El TC anula trece preceptos del Decret Llei 17/2019 del Govern, de medidas para el acceso de la vivienda

El Tribunal Constitucional parece que inicia la senda de vedar la tendencia de legislar vía  Decreto Ley

El Tribunal Constitucional ha publicado una nota informativa en fecha 28 de enero de 2021, por la que se comunica que el Pleno, por unanimidad, ha estimado en parte el recurso de inconstitucionalidad presentado por 86 diputados del PP contra el Decret Llei del Govern de Catalunya nº 17/2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda (convalidado por Resolución 732/XII del Parlament de Catalunya de 5 de febrero de 2020)

La sentencia, de la que sólo se conoce el fallo y no en cambio su redactado, ha declarado por unanimidad inconstitucionales y nulos los artículos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 (inciso “sin perjuicio del supuesto a que hace referencia el artículo 42.6”), 2.12, 4.2, 4.5 (inciso “y del apartado 2 de la disposición adicional primera”), 5.5, 5.6, 5.7, 6.3 y 6.6 y la disposición transitoria primera.

Tribunal Constitucional (FUENTE: EFE)

Si bien no se conoce el texto de la Sentencia, la nota de prensa avanza que se considera que no concurren los presupuestos habilitantes prevenidos en el artículo 86.1 de la Constitución para legislar mediante Decreto Ley. Cabe recordar que el citado precepto establece como requisito para legislar vía Decreto la existencia de una extraordinaria y urgente necesidad, sin que nunca puedan verse afectados el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

Este pronunciamiento parece abrir un nuevo escenario en el que muchas medidas legislativas que se han adoptado por la vía del Decreto Ley deberán ser anuladas

Esto es, sin perjuicio de poder conocer los fundamentos de la anulación de los citados preceptos, el Tribunal Constitucional parece que inicia la senda de vedar la tendencia  que lleva años produciéndose en los Gobiernos, de legislar vía  Decreto Ley, pretiriendo al Parlamento, sobre todo cuando se afectan a los derechos, libertades y deberes del Título I de la Constitución, entre ellos, el derecho a la propiedad.

La anulación afecta a preceptos que establecían medidas que imponían a los propietarios ofrecimiento de alternativas ocupacionales o alquileres sociales, incluso a ocupantes ilegales, al iniciar procesos de desahucio y ejecución hipotecaria, y otras que preveían sanciones por no atender requerimientos de la Administración para alquilar inmuebles e incluso expropiación forzosa.

Este pronunciamiento parece abrir un nuevo escenario en el que muchas medidas legislativas que se han adoptado por la vía del Decreto Ley deberán ser anuladas, por lo que los Gobiernos de turno tendrán que impulsar sus medidas legislativas a través del Parlamento a través del proyecto de Ley.