Justicia confía en llegar a un acuerdo con los funcionarios, pero pide coherencia y serenidad

El Ministerio de Justicia confía en llegar a un acuerdo con los funcionarios de la Administración de Justicia, cuyos sindicatos han sido convocados a una reunión el próximo día 20, y muestra una predisposición al diálogo, aunque la negociación necesaria para llegar a un acuerdo, auguran, puede prolongarse algún tiempo. En este sentido, piden paciencia, voluntad negociadora y coherencia para rebajar la tensión y contribuir a encauzar las negociaciones.

Así, en Justicia afirman estar dispuestos a ponerse a trabajar de forma inmediata para solucionar la situación y atender unas demandas que consideran justas, pero piden ir paso a paso. Y es que, dicen, aunque las reclamaciones de los funcionarios no son nuevas, la legislatura acaba de comenzar. Lo primero es que el nuevo equipo conozca las posturas específicas de los diferentes representantes de los trabajadores, para lo que han sido citados a reuniones bilaterales. A partir de ahí, explican, se configurará un calendario de trabajo y se emplazará la conversación a la mesa de negociación.

“Lo que no es posible es pretender sentarse a negociar y, al mismo tiempo, estar con las pancartas manifestándose en la calle, cuando no ha habido tiempo en lo que llevamos de legislatura”, lamentan en Justicia, en referencia a la protesta que ayer llevó a cabo Comisiones Obreras a las puertas del ministerio, al tiempo que subrayan la actitud constructiva con la que ha sido recibida la propuesta de reunión por parte de UGT, CSIF y STAJ.

Los funcionarios judiciales, unos 45.000 profesionales, reclaman un incremento del complemento general del puesto que llega hasta los 400 euros. Desde el Gobierno se atajan las críticas de la falta de propuesta concreta que ha señalado alguno de los sindicatos señalando que en una nueva legislatura, y aunque hay miembros del equipo que conocen ya sus reivindicaciones, hay cuestiones que deben comenzar prácticamente desde el principio, sin que eso quiera decir que no puede haber un avance rápido. En este sentido, fuentes del Ministerio de Justicia, señalan que no se puede llegar a una negociación intentando marcar los tiempos. Igualmente, indican que hay voluntad para sacar adelante las leyes de eficiencia organizativa y procesal y que algunos de los puntos contenidos en las normas, cuya tramitación se vio interrumpida por el adelanto electoral, ya se están empezando a implementar: es el caso de la reforma del recurso de casación.

Los funcionarios de la Administración de Justicia, que ya habían llegado a un preacuerdo que quedó frustrado por cuestiones presupuestarias, aspiran a conseguir ahora un acuerdo equiparable al que los letrados judiciales y los jueces consiguieron en la anterior legislatura. Si el primero supuso un desembolso de cerca de 23 millones para la Administración, el de los jueces ascendió a 46 millones. Esto queda muy lejos de la cifra de 200 millones que supondría acceder a las reclamaciones actuales de los sindicatos.