Jueces y fiscales españoles denuncian la Ley de amnistía ante el Parlamento Europeo

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa y Renew Europe han organizado, la mañana de este martes en el Parlamento Europeo, un debate sobre las amenazas y ataques al Estado de derecho y al poder judicial en la Unión Europa y, en concreto, en territorio español. En él han comparecido distinguidos miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales, tales como María Jesús del Barco, decana de los jueces de Madrid y presidenta de la APM; Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF); y Javier Martínez Marfil, magistrado en la Audiencia Provincial de Alicante.

Aunque con registros variados, todos ellos se han mostrado de acuerdo en que el Estado de derecho y la separación de poderes en España están siendo vulnerados por el Gobierno español. ¿Cómo? A través de la proposición de Ley Orgánica de amnistía pactada entre PSOE y Junts y presentada el pasado 13 de noviembre en el Congreso. Asimismo, con el fin de entablar un contexto algo más profundo, varios de los ponentes han echado la vista atrás, rememorando el 1 de octubre, el desarrollo del procés y la consecuente derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación.

Para María Jesús del Barco, primera en intervenir, «con esta ley de amnistía se deslegitima el Estado de derecho, se rompe la separación de poderes, se suprime al poder judicial del país y se crea una clase privilegiada de ciudadanos que quiebran de lleno con el principio de igualdad recogido en nuestra Constitución». A través de un discurso lleno de preocupación y marcada denuncia, del Barco se ha cuestionado, además, los motivos por los cuáles los jueces «tenemos que seguir condenando a otros ciudadanos a los que les obligamos a cumplir la ley cuando con esta ley de amnistía las sentencias dejan de tener razón de ser».

Después de ella ha tomado su turno de palabra Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales quien, al igual que del Barco, ha ahondado en la inquietud —por parte de la comunidad jurídica— ante la ley de amnistía. «Este insidioso ataque y señalamiento a los jueces y fiscales por su trabajo no hace más que acrecentar dudas entre la población. Esto es algo muy peligroso que atenta contra la defensa del Estado de derecho y la separación de poderes», ha argumentado.

María Jesús del Barco, decana de los jueces de Madrid y presidenta de la APM.

De neutralidad y legalidad

Tras analizar las causas judiciales que han llevado hasta la situación en la que nos encontramos, y tras citar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2019 en un profundo recorrido por el independentismo catalán, Dexeus no sólo ha criticado el «absoluto silencio del fiscal general del Estado», sino que ha reconocido que en España «se ha ampliado enormemente el nivel de tolerancia hacia ciertos delitos. Primero abaratando la pena con la ley de malversación de fondos públicos que responde al primer pacto de gobierno entre el PSOE y el ERC, y ahora incorporando la ley de amnistía que choca directamente con la legislación europea».

Javier Martínez Marfil, magistrado en la Audiencia Provincial de Alicante, se ha mostrado de acuerdo con ambas y ha afirmado verse obligado a decir que «los jueces no hacemos política ni interferimos en su desarrollo». Al contrario que sus compañeras de profesión, Martínez ha centrado su discurso en la neutralidad política de los jueces, algo que, para él, «aunque es necesaria para el ejercicio ejemplar de nuestras funciones, de ningún modo puede implicar el acatamiento callado de las injerencias ilegitimas que afecten al ejercicio de las propias funciones jurisdiccionales».

En este sentido, ha declarado que el silencio, en este caso, «convertiría a los magistrados en cómplices de la perversión del sistema y aboliría nuestra legitimidad. El necesario respeto institucional a la separación de poderes supone, ante todo, jugar limpio. No puede interferirse en las atribuciones del poder judicial para seguidamente desautorizar las reacciones de sus miembros cuando se denuncian esas interferencias y se critican iniciativas que afectan claramente al Estado de Derecho, a la división de poderes y a las garantías de los ciudadanos».

Tras ellos, han intervenido diversos juristas que también han hecho un análisis de la cuestión, manifestando del mismo modo su inquietud ante la propuesta de Ley Orgánica de amnistía en España, señalando posibles violaciones al Estado de derecho y la separación de poderes, y mostrando un visible temor ante el «deterioro cada vez más acusado de los principios básicos de la democracia y de la Constitución».