Julián Sánchez Melgar: «Sería muy conveniente que se promulgase un Código Penal Europeo»

«La justicia española, como todas las instituciones, necesita mejorar». Así lo sentencia el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) y exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, doctor en Derecho con premio extraordinario, quien detalla en esta entrevista en Economist & Jurist los retos en materia de Justicia a nivel nacional y también europeo. Entre ellos, un Código Penal Europeo, con el que «desaparecían las diferencias en la tipología de los delitos, y la euroorden de detención y entrega sería como un exhorto entre jueces nacionales».

Julián Sánchez Melgar (Palencia, 1955) tiene a sus espaldas 40 años de servicio ininterrumpido en la carrera judicial, muchos de ellos dictando sentencias en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Fue el máximo representante de la Fiscalía española entre diciembre de 2017 y junio de 2018. Un periodo de tiempo «breve, pero fructífero», en el que supo combinar autoridad con democracia e impulsó una política de comunicación y transparencia. Recibió, por ello, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.

¿Qué opinión le merece la Justicia española?

Desde mi experiencia judicial, de ya bastantes años, puedo decir que la Justicia española, como todas las instituciones, necesita mejorar. Pero el avance se ha de producir sin ruptura, y también sin pausa. 

Tenemos, desde luego, muchos puntos para mejorar. Avanzar en calidad y en reducción de los tiempos de respuesta es imprescindible. Un caso no puede eternizarse, las personas no pueden estar indefinidamente en espera para que su asunto se resuelva. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado acerca de las dilaciones indebidas, tachándolas de intolerables.

En los frontispicios de nuestros Palacios de Justicia, yo pondría, a modo de subtítulo, tras la palabra Justicia: Resoluciones predictibles en un tiempo razonable. 

¿Es necesaria una mayor calidad en la Justicia? 

La Justicia española tiene un buen nivel de calidad, lo que no quiere decir que no sea mejorable. Todas las encuestas muestran la satisfacción de la ciudadanía con el nivel de las resoluciones, incluyendo la complacencia de los profesionales del Derecho y de sus colegios profesionales, que nunca se han quejado de la calidad de la respuesta judicial. 

«Hay que combinar nuevas tecnologías con presencialidad, para que los juicios sean más humanos»

También es necesario que el factor humano que cada asunto lleva consigo no se pierda nunca de vista. Y que la presencialidad sea un elemento necesario para que el juzgador pueda darse cuenta de la realidad del problema que presenta cada juicio que ha de decidir. Hay que combinar nuevas tecnologías con presencialidad, para que los juicios sean más humanos.

¿Podría indicar las claves para una justicia de calidad? 

Es muy importante contar con una Justicia inteligible. Las sentencias y demás resoluciones judiciales van encaminadas a explicar a la ciudadanía la razón por la cual optan por una determinada solución, de manera que tienen que ser claras, precisas y congruentes. 

Desde enero del año 2000 ocupa plaza en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. (Imagen: Archivo)

Sin embargo, las hay con un lenguaje demasiado oscuro y parecen un dictamen técnico jurídico…

No se puede utilizar un lenguaje «demasiado oscuro», porque, como dice usted, puede ser un dictamen técnico jurídico, pero no una resolución judicial dirigida a la sociedad y particularmente a los litigantes, quienes quieren y deben conocer las razones del fallo dictado. Hoy avanzamos, incluso, por resoluciones especialmente comprensibles para todos los lectores. Y en esta línea ha de seguirse.

¿Y en la de la mediación?

Es necesaria igualmente. El proceso judicial es un vehículo de resolución y pacificación de conflictos, pero no es el único. Existen métodos alternativos (adecuados, dicen ahora) que suponen sistemas creados no estrictamente para aligerar a los juzgados por una avalancha de casos; si así fuera, allí donde el funcionamiento de los juzgados fuera óptimo, no existiría la mediación, y no es así. 

Es un método diferente, que puede y debe intentarse antes de llegar al proceso judicial, y que deja, indudablemente, menos heridas que éste, por muy justo que sea. Pero para ello, se deben implicar no solamente mediadores, sino abogados en general, porque solamente conociendo los derechos se puede llegar a una equitativa transacción.

¿Es necesaria una buena organización judicial?

Es básico. Los problemas que deben afrontarse en materia de Justicia únicamente pueden resolverse mediante una buena organización de los Tribunales, avanzando por intensificar la independencia de los jueces y magistrados, conseguir que el mecanismo procesal en que consiste el proceso sea cada vez más ágil, que todos tengan acceso a una tutela judicial efectiva de mayor calidad y en tiempos más cortos, pero el modo de conseguirlo es una misión que corresponde exclusivamente al Ejecutivo político, y en tal aspecto, no seré yo quien me pronuncie por una determinada opción. 

Sí creo que se debe aprovechar la importante preparación de los letrados de la Administración de Justicia en este cometido de organización, pues en cualquier área de decisión vemos separada la organización y la resolución, dejando al juez la misión de juzgar y al letrado la organización del Tribunal.

«Todos los que trabajamos en Justicia debemos unir nuestros esfuerzos y labor en pro de una Justicia de calidad»

¿Se precisa también una política de diálogo y respeto? 

Lo creo firmemente. Particularmente en mi ámbito, todos los que trabajamos en Justicia –jueces, fiscales, abogados, letrados de la Administración de Justicia, procuradores, graduados sociales, mediadores, gestores administrativos, y en suma todos los cuerpos jurídicos, sean o no funcionarios públicos– debemos unir nuestros esfuerzos y nuestra labor en pro de una Justicia de calidad que sirva a los ciudadanos que nos demanden nuestra ayuda.

Pido también una actitud de respeto y coordinación con todos aquellos que actúan en nuestros tribunales. El respeto constituye una actitud básica para mejorar el sistema judicial y para hacer más fácil el trabajo de todos aquellos juristas que vienen a impetrar Justicia a nuestros juzgados y tribunales. Si se pierde el respeto, las cosas no pueden funcionar bien. 

Julián Sánchez Melgar, en las Navas del Marqués (Ávila), con motivo de la última Asamblea General de la Institución Gran Duque de Alba, de la que es miembro de número, celebrada el pasado 2 de diciembre. (Imagen: Archivo)

¿Qué opinión le merecen los profesionales del Derecho?

Altísima, desde luego. Veo la abogacía como una profesión cada vez más complicada y difícil, pero que es desempeñada de forma magistral por sus integrantes, y admiro a los abogados del turno de oficio, que con escasas prestaciones, que ahora reivindican, llevan a cabo su cometido de forma encomiable, así como los procuradores, los cuales en el futuro deberían contribuir con más funciones a la ejecución de los asuntos, de manera que adquiriesen una funcionalidad propia, mientras los abogados se dedicaran más propiamente a la obtención de la sentencia más favorable para su cliente. 

Esto no son más que unas ideas muy esquemáticas, sin perjuicio de que no solamente trabajan en Justicia tales profesionales, sino graduados sociales, con altísima preparación en el orden social del Derecho, entre otros muchos profesionales que, en sus prestigiados cuerpos jurídicos, igualmente contribuyen a la labor judicial, pero de modo más tangencial, aunque no por ello menos importante.

¿Qué desafíos y retos ve a nivel europeo en materia judicial? 

Creo en una Justicia cada vez más europea. Somos parte de la Unión Europea, y esa implicación supone que nuestro sistema judicial se integre en el de la Unión, como jueces europeos que somos. 

En el ámbito de mi jurisdicción, que es la penal, vería con buenos ojos, y me parece muy interesante, que se promulgase un Código Penal Europeo que definiese los delitos y las penas, y que contribuyese a que nuestra Unión fuese más igualitaria, con idénticos derechos e idénticas sanciones por su incumplimiento. Es la manera más lógica de avanzar hacia la igualdad en dicho ámbito.

«Con un Código Penal Europeo desaparecerían las diferencias en la tipología de los delitos, y la euroorden de detención y entrega sería como un exhorto entre jueces nacionales»

Es fundamental partir de la confianza entre los distintos sistemas judiciales de cada país europeo, y no como hasta ahora, que parece que es lo contrario. 

Con un Código Penal Europeo desaparecían las diferencias en la tipología de los delitos, y la euroorden de detención y entrega sería como un exhorto entre jueces nacionales. Ese instrumento común proporcionaría igualmente confianza mutua.

Naturalmente, podrían quedar aparte aquellas singularidades de cada país de la Unión. Pero la esencia estructural del Código Penal sería la misma. Esto contribuye al acercamiento de las legislaciones y refuerza y estrecha lazos de unión. Hoy ya no se puede mantener, como en otros tiempos, que el Código Penal signifique una parte irrenunciable de nuestra soberanía, y buena prueba de ello es que mantenemos instrumentos comunes de rango constitucional para toda la Unión.

José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar fueron los fiscales generales que pusieron en marcha la maquinaria judicial para la detención y enjuiciamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont por el ‘caso procés’. (Imagen: Fiscalía)

¿La inteligencia artificial contribuirá también a mejorar el trabajo de la Justicia?

Sin duda, la inteligencia artificial, como método científico para ayudar a tomar mejores decisiones de todo orden, servirá igualmente en materia de Justicia a contribuir a mejorar el sistema. Pero debemos aprovecharnos, en sus justos términos, de tal herramienta, de manera que no sea el camino para sustituir la decisión humana, sino para ayudar a tomar la mejor decisión posible. Sólo desde tal perspectiva, la inteligencia artificial cobrará la esencia que le corresponde en su escenario propio.

¿Qué análisis hace de la calidad del Estado de Derecho?

El Estado de Derecho no solamente es un principio constitucional básico, sino el termómetro para medir el nivel de democracia que se disfruta. Tal esquema parte de la separación de poderes y de la prevalencia de la ley sobre cualquier otro poder. La ley es consustancial al Estado de Derecho, y sin ley no hay democracia ni Estado de Derecho. La Constitución española, en punto al poder judicial, lo enfatiza como la sumisión al imperio de la ley. 

¿Cree en los pactos de Estado?

Por supuesto. Son imprescindibles medidas tan elementales como el uso de la concordia y el consenso, porque la democracia pasa necesariamente por el entendimiento, de ahí que valore muy positivamente la política de Pactos de Estado en materias troncales para la construcción de una gran nación y sobre temas básicos en cualquier democracia (sociales, educativos, sanitarios, económicos, etc.). Y, lógicamente, en Justicia, donde ya hemos vivido un clima de pacto desde principios de este siglo, pero hace falta avanzar mucho en esta materia. Debemos retomar un gran Pacto de Estado en Justicia, en el cual se impliquen todas o la mayor parte de las formaciones políticas.

Destaca que la democracia pasa necesariamente por el entendimiento, y que los Pactos de Estado en materias troncales son necesarios para la construcción de una gran nación 

Una vez que exista consenso en lo sustancial, cada partido podrá aplicar sus programas en lo que considere más adecuado. Cuanto más se avance en materia de pactos entre las fuerzas políticas sobre aspectos básicos, descenderán las controversias sobre asuntos básicos, porque eso corresponde al Pacto, y mejor funcionarán las instituciones.

¿Podría recordar qué significa la separación de poderes?

La separación de poderes es sustancial en un Estado de Derecho. Quiere ello decir que, desde nuestra posición, los miembros del poder judicial no entren en la política partidista. Ésta es necesaria para la formación de las cámaras, y en la política de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, pero no para el Poder Judicial, que debe estar ausente en dicho aspecto. De igual modo, el respeto tiene que ser recíproco entre los poderes del Estado, porque es el máximo baluarte del funcionamiento de la democracia.

A menudo se habla de magistrados «conservadores» y «progresistas». ¿Estas denominaciones perjudican a la Justicia?

Los magistrados no deben ser ni conservadores ni progresistas. Si se parte de ese error, se prostituye el sistema judicial. 

«Los magistrados no deben ser ni conservadores ni progresistas. Si se parte de ese error, se prostituye el sistema judicial» 

Etiquetar políticamente a los jueces es contribuir a que se pierda la confianza en la Justicia. ¿Quién creerá en la independencia si quien arbitra el partido pertenece a uno de los dos equipos contendientes? Sobre este aspecto, tanto la ciudadanía como la clase política, deberían salir al paso. E incluso también los propios magistrados, que no deben tomar posición en cualquier tema de política partidista.

La Reina Letizia, el magistrado Julián Sánchez Melgar, APRAMP y la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Málaga, Flor de Torres, fueron galardonados en 2019 con el XV premio de Reconocimiento a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de género, que entrega anualmente el Observatorio. (Imagen: archivo)

Por cierto, usted no está afiliado a ninguna asociación judicial. ¿Por qué?

Es una opción que tomé hace años, y no es ni un acierto ni un error. Es simplemente una decisión personal. De todos modos, las asociaciones hacen un papel extraordinario en el control de los asuntos más corporativos o profesionales de la carrera judicial, y lo propio en las demás carreras del Estado.

¿Dónde radica el verdadero Poder Judicial? ¿En el Constitucional o en el Supremo?

El Tribunal Constitucional es un órgano de una gran importancia, porque dibuja la construcción del Estado de acuerdo con la Constitución, pero el verdadero poder judicial radica en todos los integrantes de los juzgados y tribunales, en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo, que es el máximo intérprete de la legalidad ordinaria, fuera, aparte de las funciones que corresponden al Tribunal Constitucional en el diseño constitucional y en la salvaguarda de los derechos fundamentales. Este doble prisma de apreciación no debería ser perdido de vista. 

¿Y qué papel juega la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo?

La Sala Segunda, con Manuel Marchena al frente, está impulsando un buen ritmo de calidad y transparencia. A mi juicio, estamos viviendo un buen momento. Hay un magnífico equipo, unos extraordinarios magistrados, de los que yo aprendo cada día, y contamos con el apoyo del Gabinete Técnico que es como nuestra sala de máquinas, sin cuyo buen funcionamiento el buque no podría navegar. Pero no disponemos de apoyos técnicos personales, fuera de algún asunto puntual, y sería necesario.

¿Debe renovarse cuanto antes el CGPJ?

Sí. Lleva ya el doble de tiempo de su mandato en funciones, y eso no transmite normalidad democrática. Pero renovado el CGPJ mediante el sistema vigente, desde mi punto de vista, debería modificarse el sistema para que los jueces eligieran los doce vocales que diseña la Constitución.

No veo razón por la que los jueces y magistrados estén legitimados constitucionalmente para ejercer, con todas sus consecuencias, el poder judicial, pero no lo estén para elegir a 12 de los 20 vocales del CGPJ, opción que es, por supuesto, perfectamente constitucional. Con este sistema no se podría volver a producir una situación como la actual, y aleja al órgano del juego estrictamente partidista.

Cambiando de tema, ¿qué medidas ve necesarias para combatir esta lacra de la violencia de género?

El número de mujeres muertas desde que se computan estos datos, el año 2003, supera ya, con creces, las 1.200. Una cifra que es mucho más alta, casi el doble, que las muertes por la banda terrorista ETA en cuarenta años de existencia. Y ese dato no es más que la punta del iceberg. La violencia de género comprende multitud de agresiones, físicas o psicológicas, y no solamente la muerte de las mujeres. A la sociedad le preocupa este problema, y a mí particularmente, también.

«Educar, prevenir y sancionar es imprescindible para luchar contra la violencia de género»

La ley integral de 2004, aprobada con el acuerdo de todos los grupos políticos, ha servido para luchar contra esa lacra, pero hace falta mucho más: educar a la ciudadanía y concienciar a la sociedad de la importancia de erradicar esas cifras. A mi modo de ver, educar, prevenir y sancionar son tres ingredientes imprescindibles.Procede renovar el Pacto de Estado para luchar contra la violencia de género, y debería ser con el consenso de todas las fuerzas políticas como primer paso para su unión en estos temas troncales, esenciales para la sociedad.

En una jornada de puertas abiertas del Supremo explicando los pormenores de la Justicia a los niños. (Imagen: Archivo)

Cambiando de tercio, cuando era fiscal general reclamaba mayor autonomía para la Fiscalía. ¿La vinculación orgánica del Ministerio Fiscal con el Poder Ejecutivo es un lastre para la imparcialidad plena?

En la época que fui fiscal general del Estado solía decir que debemos “desanclarnos” del Ministerio de Justicia, y por consiguiente, ganar en autonomía frente al poder ejecutivo. 

Para ello, hay que tener presupuesto propio, tomar decisiones independientes, conseguir que el conjunto de la institución sea cada vez más autónomo, de manera que, de esa forma, se prestigie la institución. Cuanto más independiente sea la Fiscalía, más prestigiosas serán sus decisiones.

Para ello, es necesaria también una política de transparencia, que explique a la ciudadanía cada una de sus decisiones. Dicho esto, y como conozco bien el cargo, y sé de la dureza del mismo, no seré yo quien critique la actuación de cualquier fiscal general en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué destacaría de los integrantes de la Carrera Fiscal? 

Tengo un concepto altísimo de ellos. La Fiscalía cuenta con un capital humano extraordinario. De ellos admiro dos cosas: su especialización y su trabajo en equipo. 

El Ministerio Fiscal no solamente persigue delitos, que es su faceta más conocida, opera también en otro ámbito, completamente necesario, aunque más desconocido, como ser el garante y defensa de los menores, ancianos y discapacitados. En general, una magistratura de amparo para las personas más vulnerables.

Por último, ¿qué consejos daría, desde su experiencia, a las nuevas generaciones?

Tienen un porvenir complicado en un mundo cada vez más exigente y cada vez más insolidario. Pero el mundo es de los jóvenes. Por eso, debemos prestarles toda nuestra ayuda y colaboración, arbitrando toda clase de prestaciones necesarias para que ese porvenir sea más soportable, e ilusionante, pues una de las funciones del Estado es ayudar a la juventud a superar sus dificultades. Les animo a que afronten su futuro con vocación y confianza.