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La abogacía pide más claridad en el lenguaje jurídico

Victoria Ortega reclama un esfuerzo para que el léxico de los juristas sea más sencillo

Victoria Ortega, presidente del Consejo General de la Abogacía (Foto: CGAE)

Andrés Lara

Director de Economist & Jurist




Tiempo de lectura: 3 min

Publicado




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La abogacía pide más claridad en el lenguaje jurídico

Victoria Ortega reclama un esfuerzo para que el léxico de los juristas sea más sencillo

Victoria Ortega, presidente del Consejo General de la Abogacía (Foto: CGAE)



La presidenta el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, ha pedido un esfuerzo para que el lenguaje jurídico sea más sencillo y comprensible. Ortega se manifestó así en el acto de presentación del Diccionario Panhispánico de Español Jurídico a representantes de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), que tuvo lugar en la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

En su intervención, la presidenta del CGAE afirmó que “hacer el lenguaje jurídico másProfesión comprensible y sencillo es un imperativo en una sociedad en la que la transparencia es un valor afianzado”. No obstante, quiso dejar claro que eso no significadesposeer a las sentencias de su armazón jurídico”.



La petición de más claridad en el lenguaje jurídico realizada por la presidenta de la Abogacía española no es algo nuevo. Personas expertas tanto del mundo del Derecho como de otras disciplinas han señalado en diversas ocasiones la necesidad de que el lenguaje usado por la abogacía sea más claro, si bien existe coincidencia a la hora de señalar que debe mantener su esencia y nivel de especialización.

En este sentido, una encuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial pone de manifiesto que el 82% de la población española encuestada subraya que la percepción del ciudadano medio español sobre el lenguaje y los procedimientos producidos por la Justicia son difíciles de comprender.

José Domingo Monforte. (Foto: E&J)



En un artículo publicado en Economist & Jurist, José Domingo Monforte, socio director de Domingo Monforte Abogados Asociados, explicaba que “los abogados escribimos y hablamos primero para disuadir: quitar de la cabeza del juez, del abogado contrario e, incluso de nuestro cliente, las ideas que no encajan con la verdad que defendemos. Y en segundo lugar para persuadir: convencer a todos los que nos escuchan de que nuestros argumentos son los únicos con los que se puede hacer justicia”.

Según Monforte, el estilo jurídico conserva una valiosa herencia del latín lo cual hace que “los textos jurídicos puedan resultar rebuscados y complicados de entender para los profanos en derecho”, algo que, a su juicio, “es el precio que deben pagar para cumplir sus propósitos”. “Para ser efectivos, los escritos de los abogados deben combinar el léxico propio, riguroso y preciso, con un discurso coherente y bien organizado”, señala este abogado.

El año pasado fue publicado el libro El jurista y el reto de un derecho comprensible para todos, una obra dirigida por María Dolores Madrid Cruz, profesora de Derecho de la Universidad Complutense, y que cuenta con las colaboraciones de varios profesores de Derecho.

El libro “trata de mostrar la importancia de conciliar la adquisición en las aulas de la ‘expresión del derecho’ por parte de los estudiantes y facilitada por los docentes y la comunicación clara y comprensible de lo aprendido cuando ya son profesionales del derecho en su relación con la ciudadanía”, según la descripción de la obra realizada por la editorial (Reus). Según este texto, “ello resulta imprescindible para asegurar el cumplimiento de los derechos de ésta, su acceso igualitario a las instituciones judiciales y la más fácil comprensión del contenido de los actos jurídicos”. Esto generará “una mayor confianza en los operadores jurídicos y en la Administración de Justicia y, en último término, un afianzamiento del sistema democrático”.

Beatriz Sanjurjo. (Foto: Universidad Nebrija)

En el prólogo de esta obra se habla del derecho a entender el Derecho, y se destaca que “el lenguaje puede convertirse en una herramienta de discriminación y exclusión cuando no es comprensible, cuando no se centra en las necesidades de comunicación de la persona”.

Otra aportación a este debate viene de Beatriz Sanjurjo, abogada y académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En una entrada del blog de su despacho señala que “en nuestro trabajo es preciso el desarrollo de una argumentación sustantiva y procesal adecuada, donde se combinen el conocimiento de la legalidad, la jurisprudencia aplicable al caso, con la búsqueda de la solución más idónea a la defensa legal de los intereses encomendados por nuestros clientes; todo ello, conjugado con el más idóneo uso del lenguaje”.

Según explica esta abogada, “nuestra forma de expresión será jurídica siempre; pero deberá ser sencilla cuando nos dirigimos a un particular lego en Derecho; y, por el contrario, absolutamente profesional y técnica en la redacción de informes o en exposiciones ante órganos judiciales en el desarrollo de los procesos entre profesionales técnicos en Derecho”.

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