La abogacía reclama ser sujeto activo en la transformación del modelo de justicia que el Ministerio propone

De forma pionera, el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), a través del Instituto I+DRET, el Observatorio para la transición a la Ciberjusticia y el departamento de Formación, ha analizado a lo largo de este jueves y viernes el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

En el transcurso de este evento, Victoria Ortega, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha manifestado su satisfacción por la reciente aprobación de este Real Decreto-ley, y ha solicitado que la abogacía esté presente en esta transformación digital de la Administración de Justicia.

“Si queremos avanzar hacia una justicia de calidad, debemos saber gestionarla entre todos. Es por eso que la Abogacía ha solicitado –y esperamos poder conseguirlo– participar en todas las mesas que existan para seguir desarrollando esta transformación digital, que será fundamental si entre todos y todas sabemos hacerlo bien”, ha señalado.

El objetivo del ICAB con la celebración de esta Jornada ha sido abordar los principales cambios normativos que el RDL 6/2023 desarrolla; entre estos aspectos, la adaptación del servicio de Justicia al marco tecnológico y digital actual, a fin de garantizar el derecho de ciudadanos y profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos.

La jornada ha recibido más de 3.000 inscripciones y ha sido seguida, en el momento más álgido, por más de 2.300 personas, de las cuales más de 2.000 lo han hecho de forma online y cerca de 300 de forma presencial en el Salón de Actos del ICAB.

Por su parte, el decano de la abogacía barcelonesa, Jesús M. Sánchez, ha destacado que «el derecho es el mejor instrumento para garantizar el derecho de defensa de las personas». «Los colegios profesionales, con la aprobación del RDL 6/2023, estamos obligados a poner a disposición de las personas colegiadas los conocimientos digitales para optimizar el uso eficiente de la ofimática, o de las relaciones telemáticas con el sistema judicial”, ha declarado.

El decano de la abogacía barcelonesa también ha hecho énfasis en que se está ante un cambio de paradigma y que por eso es necesario disponer de un verdadero modelo de justicia adaptado a la digitalización.

Éxito de asistencia presencial y ‘online’ de la jornada, con cerca de 3.000 profesionales.

Ha valorado positivamente el RDL 6/2023, porque se presenta como una herramienta que busca fomentar y facilitar la participación online de los ciudadanos en los procedimientos judiciales, simplificando la comunicación con la Administración de Justicia, reconociendo la importancia de obtener resoluciones judiciales en tiempo adecuado, e impulsa el uso de la tecnología en el trámite del expediente judicial electrónico.

“Si tuviera que pedir un solo deseo para la justicia en 2024, sería consolidar la implementación del nuevo modelo de justicia digital en España, avanzar en la eficiencia y accesibilidad de la Administración de Justicia, y lograr una justicia más eficiente, medible, fiable y cercana”, ha concluido.

Intervinieron tanto Ortega como Sánchez, al igual que Cristina Lorenzo, en representación de la dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, y Iolanda M. Aguilar, secretaria para la Administración de Justicia del departamento de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat de Cataluña.

Cristina Lorenzo, en representación de la dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, ha señalado que el RDL 6/2013 es una norma que contiene muchos aspectos pioneros en Europa, y ha destacado que permitirá construir puentes entre las diferentes herramientas que existen para promover la digitalización de justicia y al mismo tiempo potencia la gobernanza en materia de ciberseguridad.

«Situamos al ciudadano como centro del servicio público de la Justicia y como principal beneficiario de toda la actividad y el conjunto de servicios y aplicaciones tecnológicas que las administraciones competentes ponen al servicio de la Administración de la Justicia», ha indicado Iolanda M. Aguilar Juncosa, secretaria para la Administración de Justicia del departamento de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat de Cataluña.

Mesa redonda sobre las reformas de la ley de Enjuiciamiento civil, presentada por Joaquin de Miquel, diputado ICAB, en primer término. (Imagen: ICAB)

Cinco mesas redondas de debate

Estas jornadas se han estructurado en cinco mesas redondas, que han servido para abordar los principales cambios procesales que el RDL 6/2023 comporta a nivel jurídico y especialmente en relación al expediente judicial electrónico, la carpeta justicia, las reformas de la Ley de Enjuiciamiento civil (LEC), las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), de la ley reguladora de la Jurisdicción Social, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y los aspectos a tener en cuenta para garantizar el proceso judicial en los actos telemáticos.

En la primera mesa, el catedrático de derecho procesal de la Universidad de Barcelona (UB) y director del Observatorio para la transición a la Ciberjusticia, Vicente Pérez, ha hecho una síntesis de las principales novedades del RDL 6/2023. Ha destacado los aspectos relativos a la digitalización de la Justicia y los riesgos que pueden producirse por delegar en un organismo administrativo su aplicación al proceso judicial y la incidencia en derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la tutela judicial efectiva.

También ha expuesto las reformas procesales que se han realizado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), reiterando la crítica de que la LEC no establece las reglas generales de aplicación de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y la comunicación al proceso judicial.

En la mesa sobre el expediente judicial electrónico y carpeta justicia, presentada por Encarna Orduna, decana del Colegio de la Abogacía de Reus y en la que han intervenido Benigno Villarejo, decano del Colegio de la Abogacía de Gijón y presidente de la Subcomisión de Justicia Digital del CGAE; Miguel Hermosa, decano del Colegio de la Abogacía de Palencia; Cristina Lorenzo y Iolanda M. Aguilar, se ha expuesto el grado de digitalización de la justicia en Cataluña y los retos que presenta.

Y se ha destacado la necesidad de implantar y poder acceder de forma ágil al expediente judicial electrónico en todo el territorio. «Esta reforma, con las enmiendas necesarias para velar por nuestras competencias en justicia y por la idiosincrasia de la justicia catalana, es necesaria para mejorar la administración de justicia», consideran desde el Departamento de Justicia.

Mesa sobre reformas procesales y acceso telemático, con Tiziana Di Ciommo, presidenta de la Sección de Derecho Procesal del ICAB. (Imagen: ICAB)

La reforma de la LEC, clave

Por su parte, el secretario de la Junta de Gobierno del ICAB, Joaquim de Miquel, ha presentado la tercera mesa, que ha versado sobre la reforma de la LEC desde el punto de vista de la Fiscalía. En ella ha intervenido Guillermo Ormazabal, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Gerona; Ignacio Fernández de Senespleda, magistrado; Cristina Vallejo, coordinadora de Formación del ICAB; y Neus Pujal, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Barcelona, bajo la moderación de María Jesús Pesqueira, directora del Instituto I+Dret del ICAB.

En esta mesa se ha destacado, en primer término, la técnica legislativa empleada y su amplio margen de mejora, tratando un posible uso indiscriminado del Real Decreto cuando se trata de regular nueva normativa que afecta derechos fundamentales como es la tutela judicial efectiva. En este sentido, se ha apuntado que requeriría una reflexión y un análisis profundo.

Asimismo, el monitorio se equipara a lo que ya rige en el ámbito europeo y el juicio por desahucio –aunque no sufre modificaciones sustanciales– y obligará a la revisión de los escritos procesales. En el orden penal, la opinión de la Fiscalía tranquiliza a los abogados porque la reforma acometida será llevada a cabo con carácter excepcional en relación con las actuaciones telemáticas.

La mesa de análisis sobre las reformas de la LECrim, de la ley reguladora de la Jurisdicción Social, y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ha sido presentada por Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, y ha contado con la participación de Cristina Ferrando, decana de los Juzgados de Barcelona, y de los abogados Jorge Navarro;  Alejandro Jiménez y Emma Gumbert, todos ellos moderados por Carlos García, diputado de la Junta de Gobierno del ICAB.

En el transcurso de ésta se ha subrayado que a pesar del buen propósito del RDL 6/2023, el redactado de la norma podría haber sido mejor. Además, se ha destacado «el adiós al papel» y que el expediente administrativo solo pueda ser electrónico.

También consideran que las modificaciones de la Ley reguladora de la jurisdicción social son insuficientes para alcanzar el objetivo de dinamizar plazos, introducir elementos de economía procesal o acelerar resoluciones.

La conclusión de este debate es que es necesaria una reforma de mayor importancia y reflexión para encaminarse a la eficiencia procesal que garantice la tutela judicial efectiva.

Por su parte, el diputado de la Junta de Gobierno del ICAB Frederic Munné ha presentado la última mesa de la Jornada, que ha versado sobre los actos procesales telemáticos y garantías del proceso. La sesión, moderada por Tiziana Di Ciommo, presidenta de la Sección de Derecho Procesal del ICAB, ha contado con las reflexiones del magistrado Ignacio González; del profesor Titular de Derecho Procesal UPN, Manuel Richard; y del catedrático de Derecho Procesal de la UB, Jaume Alonso-Cuevillas.

Los participantes han puesto de manifiesto que la digitalización de la Justicia y la celebración de actos jurisdiccionales telemáticos acercan a una sociedad más moderna y eficiente, pero que es necesario garantizar el respeto a las garantías procesales y a la inmediación judicial en la celebración de juicios, en especial cuando se practiquen pruebas personales.