La Abogacía catalana rechaza de pleno el informe que propone eliminar la colegiación obligatoria emitido por la Comisión Nacional de la Competencia.

La junta del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC) ha rechazado por unanimidad en su última reunión plenaria el informe que ha emitido la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que proponía suprimir la colegiación profesional obligatoria.
A los abogados catalanes les sorprende que, en un momento en que parece que un exceso de desregularización y falta de control en el mercado de las operaciones financieras ha sido lo que ha llevado al país a la actual crisis económica que vivimos, la Comisión Nacional de la Competencia sugiera que se deban suprimir las colegiaciones profesionales obligatorias.
En este sentido, la Presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana y Decana del colegio de abogados de Barcelona, Silvia Gimenez-Salinas, recuerda que entre las funciones que tienen los colegios profesionales actualmente están las de garantizar al usuario la mejor calidad en los servicios que recibe, velar por una ética profesional de sus colegiados, así como, ejercer una función de peritaje en los procedimientos de tasación de costes.
Asimismo, Gimenez-Salinas añade que los Colegios de Abogados se crearon con el fin de unificar los servicios de defensa jurídica y asesoramiento al ciudadano y para ser el ente de vertebración de la sociedad y de esta forma debe seguir siendo en el futuro. Los colegios de abogados deben seguir sirviendo como sello de calidad de actuación de sus colegiados y garantizando al ciudadano que el abogado elegido no esta solo, sino que tiene a su colegio detrás.
Los representantes de la abogacía catalana consideran, además, que si se llegara a eliminar la colegiación obligatoria en el sector jurídico podría suceder que disminuyera considerablemente la calidad de la justicia hacia los servicios que ofrece a los ciudadanos y que, en ningún caso, ello conllevaría un beneficio para la sociedad.
Cabe tener en cuenta que, hoy en día, los colegios de abogados siguen un sistema democrático de elección de sus juntas de Gobierno, que deben rendir cuentas a través de la aprobación de los colegiados y, además, están sometidos a restricciones de los mandatos; todo ello garantiza, para el bien de la sociedad, una independencia de su gestión desvinculada de poderes políticos o fácticos.

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