En un examen tipo test una pregunta mal formulada, se considera nula

La recurrente plantea el motivo de casación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d) de la ley jurisdiccional , alegando vulneración de los artículos 23.2 , 24.1 , 103.3 y 106 de la Constitución Española , y en su desarrollo lo divide en dos submotivos; en el primero discute el sistema empleado por el Tribunal Calificador para calcular el descuento previsto como consecuencia de un fallo en una contestación en las bases, y el segundo se dirige a solicitar la anulación de una pregunta, por no ser ninguna de las contestaciones correctas y haberse dado por buena una de las propuestas en el test.

La interpretación sostenida por el Tribunal calificador se enmarca, frente a lo que considera el actor, entre las funciones que le encomienda la base 7, apartado 2, de la convocatoria, de «la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones que estime pertinentes» , ya que la literalidad de la forma de cómputo fijada en la convocatoria era imposible, al no poderse dar efectividad a la reducción en un tercio de punto por cada fallo, resultando la interpretación adoptada la más razonable, la más lógica y la más adecuada al tenor y al espíritu de la penalización, dado que la sostenida por el actor no sería admisible, pues sólo juega en el caso de tres fallos o cada tres fallos, dejando sin descuento el primer y el segundo fallo de cada fase errónea, lo que no es lo querido por la convocatoria, que quiere penalizar cada contestación incorrecta, ni se compadece bien con los principios de mérito y de capacidad que rigen esta materia.

En el presente caso, como sostiene la recurrente a tenor de lo dispuesto en el artículo 160 y 161 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero , por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario la concesión o denegación del permiso solicitado por el interno corresponde a la Junta de Tratamiento y solo si se concede por ésta, se elevara dicho acuerdo, junto con el Informe del Equipo Técnico, al Juez de Vigilancia o al Centro Directivo, según se trate de internos clasificados en segundo o tercer grado de tratamiento, respectivamente, para la autorización correspondiente». En consecuencia se establece un procedimiento bifásico en el que la concesión le corresponde a la Junta de tratamiento, y la autorización posterior a la autoridad judicial o administrativa. Es evidente que como sostiene la recurrente, que no contestó la pregunta al considerar según dice en su recurso que todas las contestaciones eran erróneas, que la pregunta estaba mal formulada y debe anularse.

La consecuencia ha de ser la de estimar el presente recurso de casación, y dictar otra sentencia que estime el recurso contencioso-administrativo con retroacción de actuaciones a la vía administrativa para que el Tribunal Calificador efectúe una nueva lista de aprobados, teniendo en cuenta la anulación de la pregunta cuestionada, a los solos efectos de determinar si, con esa eliminación el recurrente habría superado o no el proceso selectivo, y en este caso proceder a tener por superado el mismo, con todas las consecuencias económicas y administrativas favorables y sin que afecte a los demás opositores.

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