Cuatro días de prisión por no cumplir los trabajos en beneficio de la comunidad

M.A.G.C. entraba en prisión tras ser puesta en busca y captura por el Juzgado de Instrucción Nº4 de Las Palmas de Gran Canaria, donde la mujer fue condenada en primer lugar a realizar trabajos en beneficio de la comunidad al ser responsable de un delito leve de estafa. Al incumplir esta primera condena de carácter social, el mismo Juzgado dictaba el 13 de enero una nueva ejecutoria, condenándola a la pena de 60 días de multa con una cuota diaria de 8 euros, y avisando que “del impago de cada dos de estas cuotas se devengará para ella una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad” rezaba la sentencia. Pero una vez más tampoco cumplió el veredicto señalado, por lo que el Juzgado determinó su inmediato ingreso en prisión para el cumplimiento de la condena.

No era lo que parecía

Aunque a ojos del Juzgado M.A.G.C. era una mujer insumisa que no estaba cumpliendo lo sentenciado, y por tanto la encarceló, los letrados de la defensa, sobre quien la condenada puso su confianza una vez ingresó en el Centro Penitenciario de Alcalá Meco, dio rápidamente con el fondo del problema.

«La situación fue comprendida por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria» (Foto: Economist & Jurist)

Así, la defensa recurrió el ingreso en prisión alegando que su representada no había recibido de su anterior letrado las comunicaciones judiciales, por lo tanto desconocedora de los cambios legales que se producían actuaba con normalidad, “ajena del error producido, ya que no pudo comunicarse con su anterior abogado” manifestó a este medio su actual letrado, quien procediendo posteriormente al pago de la multa inicial, acreditó que su cliente era madre de una menor de edad, disponía de trabajo y carecía de antecedentes penales, demostrando así sus circunstancias personales, sociales, y el arraigo de la ahora presa, en base a lo cual solicitaba su liberación.

«Inmediata libertad» para la encarcelada

Tras la exposición de los hechos, la situación fue comprendida por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, quien comunicaba al director del Centro Penitenciario que “deberá poner en inmediata libertad” a la condenada, la cual llevaba cuatro días en prisión.

“Juango”, como se conoce en la profesión al popular abogado de la defensa, no solo se mostró muy satisfecho con la salida de prisión de su representada, acto que considera “conforme a la legalidad y a la proporcionalidad”, sino que ha trasmitido a este medio su agradecimiento por “el trato encomiable y cercano de los funcionarios cuando han conocido del error producido”, recordando la importancia de que el contacto entre abogado y cliente sea constante para así “evitar este tipo de malos entendidos que, como en este caso, han tenido graves consecuencias que hubieran sido evitables”, nos afirma el letrado.

La defensa del caso ha corrido a cargo del despacho penalista Ospina Abogados.