Es necesario acreditar la desproporcionalidad de los preceptos de una Directiva

Cuando se presenta un recurso contencioso-administrativo se ha de de tener en cuenta si la parte recurrente está legitimada o no. En el caso que se presenta ante el Tribunal Supremo, se recurre en relación a un servicio de suministro por unas cooperativas.

La controversia que presenta trata el Real Decreto 706/2017 en relación al suministro de la gasolina. La parte demandante alega que ciertos preceptos imponen unas limitaciones o restricciones que «carecen de cualquier justificación, por razones técnicas o motivos de seguridad»; tachándolas de «irrazonables y notablemente desproporcionadas».

Por su parte, acuden a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el Mercado interior (la Directiva de Servicios), a la Ley 17/2009 de 23 de noviembre (sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) y la Ley 20/2013 de 9 de diciembre (de garantía de la unidad de mercado).

Sin embargo, se trata de insuficiente para la Sala, teniendo que acreditar la premisa de la que alegan, que, junto con los defectos procesales en cuanto a la redacción de la Directiva.