La AN confirma multas por un total de 28 millones de euros a cinco empresas por el cártel de la leche

La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que en julio de 2019 concluyó que ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel cuya conducta ilícita consistía en intercambiar información comercial sensible para coordinar la compra de leche entre 2000 y 2013.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) ha desestimado los recursos interpuestos por cinco de estas empresas y ha confirmado la multa de 8,5 millones de euros impuesta a Calidad Pascual; de 53.310 euros a Central Lechera Galicia; de 11,6 millones al Grupo Lactalis Iberia; de 6,8 millones a Nestlé y de 929.644 euros a Schreiber Food España.

Sin embargo, ha estimado parcialmente los recursos de las otras cuatro empresas, Comercial Alimentaria Peñasanta, Danone, Industrias Lácteas Granada (Puleva), y la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga). En el caso de las tres primeras, al entender que algunos de los periodos investigados están prescritos, por lo que ordena a la CNMC que vuelva a calcular. En cuanto a la Asociación de Empresas lácteas de Galicia confirma que participó en el cártel, pero anula la multa por falta de motivación.

Las sanciones son por infracción muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007 y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE en materia de competencia cometida por las empresas investigadas entre los años 2000 y 2013. El total de las multas de la CNMC se elevaba a 80,6 millones de euros.

La AN considera acreditada la existencia de intercambios de información sobre precios y otras condiciones comerciales entre empresas competidoras del sector lácteo, contactos sobre precios y otras condiciones comerciales por parte de estas mercantiles relevantes en el sector lácteo, a través de las dos asociaciones investigadas, las más representativas del sector.

También los contactos sobre ganaderos con el fin de informar o acordar estrategias, así como los intercambios de información sobre excedentes de leche para la gestión de los mismos.

Los magistrados explican que la prueba analizada pone de manifiesto que a lo largo del periodo infractor, las empresas, mediante el intercambio de información, redujeron el nivel de incertidumbre entre ellas, con la consiguiente disminución de la competencia y del poder de negociación de los ganaderos, con el fin de controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca, lo que configura la infracción única y continuada, al margen de que no todas las empresas hayan participado en todas las conductas.

La AN analiza las actuaciones atribuidas a cada una de las empresas y concluye que se ha acreditado un cártel configurado como una infracción única y continuada que englobaría prácticas de intercambio de información comercial sensible que podrían haberse materializado en determinados momentos en acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado.

En relación con las multas confirmadas, rechaza el argumento de los recurrentes de que son arbitrarias. La Audiencia Nacional subraya que están motivadas  y no resultan desproporcionadas, ya que están por debajo de la media del tipo sancionador máximo, con un porcentaje que se ajusta a las circunstancias particulares de los intervinientes.

Las sentencias, dictadas a 12, 13 y 14 de febrero, todavía no son firmes. Contra las mismas cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.