José Luis Ortiz: «Se estrecha el cerco en torno al cerebro de la presunta estafa piramidal de Sempi Gold»

«Se estrecha el cerco en torno al derecho de la presunta estafa piramidal de Sempi Gold porque por fin la juez está acordando todo lo que le pedimos los perjudicados». Así lo señala a Economist & Jurist José Luis Ortiz Miranda, socio-director de Bufete Ortiz Abogados, de Cádiz, quien representa «a más de 400 perjudicados, que ascienden a más de 3.600, procedentes de toda la geografía nacional y que reclaman unos 50 millones de euros», si bien, de momento, se han personado en la causa «en torno a 2.000, con diferentes despachos». El caso lo instruye la magistrada de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción 3.

Ortiz se pronuncia así porque tras una larga instrucción, de más de tres años –las Diligencias Previas datan de marzo de 2021 (33/2021)–, «por fin se acuerda la toma de declaración de Gabriel Ruiz –presidente, CEO, y administrador, y cerebro de la trama–, y de sus dos principales ejecutivos, J. M. C. C. y D. R. V., así como una batería de medidas cautelares importantísima, a petición de las acusaciones particulares, y con el visto bueno del fiscal».

Los querellados son ocho personas físicas –Gabriel Ruiz; el director financiero, D.T.S.; el director comercial, F.P.M.; los delegados de ventas de cada zona– y tres sociedades jurídicas: Sempi Gold España SA, Oroinformación SL y Sempi Silver SL. Los delitos que se les imputan organización criminal organizada, falsedad en documento mercantil, estafa piramidal masiva, insolvencia punible, alzamiento de bienes y evasión de capitales a terceros países. Gabriel Ruiz está en libertad provisional, con el pasaporte retirado.

Lingotes de oro falsos de fragua de hierro y pintados de amarillo

Según José Luis Ortiz, Gabriel Ruiz «se dedicó a vender supuestos lingotes y láminas de oro -el lingote pesa un kilo y las láminas son fracciones inferiores- como inversión super segura a través de sus delegaciones -hasta 22, con sede central en Jerez de la Frontera- a multitud de minoristas y consumidores». «Inversores conservadores –por lo menos los míos– que pensaban que estaban invirtiendo en un valor refugio, que nunca pierde y que invirtiendo su valor en oro tenían su dinero a buen recaudo», expone.

La cantidad mínima que invirtieron los clientes de Ortiz fueron 5.000 y la máxima, 375.000, como es el caso de una mujer de Vitoria. Entre ellos hay un ingeniero jefe de astilleros, tres farmacéuticos, médicos, empleados de Ruiz y varias empresas. El montante total del colectivo que él representa está en torno a los 6 millones de euros.

«El señuelo o argumento de venta que hacían es que el oro nunca fluctúa como el Euríbor y no tiene tanta volatilidad como, por ejemplo, las inversiones en bolsa, y que estaba siempre garantizada su inversión inicial, por lo que era ultraseguro», explica Ortiz.

Gabriel Ruiz, presidente de Sempi Gold. (Imagen: E&J)

Sin embargo, denuncia que «Gabriel Ruiz, junto a su equipo de confianza, formado por altos directivos e incluido por su hija Raquel, en vez de emplear el dinero en la compra de metales, presuntamente lo enviaban a paraísos fiscales». 

«Y el oro, como tal, que garantizaba la inversión, en vez de comprarlo en el mercado de metales de Hamburgo (Alemania), se encargaba a una herrería que les fabricaba lingotes de oro falsos, de fragua de hierro y pintados de amarillo con spray, del mismo tamaño, peso y forma de un lingote. Y después se lo llevaba a las empresas de seguridad Prosegur y Lumis dentro de una saca», añade.

Según explica el socio-director de Bufete Ortiz Abogados, en una orden de entrada y registro, se descubrieron los lingotes falsos en la casa de Gabriel Ruiz, metidos en una cámara acorazada, y también en las de las empresas de seguridad.

El ‘modus operandi’

¿Cómo actuaban? «Con el dinero fresquito, recién entrado, de los inversores que picaban, se retroalimentaba a los que más ruido hacían, callándoles la boca y mientras seguía captando», asegura Ortiz.

Informa que la presunta estafa se destapó cuando el sistema colapsó. «A finales de 2021, una serie de inversores de Mallorca y de Jerez pidieron recuperar la inversión, y empezó a darle largas cambiadas. Decía que como era a finales de la pandemia, el mercado de metales de Hamburgo estaba paralizado y que no podía revender el oro, cosa que era mentira, ya que nunca se paralizó», detalla.

El sistema funcionaba cuando ese oro que se había comprado se podía revender en el mercado de metales a mayor precio, y ese mayor precio suponía la rentabilidad. «Sin embargo, en este caso, al no haber comprado oro, no revendía nada, porque ese dinero presuntamente se había desviado a paraísos fiscales desde el minuto uno, por lo tanto, no tienes oro que revender», expone este abogado.

Fachada de la Audiencia Nacional. (Imagen: E&J)

Primero acudió a la vía civil

Inicialmente, Ortiz no optó por la vía penal, «porque no sabía que esto era una estafa piramidal», sino que presentó demandas civiles por vicio erróneo en el consentimiento, del artículo 1.265 del Código Civil, en relación con el 1303.

«Pensábamos que esto era como las preferentes: que el cliente había sido inducido a error al prestar el consentimiento, porque le habían vendido una inversión diferente a la que realmente creían estar comprando (vendían oro cuando realmente era hierro pintado)», apunta.

A este letrado lo que le «abrió los ojos» fue que tras ganar las primeras tres sentencias en la vía civil, en algunas de las cuales ni se personó Sempi Gold, declarándose en rebeldía procesal, cuando las intentó ejecutar, la sociedad había desaparecido del tráfico mercantil y cerrado sus 22 delegaciones a cal y canto. «Saltaron todas las alarmas cuando vimos que no había forma de cobrar y que en algunas de ellas ni siquiera se había tomado la molestia de oponerse a las demandas, porque sabían de antemano que no iba a poder cobrarles», expone.

El Juzgado de Mallorca de oficio, que tenía una querella por este caso desde 2021, al personarse perjudicados de toda España, de oficio se inhibió a la AN. Ortiz presentó la querella en abril de 2022. Se adhirió al auto en el que se declaró competente Tardón. 

Preguntado sobre qué espera del próximo jueves, piensa que los querellados se van a acoger a sus derecho a no declarar y no van a contestar a preguntas de ni del fiscal ni de las acusaciones, sólo a las de su abogado. 

María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción 3. (Imagen: AJFV)

Las medidas cautelares acordadas por Tardón

En un auto, del pasado 5 de marzo, la magistrada instructora ha acordado librar oficio a Bankia para que remita los datos de titularidad real, de apertura y todos los movimientos desde la fecha de apertura hasta la actualidad, así como el saldo disponible de la cuenta principal de Sempi Gold en dicha entidad.

En segundo lugar, ha ordenado al Registro Mercantil y a la Tesorería General de la Seguridad Social que aporte al Juzgado, la composición de los órganos de administración y dirección de Sempi Gold España SA, Oroinformación SL y Sempi Silver SL, el número de trabajadores y sus nombres, las cuentas bancarias asociadas, la información contable, así como cualquier otra información que obre en su poder y pueda resultar relevante para la investigación.

También ha ordenado al Letrado de la Administración de Justicia realizar la averiguación patrimonial de los querellados Gabriel Ruiz Ramírez, J.M.C., D.R.V. y de la mercantil Sempi Gold España SA a través del punto neutro judicial.

En cuarto lugar, ha acordado librar oficio al equipo de delitos económicos de la Guardia Civil (UOPJ) a fin de que, a través de la asociación unificada de banca, proceda a la aportación de los extractos de las cuentas bancarias de los últimos cinco años de Sempi Gold España SA, los tres querellados y D. T.S.; un director de zona, F. P. M.; otro director de la zona sur, y R. C.S..

Asimismo, se procede al embargo de las cuentas bancarias y demás activos financieros de Sempi Gold, D. T.  S., F.S. M., J. M.C. C., R. R.B -hija de Gabriel Ruiz- y R.C., librando los mandamientos necesarios para los embargos.

«Este asunto es de una absoluta desfachatez, porque a quién se le ocurre irse a un herrero y encargar que le hagan los lingotes de oro falsos. Da para una película», afirma José Luis Ortiz, y subraya que su equipo de penalistas están concentrando sus esfuerzos para que «este individuo y su banda no vayan de rositas».