El «calvario» de Cuatrecasas para cobrar 15.000 € de una minuta impagada

Pese a que le extrañe a alguno, los despachos de abogados internacionales tampoco se libran de acudir a ese, cada vez más conocido, procedimiento de cuenta jurada o “jura de cuentas” definido en el art. 35.1 de la LEC, para reclamar a sus clientes los honorarios que les son debidos y no han sido satisfechos.

Un ejemplo de ello es el siguiente caso real padecido por Cuatrecasas, una firma con más de 1.700 profesionales y con 27 oficinas abiertas alrededor de todo el planeta.

Jura de cuentas

En diciembre de 2019, un procurador, en nombre de Cuatrecasas, presentó ante la Sala Primera del TS una minuta detallada de sus honorarios, por importe de 15.000 euros, manifestando formalmente que la firma, a través de uno de sus abogados, había sido defensora de una mercantil en el curso de las actuaciones de un recurso de casación, el cual finalizó por providencia de inadmisión.

«La solicitud de jura de cuentas fue desestimada». (Foto: Cuatrecasas)

El despacho anunciaba que había emitido una minuta de honorarios por importe de 15.000 euros, correspondiente al recurso de casación presentado. Pese a reclamar el pago de forma reiterada e infructuosa, la firma se vio obligada a jurar la cuenta para obtener su cobro.

Pese a reclamar el pago, la firma se vio obligada a jurar la cuenta para obtener su cobro

Así, el bufete peticionaba que se requiriera a la mercantil al pago de la mencionada suma de 15.000 euros, con las costas del incidente, bajo apercibimiento de apremio si no lo hiciera ni formulara impugnación Inadmisión de la solicitud.

Inadmisión de la solicitud

En junio de 2020, la solicitud de jura de cuentas fue desestimada.

En concreto, tras examinar la solicitud y la documentación acompañada, la letrada de la Administración de Justicia evidenció que las partes firmaron una “propuesta de servicios y honorarios” en junio de 2012, en cuyo texto se indicaba una partida de 15.000 euros por “recursos ante el Tribunal Supremo”, sin especificar actuaciones concretas.

Entonces, como las posibilidades de discusión de los honorarios en el procedimiento de jura de cuenta son limitadas, la LAJ inadmitió la reclamación, sin perjuicio de que la firma pudiese ejercitar sus derechos en el juicio declarativo correspondiente.

Solicitada la aclaración y rectificación de tal resolución, le fue denegado por un nuevo decreto.

Orden general de ejecución y despacho de ejecución

La firma legal internacional interpuso recurso de revisión contra ambos decretos.

Por fin, en abril de 2021, Cuatrecasas recibió las primeras buenas noticias en este asunto: se acordó anular y dejar sin efecto ambos decretos, y ordenar la admisión a trámite de la cuenta del abogado, debiéndose requerir a la mercantil deudora para que abonase la suma reclamada.

Fachada del Tribunal Supremo (Foto: E&J)

Tras ello, una vez intentada sin éxito dicha notificación a la mercantil requerida, se procedió a la publicación de los correspondientes edictos.

No fue posible notificar al requerido porque no fue localizado

En diciembre de 2021, el letrado reclamante solicitó que se despachase ejecución contra la sociedad deudora por importe de 15.000 euros de principal, más 4.500 euros en concepto de intereses, gastos y costas de la ejecución.

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, a través de su auto de 8 de febrero de 2022, ha acordado despachar ejecución a instancia del abogado de Cuatrecasas por la cantidad total de 19.500 euros, sin perjuicio de ulterior liquidación, frente a la mercantil deudora.