Justicia fija el 21 de febrero la Mesa Sectorial y los sindicatos le reclaman su propuesta salarial y que Hacienda esté presente

Una negociación más compleja de lo habitual, ese es el sentir de los sindicatos de funcionarios de Justicia, CSIF, STAJ, CC.OO, UGT y los regionales CIGA y ELA, que concluida la primera fase de la negociación en grupos de trabajo iniciada el pasado 10 de enero, afrontan ahora la recta final el próximo 21 de febrero.

Las organizaciones sindicales esperan que a partir de ese día ya aparezcan los altos cargos del Ministerio como Manuel Olmedo, secretario de Estado, o Sofia Puente, secretaria general técnica del Ministerio de Justicia. Y lo que es más importante, que antes de ese día puedan contar con una oferta económica que sirva como contrapeso a la que el Ministerio ya tiene desde hace meses.

Otro elemento que reclaman los sindicatos es que en esa nueva Mesa Sectorial esté presente el Ministerio de Hacienda que, a buena cuenta, es el que va a autorizar la subida para este colectivo de más de 45.000 profesionales. Una subida que supone un incremento de hasta 430 euros brutos al mes, lo que se traduciría en una partida ‘extra’ para la Administración de 200 millones de euros.

Los sindicatos creen que ha llegado el momento de la verdad y que ya no hay excusas para que Justicia negocie a fondo la subida salarial, cuestión por la que el colectivo fue a la huelga a partir de abril del 2023, y solo la convocatoria electoral de julio frenó este conflicto colectivo aún abierto.

En esta coyuntura, CSIF, sindicato mayoritario, ha planeado que se incluya una   propuesta de enmienda a la Disposición Adicional 9ª del proyecto de Ley de medidas para la ejecución del Plan de Recuperación (RD-Ley 6/2023), actualmente en trámite parlamentario.

Esta organización sindical propone a los grupos parlamentarios que incluyan de manera expresa este reconocimiento retributivo en el marco de las leyes de eficiencia para poner fin al conflicto en Justicia, iniciado el pasado mes de abril de 2023 con una huelga.

Javier Jordán de Urríes, presidente de Justicia nacional de esta organización, reconoce que han seguido las pautas planeadas en diciembre por Justicia en esta negociación y que ahora le toca al Ministerio cumplir su parte. “Ya tenemos un documento cerrado ahora con esta nueva propuesta, una manera de garantizarnos que el Ministerio va en serio y que va a cerrar un acuerdo salarial con el colectivo. Si realmente tienen esa intención no les debería importar que se incluyera dicha enmienda”, apunta.

Por ello, “CSIF y el resto de los sindicatos convocantes de la huelga hemos presentado una propuesta, en forma de anexo, con una serie de materias de negociación calendarizadas que se podría añadir al acuerdo que, en su caso, se alcanzara sobre la subida salarial” comenta.

Entre esas materias CSIF ha reiterado al Ministerio la obligación de negociar el contenido de las leyes de eficiencia, especialmente, la de eficiencia organizativa con la implantación de los tribunales de instancia y el nuevo modelo de Registro civil, así como, revisar la distribución funcional dentro de las oficinas judiciales.

Los sindicatos esperan que en esta nueva fase de la negociación puedan reunirse con Manuel Olmedo, secretario de Estado (Imagen: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes)

Pendientes de la propuesta salarial de Justicia

Según indica a este medio Luis Calero, secretario general de FSC-CCOO, su organización sindical espera que ahora se reactive la negociación hacia la parte económica del conflicto. Este sindicato pidió la creación de un tercer grupo de trabajo para las retribuciones que incluya la subida retributiva en la línea acordada con el cuerpo de LAJs, la carrera profesional, la eliminación de los grupos de población y un plan de productividad para la puesta al día de los asuntos atrasados por la huelga del año pasado, propuestas que no fue aceptada.

Calero explica a Economist & Jurist que “no podemos permitir que el Ministerio de Justicia demore por más tiempo el reconocimiento retributivo y profesional del trabajo que realizamos, por lo que desde CC.OO exigimos que para la reunión de la Mesa Sectorial del próximo 21 de febrero se nos remita una propuesta de subida retributiva con la que empezar la negociación y que en dicha reunión se apruebe un calendario para abordar, también en breve plazo, la negociación para la mejora del resto de condiciones laborales y retributivas”.

Hay que recordar también que esta organización sindical, como ya informó E&J previamente, ha interpuesto una queja al Defensor del Pueblo por los retrasos del Ministerio de Justicia en las convocatorias y resolución de los concursos de traslado.

Este retraso en la convocatoria del concurso de cuerpos generales se viene produciendo con asiduidad desde hace años, así, el de 2022 se publicó en el BOE del 3 de septiembre, el de 2021 en BOE del 13 de octubre, el de 2020 en el BOE del 1 de septiembre, el de 2019 en el BOE del 18 de julio, el de 2018 en el BOE del 23 de julio, el de 2017 en el BOE del 7 de julio, etc.

Desde STSJ, Eduardo Montesinos, también presente en esas negociaciones, señala: “Entramos en una fase clave de la negociación y esperemos que el Ministerio nos haga llegar antes una propuesta clara que responda a la planteada hade diez meses por los propios sindicatos. Hasta ahora hemos hecho trabajos preparatorios ante lo que se avecina este próximo 21 de febrero. En esa nueva etapa de la negociación debería estar sentado el Ministerio de Hacienda para cerrar la negociación porque es la entidad que fiscaliza cualquier acuerdo a nivel económico”.

Este sindicato comparte la idea de CSIF de incluir dicha enmienda “ya no se puede alargar más la negociación y hay que ir a los temas claves. Hemos tenido siete reuniones para justificar un documento cuando otros colectivos han logrado la subida salarial de otra manera. No hemos puesto objeciones para trabajar así, pero hemos aceptado las reglas de juego de Justicia. Esperemos que ahora vayamos en serio y se cierre lo antes posible este acuerdo salarial”.

Para esta organización empresarial, junto a la parte salarial “es fundamental que antes de que se llegue de nuevo la Ley de Eficiencia Organizativa al Congreso, se haya consensuado con nuestro colectivo. Es una ley clave para los cuerpos de gestión del Ministerio que también sabemos va ligada a los Fondos Next Generation para Justicia, donde se fija una nueva organización de Justicia y otras funciones para nuestro colectivo que deben ser retribuidas, así por la cuestión de destinos y traslados”.

Las organizaciones sindicales hablan de unidad de acción, y están dispuestas a salir a la calle de nuevo si no hay un incremento retributivo como el de los LAJs, jueces y fiscales (Imagen: E&J)

Hay que cerrar el acuerdo ya

Por su parte, Antonio Lozano, portavoz nacional de Justicia de UGT, asistente a estas reuniones, cree que ahora le toca al Ministerio mover ficha: “Hemos aceptado sus condiciones de crear dos grupos de trabajo que ahora concluyen sus trabajos, y ahora sin más dilación hay que afrontar la cuestión salarial que fue la que ha generado en conflicto laboral el pasado año con movilizaciones y huelga del colectivo”.

A su juicio, la propuesta de CSIF de incluir una enmienda que garantice la subida salarial que se va a negociar del colectivo de funcionarios de Justicia es una buena idea: “Cualquier iniciativa en ese caso que garantice esa subida hay que tenerla en cuenta. Si el Ministerio está dispuesto a llegar a ese acuerdo con nosotros, no debería importarles que se incluyese dicha enmienda como garantía de dicha subida”.

En su opinión el balance de este mes de negociaciones ha sido bueno, “se constituyeron los grupos de trabajo con dos temas esenciales para nosotros, sobre todo el reconocimiento de nuestras funciones por la digitalización de la Administración de Justicia, que es una forma de ponernos en valor. Para la puesta en marcha del proyecto Justicia 2030 deben contar con los cuerpos generales y especiales de funcionarios de Justicia. Sobre el teletrabajo se va a llegar a un acuerdo en cuanto a su regulación. Ahora falta que se cierre un reglamento de desarrollo en los próximos días”.

Queda pendiente negociar “las cuestiones relacionadas con la LOEO y la propia subida salarial que reclamamos, que ahora serán claves en las nuevas negociaciones de esta Mesa Sectorial. Urge entrar a negociar ya estas cuestiones capitales para el colectivo. En este escenario queremos que Hacienda esté presente porque sabemos que su presencia es clave para que cualquier negociación económica llegue a buen puerto. La experiencia nos dice que es fundamental que esté presente para que este acuerdo se cierre con garantías, como ha pasado con LAJs, jueces y fiscales”.

Entramos, por tanto, en la fase decisiva de una negociación, más larga de lo habitual, donde ninguna de las partes es capaz de asegurar a Economist & Jurist cuándo será el desenlace de un conflicto que empezó a gestarse en abril del 2023 cuando los LAJs estaban cerrando su acuerdo con el Ministerio tras nueve semanas de huelga. Ahora habrá que ver si la primera fase de negociación ha sido útil y si el acuerdo es viable tanto a nivel salarial como en cuanto a analizar la LOEO e incluir las sugerencias de los sindicatos en esta nueva ley.