Justicia prepara con la UNED el examen de acceso a la abogacía que se realizará online el 4 de julio 

• Se atiende así la demanda del colectivo de llevar a cabo la prueba para incorporar al mundo laboral a los 6.780 aspirantes de la convocatoria del 28 de marzo, aplazada por el coronavirus

5 de mayo de 2020.- El examen de acceso a la abogacía, correspondiente a la primera convocatoria de 2020, se realizará finalmente el sábado 4 de julio y de forma online, gracias al acuerdo que, en los próximos días, firmará el Ministerio de Justicia con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) que ofrecerá la plataforma y el soporte tecnológico necesario.

El ministro Juan Carlos Campo, que ayer lo anunció en su comparecencia en la Comisión de Justicia, avanzó los términos de la prueba en la reunión que mantuvo hace unos días con el presidente de la Conferencia de Decanos de Derecho de España, Javier López; su vicepresidenta y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, Juana Goizueta y el decano de la Facultad de Derecho de la UNED y secretario de la Conferencia, Manuel Díaz.

Se da así respuesta a la demanda del colectivo de realizar el examen para posibilitar la incorporación al mundo laboral de los 6.780 aspirantes de la convocatoria del 28 de marzo, que fue finalmente aplazada como medida de contención del coronavirus.

La prueba se llevará a cabo de forma síncrona en todo el territorio nacional. La UNED cuenta con una dilatada experiencia en formación y evaluación a distancia y dispone de los medios tecnológicos necesarios para dar soporte a este tipo de pruebas masivas.

El Ministerio de Justicia informará en su página web y por los cauces habituales de los detalles de la convocatoria y desarrollo del examen.

Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, estos operadores deben superar esta prueba de aptitud como requisito previo al ejercicio de su actividad. El examen se convoca de forma conjunta por el Ministerio de Justicia y la Secretaría General de Universidades.