La abogacía institucional quiere participar en las inspecciones que organice el CGPJ de los órganos judiciales

Abogados y jueces quieren romper el tradicional hielo que ha presidido sus relaciones profesionales en los últimos años. La falta de abogados en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha espoleado al nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, que ve necesario que haya una relación más intensa entre estos dos órganos de gestión de dos operadores jurídicos claves en el sector.

A lo largo de la mañana de este jueves, 19 de diciembre, en la sede del CGPJ se ha producido una reunión institucional entre ambos colectivos. Hay que recordar que la anterior presidenta de la abogacía institucional, Victoria Ortega, firmó en su día un convenio con el CGPJ, pero al estar en funciones y con su crisis de nombramiento esto ha impedido que se haya puesto en marcha.

Desde ambas instituciones se explica a Economist & Jurist que al ser dos Consejos nuevos, de reciente creación cada uno de ellos, es más factible que se produzca el deshielo entre colectivos y se abra a una nueva etapa de más colaboración para mejorar el funcionamiento de la Justicia.

Por parte de la abogacía institucional, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha estado acompañado de los consejeros Ángel Cervantes, presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ); Jesús Sánchez, director de la Oficina de Relaciones Institucionales; y Federico Fernández, adjunto al presidente del Consejo y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Por parte del Poder Judicial, han participado en el encuentro los miembros de su Comisión de Asuntos Institucionales, los vocales Luis Martín Contreras, Inés María Herreros, Lucía Avilés, José Antonio Montero, presidente de esta comisión y el también vocal, José Carlos Orga, así como la vicesecretaria general del CGPJ, Isabel de Rada.

Durante la reunión, además del espíritu de avanzar conjuntamente por parte de ambas instituciones renovadas recientemente, también se han abordado asuntos concretos, como la posibilidad de articular mecanismos para que la abogacía participe en la inspección de los órganos y tribunales.

Abogados e inspecciones de juzgados

Salvador González, presidente del CGAE, cree necesaria una mayor relación entre jueces y abogados: “En unos tiempos como los que vivimos, es fundamental contar con una relación directa y fluida, porque los temas que se avecinan como el cambio de modelo de Justicia o la Ley de Justicia Gratuita, mas la implementación de la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, son claves para modernizar la Administración de Justicia y para poder realizar nuestro trabajo como abogados defendiendo la tutela judicial efectiva de nuestros representados”.

Para Ángel Cervantes, en declaraciones a Economist & Jurist, “es lógico que podamos tener una actuación mas intensa en estas inspecciones porque realmente somos uno de los usuarios de los tribunales y podemos indicar al servicio de inspección correspondiente si realmente ese órgano judicial está funcionando bien o si hay problemas. Esto lo sabemos los propios abogados”.

Salvador González e Isabel Perelló. (Imagen: Abogacía Española)

Este letrado también indica que “al amparo del mencionado convenio que suscribió Ortega, se ha creado una Comisión de Seguimiento que supervise todas las actuaciones que vamos a poner en marcha. Unos y otros nos hemos emplazado a mantener un nuevo encuentro el próximo 30 de enero para seguir avanzando. En esa fecha tendremos un orden del día claro”, apunta.

Desde esta iniciativa, tanto Cervantes como el resto de integrantes de la abogacía institucional a esta reunión es consciente de que “a raíz de este tipo de problemas, subyace la necesidad de desarrollar el amparo colegial, un protocolo que viene incluido en la nueva Ley Orgánica del Derecho a la Defensa para ayudar a aquellos colegiados que tengan problemas en los juzgados. Es importante que mejore la relación jueces y abogados”.

En este día de hoy, la abogacía institucional está con el ojo puesto en el Congreso de los Diputados, porque a partir de las 14.00h se debatirá y votara la futura Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que modifica la organización de los tribunales hacia los tribunales de instancia e introduce los MASC, métodos alternativos de solución de controversias, como elemento previo a las demandas civiles, entre otras cuestiones.

Es evidente que este cambio organizacional que se avecina en la Justicia —y que el propio secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, explicaba a este medio en la gala de DD. HH. de la Fundación del CGAE— “se hará de forma gradual en tres etapas y que contamos con financiación suficiente, sobre todo de Europa para que sea una realidad en el medio plazo», expresa Cervantes.

A juicio de nuestro interlocutor, “la receptividad ha sido buena, hemos ofrecido la máxima colaboración de los órganos colegiales en este sentido y han propuesto establecer cauces estables para que este tipo de comunicaciones sean lo más eficaces posibles, de forma que surtan el efecto deseado antes de que los problemas en determinados juzgados se hayan enquistado”.

Además de lo expuesto, el presidente González ha subrayado en esta reunión de trabajo la importancia de que el Consejo General del Poder Judicial participe también en la elaboración de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que aunque apenas ha dado sus primeros pasos, debería tramitarse a lo largo de 2025. “Es una Ley necesaria, porque la anterior es del 1996 y hay que actualizar el marco normativo del Turno de Oficio y mejorar claramente sus honorarios”, comenta Cervantes.

En este contexto y según ha podido saber este diario, cabría la posibilidad de crear un Código de Buenas Prácticas que pudiera ser el marco claro de las relaciones entre jueces y abogados en el futuro. “Nosotros queremos cerrar acuerdos con todas las instituciones. Desde la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia hemos cerrado convenios con el Tribunal Constitucional, con el Ministerio Fiscal, así como con el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pendiente de firmar. Somos conscientes de que la voz de la abogacía debe oírse y tenerse en cuenta siempre que haya un tema relevante de por medio”, opina Cervantes.

Por lo que ha podido saber Economist & Jurist, tras concluir el referido encuentro entre ambos operadores jurídicos, González ha tenido la oportunidad de conversar unos minutos con la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, a quien ha trasladado la buena sintonía entre ambos equipos de trabajo. “En los tiempos que corren hay que tener un teléfono directo abierto entre ambos colectivos, por lo que pueda pasar. Los dos Consejos somos nuevos y queremos hacer muchas cosas ”, aclaran desde el CGAE.