Justicia plantea un refuerzo para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y el CGPJ cree que su carga de trabajo crecerá un 12,9%

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima que la entrada en vigor de la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que atribuye a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la competencia para resolver todos los delitos de violencia sexual, supondrá un incremento medio en toda España del 12,9 % en el número de asuntos que tramitan estos órganos judiciales, si bien la incidencia variará mucho según los territorios.

Esta información se hace pública ante el manifiesto que firmaron la mayor parte de los Juzgados de Violencia de Género, noticia de la que ya se hizo eco Economist & Jurist. Precisamente, esto ha hecho que este martes, 25 de marzo, se reuniera el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, con las cuatro asociaciones judiciales y este colectivo de jueces especializados en violencia sobre la mujer.

En dicha reunión, el Ministerio de Justicia ha trasladado a las asociaciones judiciales y a los representantes de jueces de violencia sobre la mujer que el Real Decreto, que reforzará con un 50% más de magistrados de esta especialidad, «estará aprobado próximamente», abriéndose con él la vía para cubrir las nuevas plazas.

Durante el encuentro, que se alargó durante una hora, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, se comprometió a aprobar un Real Decreto para crear más plazas de jueces en aquellos juzgados en los que no se puedan reconvertir los jueces de instrucción. En este sentido, aunque el Ejecutivo les trasladó que han hecho un estudio sobre el asunto, no informó de cómo se paliará el colapso que avecinan. Tampoco se comprometió a aumentar medios materiales porque, dicen, eso corresponde a las comunidades autónomas.

Ha sido el propio secretario de Estado quien ha señalado en esas reuniones el aumento de personal y de medios que tendrán estos juzgados especializados cuando asuman las nuevas competencias derivadas de la Ley de Eficiencia, y ha apuntado que la próxima aprobación del Real Decreto dará paso a que el Consejo General del Poder Judicial convoque los concursos necesarios para cubrir las nuevas plazas.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer están al límite y necesitan refuerzos. (Imagen: Poder Judicial)

Falta concretar

Menos positivo se ha mostrado Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), quien detalló que Olmedo les ha informado de que en partidos judiciales con carga de trabajo inferior al 100% se transformará un juez de instrucción en juez de violencia sobre la mujer, mientras que en aquellos con carga superior al 100% se crearán plazas específicas.

A su juicio, no cree que haya una «previsión clara» a la hora de suplir la falta de magistrados de violencia machista con jueces de instrucción cuando la carga de trabajo no llegue al 100%. Una solución que, en su opinión, se traduce en «desvestir a un santo para vestir a otro».

En este sentido, el portavoz ha abogado por aumentar las plazas de los jueces de violencia sobre la mujer para que puedan ejercer sus funciones sin la presión de tener más carga de trabajo.

Opinión diferente es la que tiene el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, quien sí ha considerado que Justicia va «por el camino correcto» con las medidas que quiere adoptar. «Parece que hay intención de que todo esto se ponga en marcha con bastante rapidez», ha opinado.

En la reunión con el colectivo de jueces de violencia de género estuvieron presentes tres magistradas: Cira Gadea (Madrid), Miriam Quintero (Sevilla) y María del Carmen Gutiérrez (Málaga). Frente a ellas, Olmedo, acompañado por Sofía Puente, secretaria general de la Administración de Justicia, y Fernando de la Fuente Honrubia, director general de Transformación Digital.

Myriam Quintero, magistrada de violencia de género sobre la mujer en Sevilla y una de las jueces que ha participado en el encuentro, afiliada a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, aclaró a este medio que esta decisión —la del secretario de Justicia— se trata de una «mezcla explosiva» que va a generar un «embudo» en estos juzgados especializados. Lo que más les preocupa, dice, es que las víctimas de violencia machista van a quedar «opacadas», puesto que no van a poder dedicarles el mismo tiempo a estos asuntos, muchos de los cuales afectan, además, a niños.

«Lo único que queremos trasladar en el Ministerio es nuestra preocupación seria y sincera de la víctima. Es una carga de trabajo inasumible. Nos preocupa muchísimo no estar al cien por cien», lamenta.

Al final, se trata de una demanda compartida por la totalidad de jueces especializados en violencia sobre la mujer. Prueba de ello es que el comunicado, emitido a principios de mes, lo suscribieron 135 jueces de violencia sobre la mujer.

Desde el CGPJ se ha preparado un estudio sobre las cargas de trabajo de estos juzgados. Aquí, los nuevos vocales. (Imagen: Poder Judicial)

Estudio del CGPJ

El estudio del CGPJ realiza una estimación de la carga de trabajo por comunidad autónoma y por partido judicial. Con los datos recabados por el CGPJ, la incidencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2025 se mueve en una horquilla que va desde un máximo del 20% a un mínimo del 2,79%. Las características de cada territorio, el tamaño de las localidades, los medios de que los que se dispone y la ubicación geográfica (interior o zonas costeras) son variables que influyen claramente en las cifras.

Las estimaciones, extraídas de un informe elaborado por el servicio de estadística del CGPJ, muestran que Cataluña será la comunidad autónoma más afectada, con un aumento del 20,25%. En el otro extremo se encuentra el País Vasco, donde el porcentaje se reduce al 2,79%. Las Islas Baleares, la región de Murcia, Galicia y la comunidad Navarra serán, en ese orden, las más afectadas después de Cataluña.

En el rango inferior se encuentran Aragón, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Extremadura. De todos modos, tal y como apunta el Consejo, «el informe tiene como finalidad principal conocer de forma aproximada el incremento del número de asuntos, que pasarán a ser competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer». Se trata, por tanto, de una mera «estimación».

En este caso, el rango va desde un 3,55% menos de media en los juzgados de Baleares, hasta un 0,35% en los del País Vasco. Entre los más aliviados estarán los de La Rioja, la región de Murcia y la comunidad foral de Navarra —3,44%, 2,89% y 2,62%, respectivamente—. Las comunidades que menos notarán la disminución de trabajo en sus juzgados de instrucción serán Aragón, Andalucía y Extremadura —0,61%, 1,57% y 1,66%—.

Los cálculos se han realizado «teniendo en cuenta distintos tipos de procedimientos y todos los tipos delictivos relacionados con la violencia sexual que recoge el Código Penal». A su vez, el informe del Consejo calcula cómo disminuirá el volumen de asuntos que recaerán en los juzgados de instrucción ordinarios con la entrada en vigor de la Ley.

Elaborado por el Servicio de Estadística del CGPJ, el informe tiene como finalidad principal conocer de forma aproximada el incremento del número de asuntos que pasarán a ser competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y, en consecuencia, permite también hacer una estimación de la disminución en la entrada de casos en los Juzgados de Instrucción o Mixtos, que actualmente son competentes en materia de violencia sexual.

En este caso, la fuente de la que se han recabado los datos han sido los distintos sistemas de gestión procesal de cada comunidad autónoma y no los boletines de estadística judicial, ya que los boletines de los ejercicios sometidos a análisis no recogen de forma diferenciada los datos sobre los procedimientos abiertos por delitos de violencia sexual.

Según comentan, el CGPJ está elaborando una propuesta de modificación de los boletines, que remitirá para su aprobación a la Comisión Nacional de Estadística, por lo que se calcula que en un año se podrá contar con información más completa.