El Ministerio de Justicia es obligado a indemnizar al fiscal Stampa con 4.000 euros por el daño moral sufrido por las investigaciones de Dolores Delgado

En una sentencia de 13 de febrero del 2025 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional —de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Díaz Fraile, en una Sala también compuesta por José Félix Méndez, como presidente, y los magistrados Díaz Fraile, Lucía Acín y Ana María Sanguesa— se estima en parte el recurso del fiscal Ignacio Stampa y se fija una responsabilidad patrimonial del Estado de 4.000 euros por los daños morales causados al fiscal.

La carrera de este fiscal de anticorrupción sufrió un cambio radical cuando la propia Fiscalía general del Estado inició una investigación contra él en el año 2020, acusándole de filtrar datos al partido político Podemos a través de una abogada de la formación morada.

En ese escenario, la batalla judicial ha sido intensa para pedir acceso a ese expediente. Stampa ha ganado dos resoluciones en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, otras tres en el Tribunal Supremo y una última en la Audiencia Nacional, ésta sobre responsabilidad patrimonial.

Stampa fue fiscal de anticorrupción adscrito al ‘caso Villarejo’ hasta que fue apartado de él al ser cuestionado por su presunta relación con una de las abogadas del partido Podemos en la pieza ‘Dina’ de la macrocausa. No obstante, la inspección fiscal archivó la investigación interna tras descartar cualquier tipo de relación y de que revelara secretos a la formación política.

Una vez apartado, comenzó en 2020 su labor en la Fiscalía de Madrid, ya que ejercía en anticorrupción en comisión de servicios, por lo que tuvo que volver a su puesto en esa Fiscalía, donde el Gobierno le adjudicó una plaza vacante de la segunda categoría en diciembre de 2018 porque concursó y obtuvo plaza mientras estaba en anticorrupción.

La decisión de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de no otorgarle una de las 8 plazas fijas en la Fiscalía de anticorrupción le dejó fuera de esta Fiscalía especial y de todos los casos en los que estaba participando hasta el momento.

Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz entablaron una cruzada particular contra el fiscal Ignacio Stampa; ahora la Justicia redime a este fiscal. (Imagen: Fiscalía)

Daño moral a Stampa

Esta semana la Audiencia Nacional ha fallado a favor del fiscal. En consecuencia, el Ministerio de Justicia del que es titular Félix Bolaños, como responsable patrimonial, deberá compensar económicamente a Ignacio Stampa con 4.000 euros. La sentencia no es firme y podría recurrirse por ambas partes en los próximos 30 días hábiles.

El actual recurso trae causa de una reclamación administrativa presentada por el interesado el 27 de octubre de 2021, al amparo del título relativo a la responsabilidad patrimonial de la Administración por la actuación de determinados órganos del Ministerio Fiscal, solicitándose entonces una indemnización de 40.000 euros y solo por daños morales.

La sentencia marca un hito importante porque reconoce el daño moral ejercido por parte de la Fiscalía General del Estado que entonces dirigía Dolores Delgado —y como número dos estaba el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz—al prolongar de forma innecesaria la investigación sobre Stampa; y hacerlo justo en un momento clave para su carrera, cuando había solicitado una plaza permanente en anticorrupción de la que finalmente fue apartado y sobre la que decidía Delgado.

En sus primeras declaraciones a Economist & Jurist tras conocer este sábado la noticia, Ignacio Stampa —que fue entrevistado por el director general de este medio, Pablo Capel, para explicar ese infierno vivió en la Fiscalía, y cuya historia recreó en El Complot, un libro que resume su persecución—se muestra satisfecho: “La Justicia ha resuelto con claridad. La anterior fiscal general, Dolores Delgado, y el actual, Álvaro García Ortiz, manipularon ilegalmente la investigación penal a la que sometieron a un fiscal anticorrupción que les molestaba. Y siguen en sus puestos. Increíble, pero cierto».

‘El Complot’, un libro que resume todo

El Complot, un libro presentado en toda España y escrito por el propio Stampa, narra la persecución que sufrió el que fue fiscal anticorrupción en el ‘caso Tándem’, que condenó al excomisario de policía José Manuel Villarejo a 19 años de cárcel.

En la obra se subrayan las actuaciones frente al propio Stampa por parte del fiscal general, Dolores Delgado, y su entonces número dos, Álvaro García Ortiz —quien actualmente es fiscal general del Estado y está siendo investigado por una presunta filtración como la que entonces le atribuía, falsamente, al propio Stampa, tal y como ha quedado acreditado ante los tribunales—.

Las últimas declaraciones del fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, a Economist & Jurist hablan del caso Stampa y de la situación insostenible del Álvaro García.

Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, es una de las pocas voces que han apoyado a Ignacio Stampa en estos años. (Imagen: Poder Judicial)

Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia

El artículo 121 de la Constitución Española establece que “los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado”. Este derecho se concreta en los artículos 292 y 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que señalan tres posibilidades: error judicial, funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y prisión preventiva seguida de absolución. Stampa se agarra a la segunda.

En ese caso, el artículo 293 LOPJ dice que “el interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia”. Esa es la vía que activó en su día Stampa con la presentación de su escrito ante el Ministerio de Justicia y, según señala la Ley, “contra la resolución cabrá recurso contencioso-administrativo”.

El fallo judicial al que ha tenido acceso E&J reconoce las irregularidades de la Administración porque prorrogó de forma irregular la investigación sobre Stampa más de lo debido.

Entre las acusaciones que vertía el fiscal contra ella en esa demanda presentada en noviembre del 2021, considera que su salida de anticorrupción en 2020 se produjo de manera irregular y señala a Dolores Delgado como responsable. Entre las acusaciones que vierte contra la entonces fiscal general señala su “interés personal” en el caso Villarejo y la relación de su “pareja sentimental”, Baltasar Garzón, con algunos investigados.

El fallo judicial, sin embargo, viene a confirmar que la Fiscalía maniobró contra Stampa alargando esa investigación en un momento clave para su carrera. Stampa alegaba que las diligencias contra él se prolongaron hasta en dos ocasiones, en contra del criterio del instructor, con el propósito de perjudicar sus posibilidades en el concurso de plazas fijas para la Fiscalía anticorrupción. De esa forma Ignacio Stampa denunció que le dejaron en desventaja frente a otros candidatos —nadie quiere a un fiscal inmerso en un proceso judicial, aunque en este detalle, la resolución no entra—.

El 27 de octubre de 2020, cuando el fiscal instructor ya había propuesto en dos ocasiones archivar el caso, pero la investigación continuaba abierta por orden de Delgado, el Consejo Fiscal se reunió y rechazó la petición de Stampa para obtener una plaza fija en anticorrupción.

La Audiencia Nacional considera que la demora innecesaria del archivo de la investigación contra Stampa le causó un “daño moral” al perjudicar su reputación profesional y generarle incertidumbre personal. Sin embargo, la Sala no acepta el argumento de que la investigación abierta y prolongada contra él fuese la causa determinante en su exclusión del concurso por la plaza fija, aunque varios vocales le negaron su voto de manera expresa, precisamente, por la polémica que había entonces al estar investigado; investigación que, ahora, se ha demostrado ilegal.

Stampa explicó a E&J que vivió una auténtica cacería por parte de Dolores Delgado, quien “no aparecía de forma directa en la investigación por los vínculos personales en el procedimiento. Eso hizo que utilizara a Álvaro García Ortiz, persona de su confianza y jefe de la secretaria técnica, nombrado por Delgado y que luego se convertiría en fiscal general del Estado”.

Stampa acudió a ‘E&J’ a explicar a Pablo Capel, director general del ‘E&J Group’, la peripecia vivida y cristalizada en una obra de ficción llamada ‘El Complot’. (Imagen: E&J)

Varias sentencias ganadas al Supremo

En los últimos años la batalla judicial de Ignacio Stampa ante la Fiscalía General del Estado ha sido dura y encarnizada. Las dos primeras lo fueron en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde antes de que se finalizase la tramitación de la demanda, la Fiscalía accedió a sus pretensiones en una ocasión, y en la otra fue condenada. En esta segunda resolución, impusieron al Ministerio de Justicia las costas del procedimiento.

Con posterioridad, en otras tres ocasiones el fiscal del ‘caso Tándem’ ha logrado sentencias favorables de la Sala Tercera del Tribunal Supremol accediendo a sus peticiones de conocer realmente el expediente abierto sobre su persona, con condena en costas en todas ellas, que siguen sin abonarse.

El pasado mes de mayo del 2024 Tribunal Supremo notificaba dos sentencias donde volvía a dar la razón al fiscal Ignacio Stampa frente a la actuación de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Álvaro García Ortiz, con condena en ambas en 3.000 euros en costas.

En dichas resoluciones la Sala de lo Contencioso-Administrativo anula las decisiones adoptadas por el Ministerio Público y obliga a dar acceso al que fuera fiscal del caso Villarejo la información solicitada en su día, en concreto, los expedientes gubernativos incoados por la Inspección Fiscal contra Stampa. Los decretos anulados fueron firmados por la fiscal jefe inspectora, María Antonia Sanz, “por delegación del fiscal general del Estado”.

El Alto Tribunal recuerda que el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos recogido en el artículo 105.b) de la Constitución Española, constituye una manifestación del principio de transparencia administrativa y, junto a otros, integra el contenido de uno de los llamados derechos de última generación, el derecho a una buena administración contenido en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Pero esa no era la primera vez que el Supremo da la razón al fiscal Stampa frente a García Ortiz. Ya lo hizo el pasado mes de marzo cuando anuló otro decreto de la fiscal inspectora acordado por delegación de García Ortiz.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso presentado por el fiscal Ignacio Stampa contra la negativa de la fiscal jefe inspectora, María Antonia Sanz, de julio de 2023, para dejarle acceder a los documentos que afectaban a su persona. Esa decisión de la inspectora, recalca el Alto Tribunal, fue dictada “por delegación del fiscal general del Estado”.

En una sentencia a la que ha tenido acceso este medio la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso presentado por Stampa frente a la negativa de la fiscal jefe inspectora en julio de 2023 a dejarle acceder a esas diligencias, decisión dictada “por delegación del fiscal general del Estado”, Álvaro García Ortiz.

Además, los magistrados imponen a la Abogacía del Estado, que pidió al Supremo que desestimara el recurso del fiscal, el pago de costas de hasta un máximo de 3.000 euros.

Stampa había solicitado una copia íntegra y certificada de todas las diligencias que se abrieron tras la denuncia. Le comunicaron que fueron archivadas, pero no le permitieron acceder a las mismas alegando precisamente el archivo y el fin de la tramitación. El Supremo señalaba en dicho fallo que las personas con un interés legítimo tienen derecho a conocer la información y los datos relativos a ellas que aparecen en procedimientos administrativos ya concluidos.