Jueces y fiscales negocian desde este miércoles con Justicia mejores salariales con la huelga indefinida como contexto

Junto con el Congreso de la Abogacia, que arranca hoy en Tarragona, el otro punto de interés informativo  se focaliza en San Bernardo 45, sede del Ministerio de Justicia, donde está convocada la Mesa de Retribuciones de jueces y fiscales como marca la ley.

Una convocatoria seguida con interés todos los operadores jurídicos, máxime cuando varias de las asociaciones presentes en esta reunión, como son los casos Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente Fiscales suscribieron una convocatoria de huelga a partir del 16 de mayo.

La última hora previa a dicha reunión apunta, según ha podido comprobar Economist & Jurist, que ambos colectivos presentan propuestas conjuntas de mejoras salariales. En el caso de los jueces, el propio CGPJ, como ya anticipó esta publicación, hacía público un comunicado en el que señalaba la legitimidad de esa subida “porque para tener una independencia profesional hay que contar con una retribución adecuada”.

Eso hará que en esta Mesa de Retribuciones, en la que estará Manuel Olmedo como secretario general de innovación del Ministerio de Justicia, miembros de las citadas asociaciones judiciales expertos en temas financieros, un representante del Ministerio de Hacienda, estarán presentes también los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya para representar al Consejo General del Poder.

Nadie descarta que en las negociaciones que hoy arrancan, las asociaciones judiciales encuentren un aliado en los miembros del CGPJ. Incluso alguno de los convocantes de dicha reunión señalaba que podría haber un frene común judicial en esta reunión de trabajo que se presupone que será intensa. Por el momento, desde las asociaciones que acuden a esta reunión confirman que no han recibido ninguna propuesta del Ministerio de Justicia para estudiar y que supondría una contraoferta a la que ambos colectivos ya plantearon en sus reuniones de finales de marzo  “Estamos a la expectativa de ver que nos ofrece el Ministerio”, apuntaba ayer tarde Jorge Fernández, portavoz nacional de la Asociación Francisco de Vitoria.

Jorge Fernández. AFV.

Al mismo tiempo, en los últimos días, desde el Gobierno y desde otra asociación como Unión Progresista de Fiscales se ha censurado la reunión del líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijoo con miembros de la Asociación de Fiscales, asociación mayoritaria de la carrera fiscal. La polémica ha crecido porque el propio Pedro Sánchez en alguno de los mitines ha pedido conocer de qué hablaron Feijoo y los fiscales conservadores.

Desde Asociacion de Fiscales la respuesta ha sido contundente en un comunicado de prensa enviado a primera hora de la noche. La asociación, con representación mayoritaria en el Consejo Fiscal, señala que éste fue un acto como otros muchos que viene organizando desde hace siete años y que la intención de desviar la atención sobre esa reunión es para no hablar de la convocatoria de la Mesa de Retribuciones que hoy arranca en San Bernardo 45.

Una nueva huelga e ciernes

La reunión de este miércoles  es importante máxime cuando las asociaciones judiciales han declarado que irán a la huelga indefinida el próximo 16 de mayo si en esa Mesa no hay acuerdo.  Así está registrada dicha convocatoria.

No podemos olvidar que en la actualidad hay una huelga de funcionarios de justicia que cambia de formato desde mañana 4 de mayo con paros generales convocados por los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y STAJ. Sindicatos que mañana tendrán una reunión con el decano del ICAM, Eugenio Ribón, preocupado por la repercusión de otro paro para el colectivo de abogados.

Y que al mismo tiempo, pese a que el ritmo de actividad en los juzgados españoles tras la huelga de los LAJS se ha incrementado de forma notable por la carga de trabajo existente, aún no hay planes de refuerzos en marcha para paliar los efectos de aquel primer paro general que durante nueve semanas de febrero y marzo paralizo los juzgados y aplazo miles de actos procesales en toda España.

Según ha podido saber Economist & Jurist, aun siguen intercambiando información Ministerio de Justicia y las CCAA para saber realmente cuál ha sido el impacto de ese paro general y asignar los recursos adecuados. Hay que recordar que en este contexto las CCAA han reclamado que fuera Justicia quien financiara una parte importante de estas inversiones que habrá que poner.

El talante entre las asociaciones que acuden a esta reunión es de mucha prudencia ante lo que pueda suceder en dichas negociaciones. Por el momento ninguna de las que se convocaron en sus inicios como fueron la de los LAJs, o más recientemente la de funcionarios de justicia, llegaron a un acuerdo.

Es previsible que, a partir de hoy, se abra un cauce de diálogo entre ambas partes, lo que no queda claro es si Ministerio de Justicia, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Función Pública pueda presentar una propuesta que satisfaga las reivindicaciones de los jueces y evite la huelga indefinida prevista a partir del 16 de mayo en todo el país.

Desde las asociaciones judiciales se insiste en que “no se puede tener alergia a cumplir la ley que obliga a la revisión de nuestras retribuciones desde dicha Mesa que lleva sin convocarse una década. Si la ley dice que tenemos que hablar cada cinco años de nuestro marco retributivo, no necesariamente para hablar de cantidades, sino también de conceptos o reestructurar el sistema retributivo en su totalidad, hay que hacerlo. «Esperemos que Justicia tome nota», señalan

Hay que evitar la huelga

En estos últimos días, el integrante del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpd), asociación judicial que acudirá a la Mesa de Retribuciones pero que al igual que la Unión Progresista de Fiscales no secunda por el momento la huelga indefinida convocada, Edmundo Rodríguez reclamaba al Gobierno un “esfuerzo significativo” para mantener un servicio público esencial en el Estado de Derecho, como es la Administración de Justicia.

Edmundo Rodríguez. JJPD

Ante la convocatoria de huelga, coincidía con otras asociaciones en los planteamientos de que “el deterioro que padece el servicio público judicial debe afrontarse con mayor inversión, ampliación de la planta judicial y del número de personas que sirven en la judicatura y fiscalía, actualización de las retribuciones y unas cargas de trabajo razonables de las que tiene que responsabilizarse el Consejo General del Poder Judicial”.

Según Rodríguez, son necesarias un conjunto de medidas para mantener la confianza de la sociedad en el Poder Judicial, dirigidas a que puedan atenderse las demandas de la ciudadanía con rapidez y calidad, y no en la precaria situación en que se hace ahora.

Destacó el representante de Juezas y Jueces para la Democracia que hay un importante número de tribunales que padecen sobrecarga de trabajo “que provoca demoras, menor calidad en la respuesta judicial y afectación de la salud de la magistratura, que no puede atender con rigor su función”.Para este portavoz de JJpD, un compromiso del CGPJ, Ministerio de Justicia y Hacienda quizá evitaría “el enorme daño que puede provocar la convocatoria de huelga en la judicatura”.

Denunció además que “el CGPJ dice apoyar a la judicatura en la Mesa de Retribuciones, pero no resuelve el endémico problema de la carga de trabajo, que debiera presidir su actuación por afectar a la ciudadanía y a la salud laboral de quienes están al frente de juzgados y tribunales”. Desde su punto de vista “es momento de responsabilidad, de asegurar la defensa de un Poder Judicial fuerte y una administración de justicia que sea un servicio público que garantice los derechos y libertades públicas”, afirmó el integrante del Secretariado de JJpD

Para Edmundo Rodríguez “la actualización retributiva es uno más de los impulsos que hay que dar para reconocer el compromiso y esfuerzo de la judicatura con la mejora del servicio público, junto al incremento de presupuestos para justicia, la ampliación de plazas judiciales, la asignación de cargas de trabajo que permitan analizar cada asunto minuciosamente y las mejoras de la eficiencia, pendientes de concretar en los proyectos de Ley Eficiencia Organizativa y Procesal”.