Justicia para ricos en Fuera de Sala

A la hora de enfrentarse a un proceso judicial, el nivel adquisitivo de una persona o la situación o circunstancias sociales no resultan indiferentes. En eso coinciden todos los juristas consultados, que también apuntan en su mayoría a que no hay un trato desigual intencionado dependiendo de los factores mencionados por parte de los operadores jurídicos.

Sin desmerecer en ningún caso el trabajo que realizan los letrados del Turno de Oficio, en muchas ocasiones desbordados y sin un tiempo mínimo para preparar la defensa que considerarían apropiada, no es igual poder permitirse pagar a un despacho o a un abogado particular que se centre en preparar la estrategia procesal más oportuna, que ser uno más para un profesional que intentará hacer todo lo que está en su mano. Tampoco es lo mismo poder sortear una multa, aunque el sistema busque que la pena resulte proporcional, para unos y para otros. El caso de Shakira, que eludió recientemente la prisión, tras ser condenada por fraude fiscal, abonando una cantidad muy elevada de dinero, resulta especialmente simbólico, aunque no es una excepción.

Las personas con menos recursos y con un menor estatus social resultan criminalizados por normas que castigan situaciones en que se ven aquellos que atraviesen circunstancias más complicadas y, al mismo tiempo, resultan victimizadas. Es el caso, por ejemplo, de las personas en situación de sinhogarismo, que detalla en Fuera de Sala la criminóloga y doctora de la Universidad de Salamanca, Isabel García, que ha estudiado empíricamente esta cuestión.

No se trata solo de dinero para afrontar una defensa o acusación, también de conocimiento, de ser consciente de los derechos que a uno le asisten, explican también en este programa los penalistas Miguel Bustos y Luis Ignacio Mateo. Ambos coinciden también en que no se trata solo de una cuestión normativa, que “nuestro Código Penal padece de obesidad y golpea con especial dureza a quienes menos tienen”, sino que se requiere “una voluntad política, económica y material de cambiar las cosas”.

También se trata de tiempo: “las personas con menos recursos tienen mucho más difícil esperar y el colapso y la lentitud se ceba especialmente con ellos”, explica el abogado Fernando Osuna. Él, que ha defendido a muchos hijos no reconocidos de famosos, asegura que “quienes más tienen, pueden aguantar y dilatar el proceso hasta el infinito” y que hay muchas personas que no cumplen por la mínima los requisitos para que se les conceda la justicia gratuita, pero que tampoco tienen para afrontar lo que cuesta un abogado.

Si tiene que dar una respuesta simple y corta cuando se le pregunta si existe una justicia para ricos, el magistrado Fernando Portillo no duda: la respuesta es si. Ahora bien, eso no depende, subraya, de la responsabilidad social de los jueces, que se limitan a interpretar la ley y a hacerlo lo mejor posible dentro del margen que les da. Esto depende esencialmente del legislador. Y es que, “si se producen estas situaciones percibidas generalmente como injustas es porque la norma lo permite”, concluye.

Estos son los protagonistas de este Fuera de Sala en el que nos preguntamos: ¿existe una justicia para ricos?