Declarada nula una tarjeta ‘revolving’ de Bankinter por falta de transparencia formal y material

La Audiencia Provincial de Alicante ha declarado la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito revolving de la entidad financiera Bankinter al razonar que el mismo carece de falta de transparencia formal y material. En consecuencia, la Sección Sexta ha condenado al banco a devolver al cliente la totalidad de los intereses que éste había pagado desde que suscribió el contrato en el año 2008 hasta el momento actual.

El abogado defensor del consumidor y que ha logrado esta favorable sentencia para su cliente (la cual disponible en el botón ‘descargar resolución’), Juan Pablo Palomar, socio del bufete Palomar Abogados, manifiesta a Economist & Jurist que la Audiencia Provincial (AP) de Alicante ha aplicado los criterios establecidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (STJUE, de 17 de noviembre de 2021, asunto C-655/20) para confirmar la falta de transparencia del contrato.

“Las cláusulas del contrato de tarjeta revolving no superaban los umbrales mínimos de transparencia formal”, señala Palomar, “ya que el tamaño de la letra del citado contrato no era legible por cuanto la misma era diminuta”. En este sentido, el letrado recalca que el tribunal provincial también ha reprochado a Bankinter que en el texto del contrato los tipos de interés no venían resaltados en negrita y que las cláusulas litigiosas fueron incluidas “entre otras muchas de forma abigarrada, donde es difícil pasar desde una línea a otra en su lectura”.

“El fallo judicial emitido por la AP alicantina dictamina que el contrato de tarjeta revolving adolece igualmente de una falta de transparencia material determinante de abusividad, y ello porque las cláusulas definidoras del objeto del contrato, contraviniendo las exigencias de la buena fe, generan en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”, explica el Juan Pablo Palomar.

(Imagen: E&J)

El caso

En el presente caso enjuiciado el consumidor demandó a Bankinter Consumer Finance solicitando la nulidad del contrato de crédito mediante tarjeta revolving firmado entre las partes en septiembre de 2008, alegando el demandante que el mismo era usurario.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Denia estimó la demanda y declaró la nulidad de dicho contrato por no superar los umbrales de transparencia formal y material. En consecuencia el juzgador obligó al cliente a devolver al banco únicamente la suma percibida, mientras que la entidad bancaria fue condenada a reintegrar al consumidor todas aquellas cantidades que hubiese percibido del actor y que hubiesen excedido del capital dispuesto.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Bankinter. En el recurso la entidad bancaria solicitaba que el fallo del Juzgado fue revocado y la demanda desestimada porque los intereses pactados no eran usurarios, sino válidos.

No obstante, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado el recurso de apelación de Bakinter y confirmado el carácter usurario del contrato firmado entre las partes y, por ende, la nulidad del mismo por abusividad de la cláusula de intereses remuneratorios. “Debe considerarse abusiva y nula la cláusula que determina el interés remuneratorio pactado y de la forma de pago aplazado”, recoge la sentencia.

(Imagen: Bankinter)

El contrato carece de transparencia formal y material

La AP de Alicante ha dictaminado que en el caso enjuiciado la cláusula litigiosa no cumple los umbrales mínimos de transparencia formal. Pues, para superar dicho control la cláusula debe tener una redacción clara, concreta y sencilla que permita al cliente una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido la oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato.

Los magistrados recuerdan que en la legibilidad de la estipulación deben tenerse en cuenta el requisito de legibilidad, que el tamaño de la tipografía sea superior a 2,5 milímetros, que existe suficiente contraste y que no haga dificultosa la lectura, y como requisito adicional se exige que el espacio entre líneas supere los 1,15 milímetros.

Esos umbrales referenciados no los cumple la cláusula del contrato litigioso que determinada el interés remuneratorio pactado y de la forma de pago aplazado, y ello por cuanto “en ningún caso el tamaño de la letra del condicionado contrato es legible porque la letra es diminuta”, señalan los magistrados, “es cierto que previo aumento del tamaño del documento (en el expediente digital) puede llegar a ser leído, pero eso no garantiza que pudiera haberlo hecho el contratante cuando suscribió el documento”.

Asimismo, “no existe suficiente contraste, resultando prácticamente ilegibles las cláusulas del contrato”, resalta la Audiencia Provincial, al mismo tiempo que tampoco vienen resaltadas en negrita los tipos de interés y las cláusulas litigiosas aparecen “entre otras muchas de abigarrada, donde es difícilmente pasar de una línea a otra en su lectura”.

(Imagen: E&J)

La cláusula contraviene las exigencias de la buena fe

Por otra parte, la Audiencia Provincial también ha razonado que la cláusula sobre intereses ordinarios es abusiva porque no solo ocasiona un “desequilibrio importante”, sino porque también lo hace “pese a las exigencias de la buena fe”.

Los magistrados del tribunal provincial alicantino señalan al respecto que se generó un perjuicio al consumidor por cuanto este sufre un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que tiene derivados del contrato firmado. De esta forma, la sentencia expresa que “el principal riesgo que entraña este tipo de producto financiero, para un consumidor no debidamente informado, es el quedar cautivo del mismo al no poder lograr amortizar el capital dispuesto durante la vida del crédito por dedicarse el pago de las cuotas al pago de los intereses (normalmente, bastante elevados) y verse reconstituida la línea de crédito de forma sucesiva”.

Por tanto, la cláusula además de no superar el control de transparencia formal, tampoco supera el control de transparencia material, pues “se entregó al consumidor el documento contractual sin explicaciones adicionales”. “No resulta posible que, en estas condiciones, el cliente conociera la mecánica de funcionamiento del singular contrato de tarjeta que se le presentaba a la firma, en el que no existía ninguna mención destacada sobre las características esenciales del contrato”, señalan los magistrados.

En ese sentido, la Sección Sexta explica en la sentencia que no basta con que en el documento contractual se mencione el TIN o la TAE, ya que estos dos elementos no explicaban las singularidades de funcionamiento del crédito revolving, ni tampoco se destacaba la circunstancia relativa a la duración del contrato.

“De este modo, un consumidor medio no podía llegar a comprender las consecuencias económicas y jurídicas derivadas de la relación contractual. En todo caso, venimos considerando que un consumidor con conocimientos financieros medios, razonablemente atento y perspicaz no sería capaz de advertir que el empleo de la tarjeta de crédito asociado al contrato podría determinar las tremendas dificultades que comportan este tipo de productos para amortizar el capital dispuesto”, sentencia la Audiencia Provincial alicantina.