Sala Penal pregunta a Pilar Llop si se recurrirá sentencia TEDH que dio la razón a miembro de ETA Xabier Atristain
"Solicita informe acerca de si la Abogacía del Estado ha declarado formalmente su deseo de no remitir el asunto ante la Gran Sala"
Xabier Atristain (Foto: EFE)
Sala Penal pregunta a Pilar Llop si se recurrirá sentencia TEDH que dio la razón a miembro de ETA Xabier Atristain
"Solicita informe acerca de si la Abogacía del Estado ha declarado formalmente su deseo de no remitir el asunto ante la Gran Sala"
Xabier Atristain (Foto: EFE)
La Sala de lo Penal ha dirigido un oficio a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para conocer si la Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de 18 de enero de 2022, que consideró vulnerado el derecho a un proceso justo al miembro de ETA Xavier Atristain, condenado a 17 años de prisión por delitos de pertenencia a banda armada y tenencia-depósito de armas y municiones.
La sentencia del TEDH estimó el recurso de Atristain y condenó España a indemnizarle con la cantidad de 12.000 euros en concepto de daño moral sufrido. La Sala de lo Penal se dirige a la ministra antes de resolver el recurso de revisión que ha presentado Atristain contra la sentencia del Tribunal Supremo de 2014 que confirmó la emitida por la Audiencia Nacional en 2013 que le condenó por los delitos citados.
En su escrito, la Sala explica que la viabilidad del recurso de revisión está condicionada a la firmeza de la sentencia dictada por el TEDH. Por ello, indica que le resulta de especial interés “en la medida en que de esa información depende el desenlace del procedimiento incoado, conocer si la resolución mediante la que el recurrente pretende respaldar su petición es o no firme”.
Sala Segunda del Tribunal Supremo (Foto: Poder Judicial)
Por ese motivo, solicita informe acerca de si la Abogacía del Estado ha declarado formalmente su deseo de no remitir el asunto ante la Gran Sala o si, por el contrario, ha formalizado recurso o tiene intención de hacerlo en el plazo previsto por la ley de tres meses, que expiraría el próximo 18 de abril.
