Anulado un proceso penal a un hombre citado a juicio como acusado sin haber sido investigado 

La Audiencia Provincial de Cádiz ha anulado un proceso penal contra un hombre que fue enviado a juicio por delitos de apropiación indebida y contra la libertad sindical sin haber declarado como investigado en fase de instrucción. Ocurrió en el Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez de la Frontera.

El afectado impugnó dicho error procesal, consiguiendo que se devolviera la causa a fase de instrucción para ser citado a declarar. Una vez que el juzgado señaló su comparecencia, su abogado impugnó la citación, pero su pretensión fue desestimada. Ahora la Audiencia ha declarado nula aquella citación como investigado e insta al Juzgado a que cierre la causa por ser extemporánea su declaración.

“Porque no se puede llevar una instrucción penal a espaldas del investigado, al que luego se pretende imputar tras haber finalizado el plazo inquebrantable de instrucción de 12 meses”, subrayan los magistrados.

Así, «tras más de cinco años desde el inicio de la causa, se cierra de una vez este procedimiento penal controvertido y errático desde el punto de vista procesal, en el que, primero, se investigó a una persona jurídica que no puede cometer delitos de apropiación indebida y, posteriormente, a la imputación de la persona jurídica se añadió la de la persona física, de manera extemporánea y nula», precisa a Economist & Jurist su letrado Fernando Osuna Martínez-Boné, de Bufete Osuna, de Sevilla.

Fernando Osuna, abogado de penal económico y ‘compliance’. (Imagen: E&J)

El caso, al detalle

El afectado tiene actualmente 81 años. En 2020 se abrió una causa contra su empresa y durante más de tres años estuvo declarando él como representante legal de la mercantil. Sorpresivamente, la Fiscalía formuló escrito de acusación contra la persona física y no frente a la organización.

«Así, fue en el auto de apertura de juicio oral, de mayo de 2023, cuando el proceso también se dirigió contra él, algo que es totalmente ilícito porque vulnera su derecho fundamental de defensa, ya que toda persona física que vaya a ir a juicio debe declarar antes en calidad de investigado en fase de instrucción», detalla el abogado del perjudicado.

Además, Fernando Osuna subraya que, según el Código Penal, el delito de apropiación indebida no puede ser cometido por las empresas, señalando así otro error procesal cometido.

El Juzgado de lo Penal de Jerez señaló el juicio para el 18 de octubre de 2023 y ante semejante situación el abogado del afectado presentó un escrito solicitando la suspensión y la anulación de todo el procedimiento para que declarase en fase de instrucción como investigado, petición que fue estimada. Consiguió que se anulara la fecha del juicio, días antes del mismo, y se devolvió la causa al inicio de la instrucción para que la persona física declarase con todas las garantías constitucionales.

(Imagen: E&J)

No obstante, los plazos establecidos para que transcurriera la fase de instrucción, que desde hace varios años no puede superar los 12 meses, salvo que lo pidan las partes. Entonces, ya se había sobrepasado con creces el periodo de instrucción, que finalizó en marzo de 2020. Por tanto, no podía declarar la persona física en calidad de investigado, de conformidad con lo establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y el artículo 24 de la Constitución, que dice que a toda persona debe garantizársele el derecho fundamental de defensa.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción no estimó lo solicitado por el investigado y lo citó a declarar. La fecha fijada fue el 27 de septiembre de 2024. Providencia que entonces su abogado recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial, y su recurso ha sido estimado en un auto de 25 de febrero que firman los magistrados Lourdes Marín Fernández (presidenta), Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro (ponente) y Carmen González Castrillón, disponible en el botón ‘Descargar resolución’.

El tribunal ha ordenado al Juzgado que archive y cierre la causa penal. «La paradoja es la siguiente: se ha cerrado la causa contra él, pero no contra la persona jurídica que no puede cometer este tipo de delitos, ya que el recurso de apelación no aludía a la persona jurídica, por lo que la Audiencia no se pronuncia al respecto», señala Osuna. «Cuando el juzgado de instrucción se percate de que la empresa no puede cometer el delito de apropiación indebida, cerrará el asunto también contra ella», añade.

En la resolución, los magistrados destacan: “Recordar que resulta absolutamente imprescindible la formal presencia del investigado en fase de instrucción por exigirlo así los artículos 118 y 775 de la LECrim y jurisprudencia de interpretación -SsTC 126/2011, de 18 de julio; 24/2018, de 5 de marzo- y no puede incoarse procedimiento abreviado sin que el investigado esté personado ejerciendo su derecho de defensa y sin que se le haya tomado declaración como tal (ex art. 324 LECrim)”.

Fachada de la Audiencia Provincial de Cádiz. (Foto: Archivo)

“Lo que proscribe la jurisprudencia es la instrucción de una causa a espaldas del investigado al que luego se pretende atribuir esa condición una vez superado el plazo máximo de instrucción, porque afecta de manera sustancial a su derecho de defensa -SsTS 455/2021, de 27 de mayo; 48/2022, de 20 de enero”, apuntan.

La Audiencia de Cádiz también alude en su resolución al auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2024 (apelación 5/24): “El art. 324 LECrim contiene un término propio que enmarca el término de preclusión para la realización de los actos de instrucción. Vencido este plazo o sus prórrogas, no procede otra resolución que alguna de las precitadas en el art. 779 de la ley procesal y ante la ausencia de indicios que determinan la imputación del procedimiento, procederá el sobreseimiento y archivo conforme el punto 2. Del art. 779 de la ley procesal”.

«Hace 15 años nació la responsabilidad penal de la empresa y, sin duda, todavía existe cierto desconocimiento judicial respecto a la diferencia entre una persona física y jurídica investigada en un proceso penal», denuncia el abogado del caso, cuyo cliente ha sufrido un calvario judicial de tres años por estas «confusiones procesales».