José Luis Ortiz: «La forense ha desmontado la estrategia dilatoria del CEO de Sempi Gold»
Según explica, Ruiz "alegó que no podía declarar porque estaba enfermo, pero se ha demostrado que todo era cuento"
José Luis Ortiz va a pedir a la instructora que decrete prisión sin fianza para Gabriel Ruiz
José Luis Ortiz: «La forense ha desmontado la estrategia dilatoria del CEO de Sempi Gold»
Según explica, Ruiz "alegó que no podía declarar porque estaba enfermo, pero se ha demostrado que todo era cuento"
José Luis Ortiz va a pedir a la instructora que decrete prisión sin fianza para Gabriel Ruiz
«La forense ha desmontado la estrategia dilatoria del CEO de Sempi Gold, Gabriel Ruiz, y tendrá que declarar como investigado el próximo miércoles, 3 de abril». Así lo declara a Economist & Jurist el abogado José Luis Ortiz Miranda, socio-director de Bufete Ortiz Abogados, de Cádiz, quien representa «a más de 400 perjudicados» de la presunta estafa piramidal y apropiación indebida masiva, «que ascienden a más de 3.600, procedentes de toda la geografía nacional, aunque de momento, se han personado en la causa en torno a 2.000, que reclaman un montante global superior a los 50 millones de euros».
Gabriel Ruiz –presidente, CEO, y administrador de Sempi Gold y del conglomerado de sociedades que la rodean–, estaba citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional (AN) el pasado 14 de marzo, junto a sus dos principales ejecutivos, J. M. C. C. y D. R. V. Sin embargo, según afirma Ortiz, «intentó eludir su declaración con un escrito señalando que tenía un cardiopatía y que no podía declarar porque temía por su salud, y para ello presentó como prueba un certificado médico».
La magistrada instructora del caso, María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción 3, «atendiendo a la petición de la acusación particular acordó que un forense de Jerez visitara a Gabriel Ruiz en su domicilio, de forma urgente, para examinarle», explica el socio director de Bufete Ortiz Abogados.
Según informa este letrado, «la exploración arrojó que este señor estaba en perfectas condiciones». A Ortiz no le extraña que el informe médico «fuera escrito al dictado por alguna persona de confianza de Gabriel Ruiz».
Atendiendo al resultado de la exploración, Gabriel Ruiz ha sido citado a declarar el próximo miércoles, 3 de abril, a las diez de la mañana, en los Juzgados de Jerez, para que declare por videoconferencia. Para ese día también estaba citado el director financiero del Grupo Sempi Gold, pero su abogado ha informado que falleció a finales de febrero.
José Luis Ortiz espera que la magistrada instructora, «a la vista de la cantidad de pruebas absolutamente demoledoras que hay contra el cerebro de la trama, que demuestran que se ha quedado con el dinero de los inversores, o bien directamente o desviándolo a sociedades pantalla que tienen creadas exprofeso, acuerde su ingreso en prisión sin fianza».
Las acusaciones particulares van a reclamar esta medida, porque entienden que «hay un elevado riesgo de fuga». «Máxime con el dineral que maneja sustraído a tantísimos afectados», sostiene José Luis Ortiz. Espera que el fiscal apoye la petición de la acusación particular, «teniendo en cuenta el montante de lo defraudado y la pluralidad de perjudicados».
La instrucción de este caso dura ya tres años, las Diligencias Previas datan de marzo de 2021 (33/2021). Los querellados son ocho personas físicas –Gabriel Ruiz; el director financiero, D.T.S.; el director comercial, F.P.M.; los delegados de ventas de cada zona– y tres sociedades jurídicas: Sempi Gold España SA, Oroinformación SL y Sempi Silver SL. Los delitos que se les imputan son organización criminal organizada, falsedad en documento mercantil, estafa piramidal masiva, insolvencia punible, alzamiento de bienes y evasión de capitales a terceros países.
Lingotes de oro falsos de fragua de hierro y pintados de amarillo
Según el director de Bufete Ortiz, Gabriel Ruiz «se dedicó a vender supuestos lingotes y láminas de oro como inversión super segura a través de sus delegaciones -hasta 22, con sede central en Jerez de la Frontera- a multitud de minoristas y consumidores». «Inversores conservadores –por lo menos los míos– que pensaban que estaban invirtiendo en un valor refugio, que nunca pierde y que depositando su dinero en dicha inversión, el mismo estaba a buen recaudo y garantizada su devolución», relata.
La cantidad mínima que invirtieron los clientes de Ortiz fueron 5.000 euros y la máxima, 375.000. Entre ellos hay un ingeniero jefe de astilleros, tres farmacéuticos, médicos, empleados de Ruiz y varias empresas. El montante total del colectivo que él representa está en torno a los 6 millones de euros.
«El señuelo de venta era que ante la volatilidad del Euríbor, en el oro está siempre garantizada su inversión inicial y una pequeña revalorización, por lo que es ultraseguro», explica Ortiz.
Sin embargo, denuncia que «Gabriel Ruiz, junto a su equipo de confianza, formado por altos directivos e incluido por su hija Raquel, en vez de emplear el dinero en la compra de metales, presuntamente lo enviaban a paraísos fiscales o se lo han embolsado directamente».
«Y el oro, como tal, que garantizaba la inversión, en vez de comprarlo en el mercado de metales de Hamburgo (Alemania), se encargaba a una herrería que les fabricaba lingotes de oro falsos, de fragua de hierro y pintados de amarillo con spray, del mismo tamaño, peso y forma de un lingote. Y después se lo llevaba a las empresas de seguridad Prosegur y Lumis dentro de una saca», añade.
Según explica este letrado, en una orden de entrada y registro, se descubrieron los lingotes falsos en la casa de Gabriel Ruiz, metidos en una cámara acorazada, y también en las de las empresas de seguridad.
Primero acudió a la vía civil
Inicialmente, Ortiz no optó por la vía penal, «porque no sabía que esto era una estafa piramidal, sino que era como las preferentes», por lo que presentó demandas civiles por vicio/error en el consentimiento. Lo que le «abrió los ojos» fue que tras ganar las primeras tres sentencias en la vía civil, «las empresas estaban cerradas a cal y canto y con todos los empleados en la calle, y encima descubrió que ni siquiera se habían tomado la molestia de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil». Ortiz presentó la querella en abril de 2022.