La AF reclama la derogación del artículo 324 de la LECrim

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, ha reclamado hoy al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la Fiscalía impulse la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

La presidenta de la AF, Cristina Dexeus Ferrer, le ha hecho este llamamiento en una reunión mantenida esta mañana en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la que, ante posibles reformas de dicho artículo que impone plazos para la investigación de los delitos, ha advertido que «toda regulación que implique una mayor limitación de tales plazos, sólo conllevará mayores espacios de impunidad en la lucha contra delitos graves y complejos, como aquellos de carácter económico cometidos a través de organizaciones de todo tipo, contra la salud pública, terrorismo, corrupción e incluso delitos contra la libertad sexual», según ha informado a Economist & Jurist.

La AF señala que el fiscal general es «perfecto conocedor de la problemática señalada y defensor, en su momento, de la derogación de dicho precepto».

En la reunión, Dexeus ha planteado las reivindicaciones de la asociación, entre las que también está la modificación del «insatisfactorio» modelo de productividad, para que supere las notables diferencias entre fiscales, como ocurre en el modelo propuesto por la AF.

Respecto a la justicia digital, reclama la determinación de las aplicaciones informáticas, que deben ser ágiles, y que han de facilitar la labor del fiscal y estar diseñadas por y para quienes deben operar con ellas.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reunido con la presidenta de la AF, Cristina Dexeus (a la derecha). (Imagen: FGE)

También reivindica la creación de un servicio de prevención de riesgos laborales propio del Ministerio Fiscal, autonomía presupuestaria y un plan en el que se determine la carga de trabajo «razonable y proporcional» para asegurar la salud de los fiscales, que atienda al listado propio, así como  la determinación de las enfermedades laborales de los fiscales, y que este plan se tome en consideración para la determinación de las plantillas y a efectos de la productividad.

Asimismo, la AF ha señalado el «defectuoso» funcionamiento del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), tanto en formación continua como inicial, y ha exigido que la formación de los fiscales sea dirigida por fiscales.

También considera necesario que se potencie el conocimiento en materias troncales para los fiscales de acceso y se destine el tiempo necesario a la formación de todas las materias, también de las especialidades.

Además, reclama la agilización de los trámites para el acceso a los cursos y la superación del modelo de formación online.

Centro de Estudios Jurídicos (Foto: X)

Por otra parte, exige una inmediata mejora de la cuantía aplicada a dietas, que considera «insuficiente», y que, según informa, se mantiene inalterada desde 2005. La AF ha ofrecido distintas opciones para ello.

Por otra parte, Dexeus ha destacado que la Fiscalía General del Estado debe oponerse a la figura de fiscales en expectativa de destino. En este sentido, señala que las plazas en expectativa de destino se consagran como habituales en las últimas promociones, y afirma que debe volverse a la asignación de plazas en propiedad.

La Asociación de Fiscales también reclama que se impulse un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), en el que se regule el estatuto del fiscal general del Estado; un reforzamiento del Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de la carrera; la autonomía presupuestaria y de gestión de la Fiscalía; fórmulas de disentimiento frente a órdenes de superiores jerárquicos; y un régimen disciplinario sin intervención del Ministerio de Justicia.

El fiscal general del Estado, según explica Dexeus, se ha mostrado abierto a trabajar en estas materias, «de forma particularizada», y la AF le tiende la mano «en todo aquello que resulte beneficioso para la Carrera y la Administración de Justicia».