tribunal Supremo
José Luis Ábalos. (Imagen: RTVE)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha citado a declarar al diputado y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien como imputado en la trama Koldo por la presunta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia podrá acudir —el próximo 12 de diciembre y de forma voluntaria— al Tribunal.
Tal y como ha informado el magistrado encargado de resolver el caso, Leopoldo Puente, a través de un auto, la decisión de ofrecer al investigado la posibilidad de declarar voluntariamente responde, única y exclusivamente, a lo previsto en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya literalidad busca asegurar el derecho de defensa de los implicados en un proceso judicial.
En este sentido, ha solicitado al exdiputado que manifieste, con la mayor brevedad, si va a a acudir o no a la citada declaración. Por otro lado, también ha citado a declarar como investigados al empresario Víctor de Aldama y a Koldo García, asesor del entonces ministro, quienes tendrán que personarse en el Tribunal los próximos 16 y 17 de diciembre, respectivamente.
El instructor también ha acordado asumir la competencia para investigar a De Aldama y a García por hechos que están «directa e inescindiblemente» relacionados con posibles actuaciones del aforado. Según el juez, los hechos que conforman el marco de esta causa se refieren a la adjudicación de contratos entre la Administración o entidades vinculadas a ella y empresas privadas, o a conductas equivalentes.
De Aldama y Koldo, investigados por el Supremo
Según la exposición razonada, De Aldama sería la persona que, en beneficio propio y de terceros, mediante determinados pagos o contraprestaciones económicas y aprovechando su influencia sobre Koldo García y José Luis Ábalos, habría logrado la adjudicación de contratos, principalmente con Puertos del Estado y ADIF, pero también con otras administraciones o entidades vinculadas a ellas, con un beneficio económico propio.
En cuanto a Koldo García, asesor del entonces ministro, según los indicios de las investigaciones realizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, se habría comportado como intermediario entre la Administración o entidades vinculadas a ella y las empresas privadas, actuando como enlace entre Víctor de Aldama y José Luis Ábalos.
El instructor indica que los pagos que De Aldama, «en los términos indiciarios propios de esta fase inicial de la investigación, podría haber realizado a los dos primeros», están inescindiblemente vinculados a los cobros. Además, no es posible separar las gestiones intermediadoras atribuidas a Koldo García del impacto que estas pudieran haber tenido sobre la persona del aforado. Se comprendería fácilmente el vínculo entre estas imputaciones si se consideraran resoluciones distintas en las que, por ejemplo, se desestimara la existencia de los pagos, mientras otras confirmaran la realidad de los cobros.
El instructor señala que el Juzgado Central de Instrucción número 2 debe continuar con la investigación de las diligencias previas con respecto a todos los demás investigados, así como otros hechos no relacionados con el aforado que podrían ser atribuidos a De Aldama y García, como delitos contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.
Por último, el instructor otorga un plazo de tres días a las seis acusaciones populares —Partido Popular, Vox, Hazteoir.org, la asociación Liberum, el sindicato Manos Limpias y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa—, que están personadas provisionalmente en la causa, para que informen sobre la posibilidad de acumularlas en una única acusación
