Jueces y fiscales sostienen que no son reemplazables por robots: Se acabaría la independencia judicial

«Jueces y fiscales no son reemplazables por robots. Se acabaría la independencia judicial». Así lo sentencian a ‘Economist & Jurist’ María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la Carrera Judicial, y Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, preguntadas por esta cuestión, y comparten su opinión sobre la IA y los juicios telemáticos.

¿Contribuirá la IA a mejorar el trabajo de la Justicia? María Jesús del Barco señala que la IA «puede mejorar el trabajo de la Justicia en aquellas actuaciones que están automatizadas y que no requieren una decisión humana». «Por ejemplo, el transcurso del plazo legal para contestar a la demanda desde la fecha del emplazamiento, puede controlarse mediante un sistema de alertas que faciliten al funcionario su labor, de modo que cuando salte esa alerta, automáticamente el sistema detecta que ha transcurrido el plazo y declara la rebeldía procesal», apunta.

Pero el tema de los borradores de resolución judicial a esta magistrada, decana de los jueces de Madrid, le parece «muy peligroso». En este sentido, recuerda que la Unión Europea cataloga la aplicación de la inteligencia artificial a las decisiones judiciales como una actividad de alto riesgo, algo que a esta magistrada le parece lógico, ya que «la decisión de los jueces afecta los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos». 

Este asunto fue abordado por los jueces decanos en sus XXXII Jornadas Nacionales, celebradas el pasado mes de abril en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde mostraron su «preocupación» ante la «escasa regulación de la inteligencia artificial a través de las denominadas actuaciones asistidas que permitirán generar borradores de resoluciones judiciales». Los jueces decanos afirman que «debería regularse esta materia de modo específico con arreglo a la normativa comunitaria por tratarse de sistemas de alto riesgo que pueden afectar a derechos fundamentales y que deben contar con un régimen jurídico riguroso en cuanto a su control, supervisión y transparencia que no contiene la actual reforma».

María Jesús del Barco destaca que una resolución judicial «es un trabajo artesanal, que requiere un estudio del procedimiento y de la norma jurídica aplicable al caso», mientras que, por otra parte, la elaboración de borradores de sentencias con IA «se hace nutriendo al sistema de resoluciones para que tenga los datos que le permitan crearla, para lo cual hay que introducir un algoritmo», y advierte que «los criterios con los que se establezca éste determinarán el sentido de las resoluciones». «Quien controle el algoritmo, con sus sesgos, manejará la decisión judicial, y eso puede afectar de manera sustancial a la independencia judicial», avisa.

La magistrada María Jesús del Barco lleva en la Carrera Judicial desde 1998 y desde 2018 es decana de los juzgados de Madrid. Es presidenta de la APM desde noviembre de 2022, haciendo historia en el XXV Congreso al convertirse en la primera mujer en presidirla; el pasado diciembre fue reelegida por unanimidad. (Imagen: RTVE)

Por su parte, Cristina Dexeus afirma que la IA «puede ser un apoyo para la resolución de determinados casos en ámbitos civil o mercantil y en procedimientos menores», pero le «cuesta admitir su eficacia en el ámbito penal y hacerla compatible con los derechos de los justiciables y la gran variedad de matices y circunstancias que pueden concurrir en los procesos penales».

La presidenta de la AF sostiene que «no se puede poner en manos de la tecnología la resolución de los casos, porque no sólo se deshumanizaría la Justicia, sino que se perdería la calidad técnica y jurídica y la percepción personal de jueces, fiscales y abogados en la resolución de los procedimientos».

Y subraya que «ni fiscales ni jueces, como tampoco los abogados, pueden ser reemplazados por IA, como ha ocurrido en algunos países alejados del sistema garantista que inspira al sistema España, donde la defensa de los derechos fundamentales de las partes no son sacrificables».

Además, afirma que «no se puede hablar de la utilización de la IA en el ámbito de las resoluciones judiciales cuando no se cuenta con una regulación adecuada para evitar que quien controle el sistema, controle finalmente el contenido de las resoluciones judiciales». Y manifiesta que «antes de llegar a esa novedosa situación hay otras cuestiones muchísimo más relevantes y perentorias que resolver en el ámbito de la Administración de justicia».

Por último, señala que «las prisas en esta cuestión no son buenas consejeras», y que «los avances con estas herramientas en materia de asesoramiento pueden ser positivos siempre que estén perfectamente regulados y se apliquen como instrumento de ayuda».

Cristina Dexeus es decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona. En la imagen, en su despacho en la Fiscalía Provincial, donde ha ejercido toda su carrera. El pasado mes de febrero cumplió 35 años de profesión. (Imagen: E&J)

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España también han señalado en sus XIX Jornadas, celebradas la pasada semana en Granada, que «las actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas mediante el uso de la inteligencia artificial han de concebirse como un mecanismo de auxilio a la actividad judicial y no como solución al problema de exceso de carga de trabajo que afecta a nuestros órganos judiciales».

«Las actuaciones procesales telemáticas contribuyen a la mejor prestación del servicio de justicia en supuestos de escasa complejidad o cuando la presencia física en el órgano judicial dificulta el acceso a la justicia, pero no deben suponer el abandono de la atención presencial al ciudadano que demanda el servicio», concluyeron.

Pros y contras de los juicios telemáticos

Respecto a los juicios telemáticos, Cristina Dexeus afirma que en el ámbito del proceso penal, le resulta «incómodo» considerar que todo juicio pueda realizarse telemáticamente, «porque el principio de inmediación que lo caracteriza quedaría comprometido ante la falta de presencialidad, que aporta matices que no quedan tan patentes en las declaraciones que se efectúan telemáticamente y donde las garantías del acusado deben primar».

Por su parte, María Jesús del Barco preguntada sobre los pros y contras, declara que le cuesta encontrar los pros a los juicios telemáticos «por varias razones». «Primero, porque creo que la inmediación o es presencial o no es. Alguien me decía el otro día que la presencia telemática es un trampantojo de la inmediación y estoy de acuerdo», explica.

«Segundo, porque para mí siempre ha sido muy importante que el ciudadano nos vea a los jueces, no en vano la Justicia emana del pueblo tal y como dice la Constitución, y no sé si ver al juez a través de una pantalla de plasma, mejora la percepción que el ciudadano tiene de nuestra función», puntualiza.

Juicio telemático. (Imagen: Gobierno de Navarra)

Resalta que los jueces deciden sobre los derechos de las personas y sobre sus bienes, y para ella «es importante» ver al justiciable y que el justiciable la vea, «no como un ente abstracto y alejado de la realidad, sino como una persona que desde punto de vista técnico-jurídico resuelve el conflicto planteado, se le envía a prisión, o decide que sólo puede ver a sus hijos los fines de semana alternos».

«Pero es que, además, cada día vemos los problemas técnicos que se plantean con las vistas telemáticas, unas veces no se oye, otras veces no se ve, y por más que el RDL 6/2023 diga que hay que mantener el decoro, por desgracia hemos visto juicios en los que se declara desde el coche o desde el chiringuito de la playa», manifiesta Del Barco. 

La presidenta de la APM hace hincapié en que un juicio «tiene alrededor toda una liturgia y unas formas que dan valor también a ese acto procesal», y afirma que con los juicios telemáticos «perdemos parte de esa formalidad que es muy necesaria, porque como hemos visto en otros ámbitos de la vida pública, se empieza perdiendo las formas y se termina perdiendo el fondo».

«Es verdad que hay actuaciones procesales muy sencillas que pueden evitar traslados innecesarios de testigos para, por ejemplo, la mera ratificación de una factura o la ratificación que haga un guardia civil de un atestado que, lógicamente, puede hacer desde las dependencias policiales; pero no me convence que la regla general sea la celebración de juicios telemáticos, porque por más que el juez pueda motivadamente decir que esa actuación procesal concreta se haga de manera presencial, estamos ya invirtiendo la forma natural de celebrarse juicio», concluye.