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Juristas e interinos piden a la Comisión Europea mayor contundencia para sancionar la inacción del Gobierno

Bruselas reabre un segundo expediente a España diez años después de que lo pusiera en marcha y pide a Escrivá que reforme la legislación actual

Diez años después, la Comisión Europea abre un nuevo procedimiento de infracción contra España por los interinos. (Imagen: Comisión Europea)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 9 min

Publicado




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Juristas e interinos piden a la Comisión Europea mayor contundencia para sancionar la inacción del Gobierno

Bruselas reabre un segundo expediente a España diez años después de que lo pusiera en marcha y pide a Escrivá que reforme la legislación actual

Diez años después, la Comisión Europea abre un nuevo procedimiento de infracción contra España por los interinos. (Imagen: Comisión Europea)



Los interinos en nuestro país no solo están, muchos de ellos, en fraude de la temporalidad (con lo que se vulnera la cláusula quinta de la directiva 1999/70), sino que tienen menos derechos que los trabajadores fijos, según se desprende del segundo procedimiento que abre la Comisión Europea a nuestro Gobierno recientemente.

Según explica el blog de Apiscam, colectivo informático en fraude de ley en la Comunidad de Madrid, Bruselas tiene dos procedimientos desde hace diez años. Por un lado, el procedimiento de infracción 2014/4224 [INFR(2014)4224] en cuanto a discriminación de los temporales con los fijos, que es el que hace unos días la Comisión Europea ha decidido enviar una segunda carta de emplazamiento adicional y le pide al Gobierno una solución en dos meses.



Por otro lado, el procedimiento de infracción 2014/4334 [INFR(2014)4334] sobre incumplimiento de la cláusula 5ª sobre el abuso de temporalidad de la citada directiva, 1999/70. Este último, tras la denuncia múltiple abierta sobre el abuso de duración de temporalidad en empleados públicos españoles (CHAP(2013)01917). A este respecto, el Gobierno aprobó la Ley 20/2021 para frenar la temporalidad y los procesos de estabilización, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dicho recientemente que no es una medida contra el abuso.

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