Jueces, fiscales y LAJs reclaman al Gobierno que cumpla los acuerdos de mejora salarial antes del 23J

El adelanto electoral parece haber convertido en papel mojado los acuerdos de mejoras salariales firmados por el Ministerio de Justicia con los LAJs en marzo y con los jueces y fiscales el pasado 23 de mayo.

Estos colectivos ven con preocupación cómo pasa el tiempo y sus acuerdos no llegan al Consejo de Ministros. El tiempo se agota y el Gobierno estará en funciones a partir del 23 de julio. La indignación crece por momentos en estos profesionales jurídicos.

En la tarde de este viernes, las asociaciones de jueces y fiscales firmantes del acuerdo de mejora salarial (Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesionales e Independiente de Fiscales) hacían público un comunicado revelando la preocupación de esta situación.

Desde estos colectivos se indica que “el adelanto electoral, que ha acortado la duración de la legislatura, a nuestro juicio obliga a que el Gobierno de la Nación atienda ese compromiso y lo haga con urgencia, para que sus previsiones tengan efectividad en las fechas pactadas.

Por dicha razón, reclaman que con urgencia el Gobierno atienda los acuerdos que alcanzó en el documento signado el 23 de mayo de 2023, y que lo haga antes de la celebración de las elecciones generales.

Las citadas asociaciones aseguran que “lo contrario obligará a los firmantes no sólo a exigir ante los tribunales el cumplimiento de un acuerdo claramente vinculante, sino a adoptar las medidas de presión que sean necesarias para asegurar que se atienden los compromisos alcanzados para la mejora tanto de las condiciones profesionales de judicatura y fiscalía como de la administración de justicia.

Jorge Fernández, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, resume el sentir de estos colectivos: “Estamos preocupado porque hay un Consejo de Ministros antes de que el Gobierno entre en funciones. Tenemos el antecedente de los LAJs, que con otro acuerdo firmado en marzo tienen aún pendiente esos decretos para que se incremente sus retribuciones. A nosotros nos aseguran desde Justicia que se tramita, pero se sigue demorando de forma peligrosa”.

Este magistrado recuerda que “el primer pago está previsto para octubre a más tardar, pero a pesar de esas garantías verbales, mucho nos tenemos que no llegamos si no se aprueba en el Consejo de Ministros del martes 18 de julio. Esto es lo que nos ha movido a que nos hayamos manifestado públicamente”.

Firma del  acuerdo con los LAJs el pasado 28 de marzo. (Foto: Ministerio de Justicia)

No hay Comisión de Seguimiento del Acuerdo

Este magistrado señala que “pese a que en el acuerdo se habla de crear una Comisión de Seguimiento no se ha puesto en marcha aún. Estaba previsto que se constituyese en tres meses. Tardará algo más porque los Ministerios de Justicia y Hacienda tendrán que designar a sus representantes. Desde que se convocaron elecciones ya vimos que su composición de iba a retrasar por razones obvias, porque habrá un nuevo Gobierno y este grupo se pondrá en marcha a partir de septiembre”.

Sin embargo, sobre la cuestión retributiva se pactó que en la nómina de octubre se recibiría el primer tramo de esa subida con efecto retroactivo de 1 de enero. Y eso es lo nos gustaría que se aprobase antes de las elecciones. Si no se hace ahora, será difícil que el acuerdo llegue a la nómina de octubre como se pactó en el acuerdo suscrito en mayo pasado”.

A su juicio, “lo ideal sería aprobarlo en este último Consejo de Ministros, más adelante el Gobierno estaría en funciones y sería más complicado. Habrá que ver realmente si el Ministerio cumple con nosotros el acuerdo firmado. Dicho acuerdo no está ligado a las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital que han decaído por el adelanto electoral”.

Fernández cree que si el Gobierno no ratifica el acuerdo de los LAJs·es posible que no lo haga con el suyo “pese a que son situaciones distintas, porque el acuerdo de los LAJs tiene un componente de dificultad legal porque debe pasarse por la mesa de negociación con los sindicatos y en nuestro caso no hay problema, porque nosotros tenemos representatividad legal para firmar estos acuerdos, pero el panorama se está complicando de forma notable”.

Sobre las medidas de presión a desarrollar explica que “estamos estudiando dichas medidas, además de una posible reclamación judicial en el caso de que el acuerdo no se llegara a cumplir. Todo depende de dónde llegamos en esta situación, que se ha complicado de forma extraordinaria. En el peor de los casos, pensamos que el Gobierno que salga de las urnas haga los cambios normativos adecuados para que se cumpla nuestro acuerdo retributivo, pero nos iríamos de las fechas fijadas en el acuerdo”.

Indignación de los LAJs

Tres meses han pasado desde que los Ministerio de Hacienda y Justicia firmaran el acuerdo de mejoras retributivas y de sustituciones con los letrados de la Administración de Justicia.

Sin embargo, pese al diálogo continuado entre ambas partes, comentan que por dos veces el decreto de sustituciones se ha parado en su camino al Consejo de Ministros y en cuanto al de retribuciones falta convocar la mesa sectorial con los sindicatos y el trámite del Consejo de Estado.

Firma del acuerdo de jueces y fiscales con Lidia Sánchez, secretaria Estado de Funcion Pública, y Manuel Olmedo, secretario general de innovación del Ministerio de Justicia. (Foto: Ministerio de Justicia)

Fueron los sindicatos quienes días después empezaron una movilización que ha durado tres meses en toda España con paros parciales y huelga indefinida desde el pasado 22 de mayo. La huelga al final se suspendió la primera semana de julio. Algunas fuentes consultadas por este medio señalan a las presiones de los sindicatos de los funcionarios de Justicia que el acuerdo de los LAJs no se haya llegado al Consejo de Ministros.

Desde el Comité de Huelga de los funcionarios se niega esa afirmación y lo que no acaban de entender es por qué cuando Justicia y Función Pública cerraron el acuerdo con los LAJs en marzo no se convocó la mesa sectorial con los sindicatos y se abordó la problemática de este colectivo de más de 45.000 funcionarios.

Desde las asociaciones que impulsaron en su día el Comité de Huelga de los LAJs se ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo el cumplimiento del acuerdo de 28 de marzo firmado por el Gobierno de España con el Comité de Huelga del cuerpo de letrados.

En dicha carta, a la que ha tenido acceso Economist & Jurist, se recuerda que el conflicto fue largo, alcanzando las nueve semanas de duración y “con una importante incidencia en el servicio público, concluyendo mediante un acuerdo satisfactorio firmado por el Gobierno de España, en concreto por la secretaria de Estado de Función Pública, señora Lidia Sánchez Milán el pasado 28 de marzo.

Manifestación de funcionarios de Justicia. (Foto: Comité de Huelga)

Ese acuerdo debía entrar en vigor, según sus propios términos, en junio o julio de este año. Estamos ya a 13 de julio, se acaba el plazo para que el Gobierno cumpla y nos encontramos con que los deberes no están hechos.

Desde este colectivo se indica que “las letradas y los letrados de la Administración de Justicia hemos hecho nuestra parte, hemos sido prudentes y guardado silencio todo este tiempo, confiando en la palabra del Gobierno de la Nación. Pero se vislumbra ya el último Consejo de Ministros de la legislatura y no se han reformado nuestros decretos retributivos”.

Para los LAJs está claro que la solución está en manos de Pedro Sánchez: “Señor presidente, está en sus manos cumplir el acuerdo en sus propios términos. El próximo día 18 de julio, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, puede hacerlo. Tiene que vencer los obstáculos, sean los que sean, que se encuentren en los diferentes ministerios implicados.

Pedro Sánchez debe desbloquear la situación

En declaraciones a este medio confirman que “estamos a la espera de que nos conteste el Gobierno de España. El incumplimiento del Gobierno de España del acuerdo firmado sería inentendible para todos los ciudadanos a más a nueve días de las elecciones”.

También indican que “a los representantes de las asociaciones se nos dijo que el trámite de los decretos retributivos se había desbloqueado y que, no siendo preciso pasar por mesa sindical, sería remitido al Consejo de Estado como paso previo a su aprobación por el Consejo de Ministros”.

Sin embargo, subrayan que “pese a los múltiples requerimientos y gestiones de todo tipo que hasta el último momento se han hecho por las asociaciones con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, poco cabe esperar ya de la palabra de ésta, ni tampoco de la ministra María Jesús Montero, ya que sus actos han sido contrarios en todo momento a lo dicho y han retrasado deliberadamente los trámites que procedían”.

Según ha podido saber esta publicación, el colectivo de los LAJs ya está ultimando una demanda contenciosa que interpondría en los primeros días de agosto ante el incumplimiento de este acuerdo. La idea que tienen estos profesionales es que el acuerdo que puso fin a la huelga se cumpla sin dilación.

De igual modo, las letradas y los letrados de la Administración de Justicia se concentrarán el próximo día 21 de julio en Logroño, para denunciar ante los ministros de Justicia europeos allí reunidos “el estado de extrema gravedad en el que la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el Gobierno de Pedro Sánchez están dejando a la Administración de Justicia, en la que es ya la página más negra de su historia”.

“Nunca pudimos imaginar que tendríamos que enfrentarnos a un Gobierno que miente continuamente, anunciando desde mayo pasos y trámites que sistemáticamente incumple, retirando dos veces el decreto de sustituciones desde la misma mesa del Consejo de Ministros, saltándose trámites reglados y aprobando ofertas de empleo público contrarias a la ley”, indican desde el Comité de Huelga de los LAJs.