Justicia recurre a personal externo ante el incremento de trabajo administrativo que espera en los próximos cuatro años

El mayor intercambio internacional de información sobre los condenados por causas penales y la cancelación de antecedentes penales implicará que las tareas de los registros judiciales se “incrementen notoriamente” en los próximos cuatro años. Eso supondrá la necesidad de contar con personal externo “adecuado y transitorio”.

El primero de los objetivos, el intercambio internacional de antecedentes penales de ciudadanos de terceros países, forma parte del compromiso alcanzado con el resto de Estados Miembros de la Unión Europea. Respecto a la cancelación de antecedentes penales y delitos de naturaleza sexual, el Ministerio ya ha notado un incremento de solicitudes fruto de la obligación de carecer de dichos antecedentes para acceder a determinadas profesiones. Esto supondrá, según estima Justicia, un aumento considerable de trabajo para lo que se requiere un aumento de trabajadores.  

Para ello, el Ministerio de Justicia licita por un importe de 1,32 millones de euros el servicio de registro de documentación, depuración de historiales y preparación de expedientes en la unidad de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. El valor estimado del contrato será de 2.741.200 euros y el trabajo se prolongará durante dos años, que podrán ser prorrogados otros tres.

Los servicios que el Ministerio se propone contratar se agrupan en cuatro áreas: Gestión documental de las tareas asociadas a la consulta y localización de información en las bases de datos, para depurar y grabar datos relacionados con expedientes en tramitación, así como el archivo de la documentación administrativa; la depuración de identidades de las bases de datos del Sistema Integrado de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), con el objetivo de garantizar la exactitud de los datos de las personas que constan en los registros; la revisión de historias penales que se intercambian con otros Estados, garantizando los datos personales asociados a las condenas así como las notas de condena recibidas del extranjero, que han de incorporarse al SIRAJ, y, por último, la ordenación, verificación y registro de entrada y salida en el área de Registros Judiciales de la Subdirección General de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales de Justicia (SGIISDJ).

El equipo estará compuesto por un mínimo de 18 personas, que tendrán que emplear unas 61.600 horas, en conjunto. Deberán contar con un coordinador, cuatro jefes de equipo, nueve técnicos y cuatro administrativos. “El personal adscrito al contrato, integrado en la plantilla de la empresa, deberá́ poseer la competencia, capacidad y formación necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. En cualquier caso, la empresa no podrá́ alegar como causa del retraso o imperfección de la ejecución de los trabajos la insuficiencia o ausencias reiteradas de la plantilla mínima a la que este pliego obliga”, se puede leer en los pliegos de contratación.

Para estos trabajos, que se realizarán de forma presencial y telemática, el Ministerio facilitará el acceso y el tránsito de los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio a las áreas en las que desempeñen su tarea. Exigirá que el personal asignado esté siempre identificado con tarjeta propia de la empresa adjudicataria, además de las que facilita el Ministerio a todo el personal externo. Está previsto que, mensualmente, la empresa remita al responsable de la SGIISDJ, dentro de los primeros 5 días del mes, informes de seguimiento del mes anterior. El Ministerio llevará a cabo dicho seguimiento y la validación de las actividades realizadas

El Boletín Oficial del Estado publica hoy el anuncio de la licitación cuyo contrato tiene un valor estimado de 2.741.200 millones de euros. El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación estará abierto hasta el próximo 29 de mayo.