La abogacía institucional denuncia los problemas de acceso a la Justicia por parte de los colectivos más vulnerables

En el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Unión Profesional organizaba este martes un acto bajo el título ‘Los derechos humanos como esencia profesional en sus cuatro generaciones’.

A largo de este debate se habló del momento que viven actualmente los derechos humanos y de cierta convulsión por los acontecimientos que se vienen sucediendo en distintas partes del mundo, algunos convertidos en conflictos bélicos donde los derechos humanos se ven sobrepasados por la actualidad.

En este contexto, tal y como se indicó por parte de Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación CGAE, «el papel de los abogados en su vertiente social es el de garantizar el acceso a la justicia de todos los colectivos, aunque no siempre se consigue».

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su preámbulo, la ONU señalaba que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la realidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de la sociedad humana.

Desde esta perspectiva, las profesiones colegiadas organizadas desde Unión Profesional hacen posible el acceso a estos derechos fundamentales, procurando con su práctica profesional la búsqueda del interés general. Enfocado en el rol de las profesiones colegiadas en el marco de las cuatro generaciones de derechos humanos —derechos de libertad; derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; y los derechos relacionados con el desarrollo tecnológico—, la sesión contó con la presencia de Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, quien presentó el acto apelando a «la necesidad de unos mínimos éticos».

Según Unión Profesional, en la actualidad las profesiones están obligadas a garantizar —junto con los poderes públicos— el derecho a la vida; a la libertad personal y seguridad; a la libertad de expresión; a la tutela judicial efectiva; a la educación y libertada de enseñanza; a la propiedad privada; a la libertad de empresa; a la protección de la familia y a la infancia; a la salud y a la cultura; a la protección al medioambiente o a una vivienda digna.

Junto a ellos, las profesiones también tienen incidencia en la protección a las personas con discapacidad y protección de las pensiones; defensa de los consumidores; y derecho a la participación ciudadana. Al final de lo que se trata es ir hacia un mundo más justo e igualitario y en este camino las profesionales colegiadas quieren acompañar a la ciudadanía.

Berta Álvarez, coordinadora Fundación Abogacía, adscrita al CGAE, advierte de los problemas de ciertos colectivos a la hora de acceder a la Justicia (Imagen: CGAE)

Abogacía y acceso a la justicia

Uno de los debates de este encuentro de trabajo, bajo el nombre ‘Las profesiones, garantes universales de los Derechos Humanos’, contó con la presencia de representantes de las corporaciones colegiales y fundaciones vinculadas a las mismas.

Este es el caso de Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación Abogacía, convertida en la parte social del CGAE, que comentó que la misión principal de esta entidad es la defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo, subrayó que la abogacía defiende el acceso de la ciudadanía a la justicia. Acceso que se ve vulnerado, en muchas ocasiones, dentro del colectivo de personas con discapacidad o en otros colectivos como son los conformados por personas mayores, menores o migrantes.

Desde su punto de vista, “la abogacía tiene claro que hay que hacer algo para revertir esta situación. Necesitamos como profesión garantizar la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, que no se respeta».

En estas circunstancias, señaló que para ello es necesario contar con herramientas e instrumentos que permitan la protección de los derechos de las poblaciones, destacando la Agenda 2030, especialmente, «el ODS 17 dedicado a las alianzas, como puede ser la que poseen las profesiones agrupadas en Unión Profesional».

La Fundación del Consejo General de la Abogacía Española es una entidad sin ánimo de lucro cuyos fines son la defensa de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo. Desde su creación en 2003 desarrolla proyectos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, en los ámbitos de la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos.

Para Álvarez, la fuente de inspiración de toda actividad de esta Fundación es la función social de una abogacía libre e independiente, entendida como pieza esencial de la defensa de los derechos y el acceso a la justicia de todas las personas, sin distinción de ninguna clase.

Al mismo tiempo, comentó que la décima edición del Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía, tendrá lugar el próximo 14 de diciembre en el Consejo General de la Abogacía Española y estará dedicada a la igualdad digital.

La tecnología avanza tan deprisa que lo tangible y lo real tardan en alcanzarla. Dando un paso más, la preocupación surge de los sesgos detectados en el ámbito de la Inteligencia Artificial, un entorno digital donde parece todavía más difícil controlar que los colectivos vulnerables: menores, mayores, personas con discapacidad o víctimas de trata, vean respetados sus derechos.

En la inauguración participarán la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, y el director en funciones de la Comisión Europea en España, Lucas González Ojeda, para hacer un repaso por la evolución de la sociedad y los derechos humanos desde el periodo de posguerra mundial a la revolución digital en estos 75 años desde la declaración universal.

La propuesta de este congreso en el que participaran expertos en derecho digital de primer nivel abre el debate para abordar cómo se ven afectados los derechos humanos. ¿Quién garantiza que se cumplan en entornos digitales? La Abogacía debe erigirse en garante de los Derechos Humanos digitales.

Mesa sobre profesiones y derechos humanos. De izquierda a derecha: Cristina Crespo, Alfredo Sanz-Corma, Francisco Javier Ansuátegui, Jorge Prades y Berta Álvarez. (Imagen: Unión Profesional)

Notariado y función social

Fue Jorge Prades, vicesecretario-tesorero del Consejo General del Notariado, quien quiso hacer hincapié en la función de profesiones como la suya, garantes del cumplimiento de los derechos humanos y de la seguridad jurídica, destacando el papel de «asistencia, pero también de consejo e información de las profesiones, especialmente en el caso de la población más vulnerable». Esta actividad es acogida por la Fundación Aequitas, que enfoca su labor en la defensa de los derechos de las personas discapacitadas.

Por su parte, Alfredo Sanz Corma, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica y vicepresidente de Unión Profesional, quiso dirigir la mirada a «la aportación de conocimientos técnicos desde las profesiones en función de los que más lo necesitan» y a partir de la observación del concepto de emergencia climática «habitar desde la perspectiva del cuidado, también en el caso de nuestro planeta».

Para hablar de aquellos derechos humanos de última generación, vinculados con las nuevas tecnologías, se contó con la presencia de Cristina Crespo, miembro del grupo de trabajo Ingenieras en Red, del Colegio de Ingenieros Técnicos en Telecomunicación.

Crespo, en su turno de palabra, puso de manifiesto la brecha digital que existe si se habla de acceso a las comunicaciones, imprescindibles para evolucionar en la sociedad del momento. En su opinión, es necesario que a la hora de llevar a cabo su diseño, también en clave política, se piense en los colectivos más vulnerables. Tal y como reveló el tiempo de la pandemia, «cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos ser vulnerables».

A modo de cierre, Francisco Javier Ansuátegui quiso destacar la interseccionalidad como elemento estratégico de los derechos humanos, «un discurso que ha de contextualizarse en la actualidad, teniendo presente la transición digital y medioambiental», evitando la «parcelación de identidades» y con el consejo de considerar a «las profesiones como lugar de dichos derechos».

Los derechos humanos están en un momento crucial por el momento geopolítico que se vive, según la UNESCO (Imagen: E&J)

Una asociación en defensa de las profesiones

Hay que recordar que Unión Profesional se ha convertido en la asociación que aúna a las profesiones colegiadas en España, creada en 1980 con la vocación de defender los intereses comunes de las profesiones y la consecución coordinada de las funciones del interés social. UP abarca los sectores jurídico, económico, sanitario, social, científico, docentes, arquitectura e ingenierías.

Como consecuencia de este carácter interdisciplinar se configura como interlocutor y foro de reflexión, debate, opinión de todas las cuestiones relacionadas con los colegios profesionales y sus estructuras, y el ejercicio de las profesiones.

Está integrada actualmente por 34 Consejos Generales y Superiores y Colegios profesionales de ámbito nacional que, juntos, aglutinan más de 1200 colegios y delegaciones territoriales y 1.500.000 profesionales colegiados en territorio español.

Unión Profesional es fruto del compromiso de las profesiones con el impulso y defensa de la cultura y los valores profesionales en la sociedad. Por ello, promueve la consideración de los colegios profesionales como garantía institucional de la buena práctica profesional establecida en el artículo 36 de la Constitución Española, una Constitución que acaba de celebrar su 45 aniversario.

La sesión se estructuró a partir de dos mesas redondas moderadas por Francisco Javier Ansuátegui, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Instituto de Derechos Humanos ‘Gregorio Pedes-Barba’, que buscó en sus intervenciones hacer balance de estos setenta y cinco años transcurridos y puso sobre la mesa la evolución de los derechos humanos, tanto desde la percepción en la esfera pública como a partir de los riesgos inherentes al actual escenario globalizado.

En la otra mesa, titulada ‘Derechos Humanos. Retos ante una realidad transformadora’, la representante de ACNUR en España, Sophie Müller, calificaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un «conjunto de herramientas para defender los derechos de los más vulnerables, entre los que se encuentran los 114 millones de personas desplazadas de manera forzosa». Algo que apoyó María Jesús Herrera, jefa de Misión de la Oficina Internacional de Migraciones (OIM), para quien se trata de una «responsabilidad compartida».

Por su parte, Pedro López, exmiembro de la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos, declaraba que «estamos lejos de conseguir un mundo en paz», por lo que la revisión de esta Declaración en nuestro tiempo supone un «balance poco positivo». Además, López recomendó a los asistentes la posibilidad de «volver a reflexionar sobre los elementos que reflejen la naturaleza humana».

Para Javier Bustamante-Donas, catedrático de Filosofía Moral de la Universidad Complutense de Madrid, la realidad que vivimos es fundamentalmente dinámica, por lo que es necesario fijarse en la «relación de la ética materializada en los derechos humanos y la ciencia y la tecnología propias de nuestro tiempo». Bustamante-Donas considera que «la tecnología es fuerte como herramienta y lo es también cuando propone metáforas de la realidad».