Despedida una trabajadora del BBVA por vender un producto financiero a una anciana sin informar de los riesgos inherentes al mismo

Vender un producto financiero sin informar al cliente de los riesgos inherentes al mismo es motivo de despido disciplinario. Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una reciente sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’) en la que declara la procedencia del despido efectuado por el BBVA a una de sus empleadas, quien vendió un depósito estructurado por importe de 180.000 euros a una octogenaria sin haberle informado adecuadamente de los riesgos del producto.

La Sala de lo Social razona que la actuación de la trabajadora reúnen la gravedad necesaria para justificar el despido disciplinario del que fue objeto, por cuanto cometió faltas muy graves de transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza, deslealtad en las gestiones encomendadas e infracción de los principios y valores del Código de Conducta de la entidad bancaria.

(Imagen: E&J)

El caso

El despido llegó a raíz de que el BBVA tuviera conocimiento, tras la reclamación realizada por la clienta afectada, de que la trabajadora había llevado a cabo unas actuaciones irregulares, y que suponían una práctica fuera de la ética profesional, en la comercialización de un depósito estructural, al omitir en la contratación, información de los riesgos del producto.

En concreto, en el año 2014 la trabajadora comercializó a una clienta de 80 años un depósito estructurado por importe de 180.000 euros, denominado “contrato financiero atípico doble 90/10”, caracterizado por una parte fija o garantizada del 90% del capital (162.000 euros), y una parte variable del 10% (18.000 euros) que quedaba ligada a una cesta de acciones, con riesgo de pérdida en el mercado.

En el proceso de realización del test de idoneidad para la clienta asociado a la contratación de este tipo de productos, la empleada indicó que el nivel de estudios de la clienta era de “estudios medios”, correspondiente a bachiller o similar, cuando en la base de datos de clientes del banco aparece dicha cliente como “dificultad en leer”, sin olvidar que el perfil de la misma —octogenaria— no sería el adecuado para ofrecer este tipo de productos.

Asimismo y a estos efectos, la trabajadora entregó a la cliente un contrato en el que se garantizaba un tipo de interés del 10% a la parte variable del producto. De igual forma, entregó le entregó una libreta de depósito escrita a máquina de escribir, donde se indicaba un tipo de interés a vencimiento del 10%, con su firma y el sello de la oficina. Finalmente, la actora también facilitó una «instrucción» interna a la cliente, donde mecanografió que 18.000 euros tenían un vencimiento el año 2017 y una rentabilidad del 10% al vencimiento, con el sello de la oficina y la firma de la actora.

(Imagen: E&J)

Comercializó un producto sin informar de los riesgos del mismo

A principios del año 2020, la clienta afectada —que en esa fecha tenía 85 años— se personó en la oficina acompañada de su sobrino para interponer una reclamación, manifestado haber contratado con la actora un producto estructurado complejo sin haber sido informada adecuadamente de los riesgos del producto, y con condiciones de rentabilidad no cumplidas.

A pesar de que la parte variable del producto tenía un riesgo de pérdida en mercado, la dienta facilitó una libreta de depósito escrita a máquina que la actora le entregó, donde le indicaba entre otros términos «tipo de intereses a vencimiento 10%», garantizándole de esta manera un rendimiento, que es incompatible con las características del producto para la parte variable.

El banco razonó que facilitar este tipo de libreta no era una práctica habitual, y que con la misma la actora trató de simular la contratación de un depósito a plazo fijo, cuando la realidad era bien distinta. Al respecto, el BBVA también constató la existencia de una instrucción de cliente donde se indicaba que 18.000 euros tienen un vencimiento en el año 2017 y una rentabilidad del 10% al vencimiento. Esta situación supuso para la entidad bancaria un quebranto de 8.955 euros.

En base a lo anterior, el banco comunicó a la trabajadora su despido disciplinario ya que su actuación había vulnerado los principios y valores que rigen en el BBVA, recogidos en el Código de Conducta de la entidad; que había abusado de la confianza que la empresa había depositado en ella, al llevar a cabo prácticas irregulares de forma consciente y fuera de toda ética profesional; y con su proceder había puesto en riesgo la reputación del banco.

“Por tanto, en base a todo lo anterior, con su actuación y comportamiento ha quedado probada su mala fe, voluntad de engañar así como que usted actuó en su único interés”, recogía la comunicación de despido, “los hechos descritos reúnen objetivamente la gravedad necesaria para generar la máxima sanción en materia laboral, al considerarle autora de faltas muy graves de transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza, deslealtad en las gestiones encomendadas e infracción de las normas, todo ello en base a lo establecido en los artículos 54.2.d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y artículos 69 y 70 del vigente Convenio Colectivo de Banca”.

(Imagen: BBVA)

El despido disciplinario es procedente

La trabajadora recurrió a la vía judicial para impugnar el despido y presentó demanda contra la entidad bancaria, solicitando que se que declarase la improcedencia del mismo.

No obstante, el Juzgado de lo Social número 6 de Granada desestimó la demanda y declaró procedente el despido; sentencia que ahora ha sido confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía.

Los magistrados del Tribunal andaluz, además de ratificar que los hechos reúnen la gravedad necesaria para justificar el despido disciplinario del que fue objeto la actora, han razonado que existió un ánimo de ocultación con el que actuó la trabajadora, pues “la autoría de la operación irregular es atribuible, únicamente a la demandante, actuando sola, sin que en ningún momento se haya demostrado que informase a otra persona del banco y menos con facultad de sancionar, siendo a raíz de la formulación de la denuncia por parte de la cliente, cuando el banco tuvo noticia de la posible conducta irregular”.

La Sala de lo Social afirma que los hechos de los que fue objeto de despido la actora, “dado la forma de operar de la demandante sólo podían ser conocidos por la empresa en virtud de la denuncia de terceros o por la comunicación que le hiciera la trabajadora, cuyo silencio es constitutivo de una falta continuada de deslealtad, que sólo empieza a prescribir cuando es conocida por la entidad bancaria o cuando debió o pudo conocer por tener indicios de su comisión”.